ACUERDAN ESTRATEGIAS PARA
COMBATIR VIOLENCIA DOMÉSTICA
· Magistradas, diputadas, ministras y representantes en entidades públicas.
· Conforman Comisión interinstitucional para construcción de texto sustitutivo de artículos derogados por Sala Constitucional.
· Víctimas de violencia contará con representación legal y asistencia psicológica durante todo el proceso.
· Impulsan campaña para difundir que Ley no se derogó.
Andrea Marín Mena
Periodista
Acciones concretas contra la violencia doméstica fueron las que aprobaron esta mañana mujeres funcionarias públicas que ocupan puestos decisorios, durante una reunión que sostuvieron en el Poder Judicial el pasado 23 de octubre.
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Entidades públicas emprenderán acciones conjuntas para contrarrestar violencia doméstica. |
Magistradas de la Corte Suprema, diputadas, ministras de Seguridad Pública y de la Condición Mujer, Defensora de los Habitantes, representantes del Sector Salud y la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial acordaron siete primeras acciones de índole técnico-jurídico e ideológico dentro de las estrategias conjuntas a seguir, para cimentar acciones conjuntas entre los entes del Estado que están directamente relacionados con la condición de la mujer y contrarrestar los efectos que podrían tener la anulación de dos artículos de la nueva Ley de Penalización de la Violencia Doméstica.
Esta iniciativa estuvo a cargo de la magistrada de la Sala Segunda y coodinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial Zarella Villanueva Monge.
La conformación de una Comisión Interinstitucional asumirá la responsabilidad de construir un texto sustitutivo de los dos artículos derogados por la Sala Constitucional. Este órgano estará integrado por funcionarias de la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública y la Asamblea Legislativa.
Las diputadas de los diversos partidos políticos se comprometieron a impulsar el proyecto de reforma y procurar que su trámite se efectúe de forma expedita.
Todas las instituciones se comprometieron a lanzar una campaña de divulgación para aclarar a la ciudadanía que la ley no fue derogada y que en el caso de la anulación del artículo 22 que sancionaba el maltrato, subsiste la protección de los delitos de lesiones leves que establece el Código Penal, con la finalidad de que no se desestimule la denuncia de los casos de violencia doméstica.
Uno de los requisitos fundamentales que se concordaron en la reunión es que todas las víctimas de violencia intrafamiliar cuenten con representación legal y asistencia psicológica durante todo el proceso.
El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) tendrá la responsabilidad de convocar a mujeres de diversos grupos y organizaciones de la sociedad civil para que manifiesten su posición sobre la necesidad de contar con un texto sustitutivo de los artículos derogados de la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer y su posición ante dicha decisión constitucional.
Para el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, las representantes de estas instituciones se comprometieron a asistir a la marcha organizada por el INAMU en el Parque Nacional y la Asamblea Legislativa, que servirá de foro para el análisis de la derogatoria y sustitución de los artículos.
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Autoridades de Seguridad Pública, INAMU y magistradas de las Salas de la Corte también participaron. |
Además, por unanimidad se acordó que el programa de Seguridad Ciudadana debe contemplar el combate de la violencia contra las mujeres porque es parte de ese fenómeno, pues de lo contrario se invisibiliza esta problemática y dejaría de lado que éste es un problema de derechos humanos y de salud pública.
“Unidas pretendemos buscar en todos los ámbitos, estrategias políticas para denunciar y combatir los intentos de un sector social de desvirtuar los efectos de esta ley tan importante y además construir estrategias jurídicas para presentar una reforma a la legislación con la colaboración de todos los entes involucrados en el tema mujer”, puntualizó la magistrada Villanueva Monge.
A la cita acudieron las magistradas, Zarella Villanueva, María Alexandra Bogantes, Julia Varela, Magda Pereira, Ana Virginia Calzada y Anabelle León; así como diputadas de las diversas fracciones legislativas, la Ministra de Seguridad Pública, Janina del Vecchio, la Defensora de los Habitantes, Lizbeth Quesada, la Ministra de la Condición de la Mujer, Jeannete Carrillo y la coordinadora de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, Jeanette Arias, entre otras.
Acciones inmediatas
Durante la reunión se destacó las acciones coordinadas que empredieron todas las entidades del Estado en menos de 24 horas de que se diera a conocer la resolución constitucional de anular dos artículos de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer.
“El Consejo Superior dictó una circular dirigida a todos los jueces y juezas penales del país, estableciendo su obligación que de poner en libertar a los agresores deberán remitir la información sobre localización del domicilio y trabajo de las víctimas tanto al Ministerio de Seguridad Pública como al de Justicia para coordinar la protección de estas mujeres. Además se estaría solicitando a la Fiscalía General que la Oficina de Atención a la Víctima emprenda acciones en procura de la debida protección de las mujeres en dicha situación”, explicó la magistrada Zarella Villanueva.
Se coordinó con el persona de Trabajo Social y Psicología para que brinden un acompañamiento de orientación a las víctimas y ya se trabaja en nuevas alternativas para el abordaje de estas situaciones que permitan a las mujeres continuar hasta el final con los procesos judiciales contra la violencia doméstica.
También destacó la directriz que tomó la Fiscalía General de continuar los casos en investigación por violencia doméstica y hacer uso de otras normas del Código Penal.
“El respeto de los derechos humanos es para todos, tanto hombres como mujeres”, afirmó Zarella Villanueva.
Trabajo apenas inicia
Contar con la sentencia completa de la Sala Constitucional sobre esta legislación será el punto de partida para iniciar con la construcción de una propuesta de reforma de ley.
Se tendría la asesoría de todos los entes reunidos para buscar una mejor redacción a las normas anuladas.
De acuerdo con Jeanette Carrillo, Ministra de la Condición de la Mujer, el tema de la defensa de los derechos humanos, es también un tema de seguridad ciudadana, en momentos en que el 71% de los casos que se tramitaron con la vigencia de la citada ley utilizaban como base los dos artículos derogados.
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Elaboración de reforma de ley contaría con el aporte y asesoría de todos los entes involucrados en el tema de la mujer. |
“Este tema se debe abordar con prioridad y las acciones que empredieron el Poder Judicial, el Minsiterio de Justicia, Adaptación Social y Seguridad Pública ante la situación de peligro de muchas mujeres demuestra que se puede trabajar coordinamente en el tema”, manifestó Carrillo.
La magistrada María Alexandra Bogantes externó la necesidad de que las autoridades de seguridad pública a través de programas como el de comunidades organizadas contra el hampa introduzcan el tema entre estos grupos comunales y los sensibilicen sobre cómo actuar frente una situación de violencia.
La Defensora de los Habitantes, Lizbeth Quesada, indicó la importancia de brindarle a las mujeres que viven dentro del círculo de la violencia una efectiva intervención en crisis, cuya atención repercutirá en el resultado final de cada caso. Además de propiciar el acompañamiento legal que pueda explicar a la mujer todo lo que necesita sobre las leyes existente en la materia.
La magistrada Villanueva también hizo alusión a la necesidad de desarrollar nuevas estratégicas de investigación en los casos de violencia doméstica para evitar que se dependa únicamente del testimonio de las víctimas, pues en muchos de los casos las denuncias se desestiman por falta de pruebas.
De igual manera, generar procesos novedosos de atención para el trabajo de orientación que los y las trabajadoras sociales y psicólogas deben brindar a estas mujeres.