Poder Judicial; justificación de un presupuesto
insuficiente que debemos proteger
Una de las funciones básicas y esenciales de todo Estado moderno consiste, indiscutiblemente, en tratar de administrar justicia o, al menos, organizar de la manera más conveniente, igualitaria, transparente, eficiente y racional, todo lo concerniente con la justicia. Esta función, digna como lo es y ha sido desde la antigua Grecia, hoy día se muestra desalentadora debido a las constantes penurias que debemos pasar, a lo interno del Poder Judicial, cuando de presupuesto y asignación de recursos de trata.
Es claro que el problema
presupuestario toca a todas las instituciones del Estado, donde el norte y
finalidad esencial deben ser, sin lugar a dudas, racionalizar el gasto público
y propiciar un ambiente de paz, seguridad y tranquilidad entre los ciudadanos.
Esto último es lo que proyectamos y
contemplamos dentro de nuestros planes anuales estratégicos en el Poder
Judicial, pero siempre se encuentra supeditado a un pobre y casi fugaz
presupuesto asignado.
En los último años, el alto costo de
la vida, traducido en un promedio porcentual superior al 10% anual, ha jugado
una mala pasada, por lo que se ha tenido que solicitar un reducido incremento
sobre ese mínimo constitucional. Todo ello, dirigido en el camino del
sacrificio institucional en mejora del servicio que se presta.
Relevante es destacar que la función
esencial del Poder Judicial, en cuanto administrar una adecuada justicia, es la
prestación de un óptimo servicio público dirigido a satisfacer la demanda de
todos los habitantes de nuestro país. No obstante, este servicio público
resulta poco valorado en términos generales y de ahí, muchas veces, su
menosprecio.
Año tras año debemos defender y justificar un deficiente presupuesto,
que apenas alcanza, con gran sacrificio, para tratar de brindar ese servicio a
nuestra población; lo cual se traduce en paz social, seguridad ciudadana e
imagen internacional, en cuanto al cumplimiento de requerimientos mínimos de
protección de derechos humanos.
No es fácil administrar un poder del
Estado y, mucho menos, cuando su presupuesto es tan débil que apenas llega a
cubrir los gastos mínimos. Tratar de traducir esto en beneficio general y
adecuado servicio público al usuario, resulta muy difícil. Lamentable es pensar
que si no se aprueba en forma inmediata una reforma a la Ley de Tránsito, por
parte de la Asamblea Legislativa, no será posible mantener cerca de ochenta
puestos en los diferentes Juzgados de Tránsito, donde se deberán eliminar
plazas de jueces y auxiliares judiciales que se venían desempeñando en esta
jurisdicción.
El proyecto de presupuesto del Poder
Judicial, el cual se confeccionó con la ayuda de los diferentes despachos y
oficinas en todo el país, donde se brindó una participación directa a todos los
involucrados. Estos últimos dirigieron, por medio de los diferentes Consejos de
Administración, sus propuestas ante el Consejo Superior del Poder Judicial
-encargado de confeccionar en forma preliminar el presupuesto- para coadyuvar
en la conformación final del proyecto que se envió ante Corte Plena. En este
órgano decisor, se tomaron en cuenta las propuestas de instancias inferiores y
se verificó la redacción final.
Este proyecto de presupuesto se
encuentra muy alejado de lo que desearíamos y, sin temor a equivocarnos, podría
dar al traste con los buenos resultados que se plasman en el último informe (N°
9) del Estado para la Nación, al decir que en el Poder Judicial “hubo progresos
en cuanto a independencia judicial y acceso ciudadano a la justicia” (página
300).
Reducir el presupuesto del Poder Judicial dirige, irremediablemente, a adelantar traumáticas situaciones que se presentarán para el año 2005 en el Poder Judicial y que se proyectarán, con alarmante gravedad, en nuestra sociedad, como lo serían: i) materias de mayor impacto social, como lo son, violencia doméstica, pensiones alimentarias, laboral, familia y penal juvenil, verían imposibilitado su crecimiento y eficiencia, pues se limita la creación de nuevos despachos judiciales, así como el refuerzo, en los ya establecidos, de nuevas plazas de juez (a) y auxiliares judiciales; ii) el proyecto de Subcontralorías se vería seriamente afectado, cuando es el medio por el cual el usuario encausa sus quejas ante posibles retardos en la administración de justicia; iii) los órganos auxiliares de la administración de justicia, como lo son, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, sufrirían un evidente efecto negativo ante la posible reducción del presupuesto, pues se limitaría la creación de nuevas plazas y oficinas, y más grave aún, en el caso del O.I.J. se limitaría, la adquisición de los materiales químicos y demás que se utilizan en la realización de peritajes, así como la modernización de equipos -caso de renovación de la flotilla de vehículos oficiales (patrullas), pistolas, municiones y esposas- que se ponen al servicio de las investigaciones criminales. Lo anterior conduciría a un incremento de la impunidad y lenta reacción del Poder Judicial, con el consecuente descenso de una adecuada respuesta institucional en la pronta y adecuada resolución de los casos judiciales.
El panorama se torna difícil y complicado, lo que se pretende por parte del Poder Judicial es decirle a la ciudadanía que el presupuesto que se ha enviado al Ministerio de Hacienda es respuesta del sentir, racional y moderado, acerca de las necesidades absolutamente básicas para la aceptable administración de justicia.
No pretendemos un Poder Judicial sobrado en recursos económicos -aunque no debemos negar que sí lo quisiéramos-, sino que, al menos, se nos brinde la posibilidad de mirar de frente al usuario y explicarle lo difícil de ampliar o modernizar muchos de los campos donde se tratan materias de alto impacto social donde la respuesta no es la más adecuada. Pero no, como podría ser el resultado al disminuir nuestro actual proyecto de presupuesto, de bajar la cabeza ante las múltiples reclamaciones de esos mismos usuarios, y aceptar, con un profundo y vergonzoso silencio, una culpa que no nos corresponde.