PRESUPUESTO DEL PODER
JUDICIAL
U OBSTACULOS A LA
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
Presidente
Asociación Costarricense de la
Judicatura(ACOJUD)
El artículo 41 de la Constitución Política de la
Republica de Costa Rica dispone como función del Poder Judicial costarricense
lograr que las y los habitantes de nuestro país encuentren reparación para las
injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses
morales, y que debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en
estricta conformidad con las leyes. Para el cumplimiento del anterior precepto
constitucional se le debe asignar al Poder Judicial los recursos suficiente
para el cumplimiento de este mandato.
Para la Asociación de Jueces que agrupa al 95% de las y los jueces del Poder Judicial y que participamos en el proceso de elaboración del Presupuesto del Poder Judicial consideramos que el Presupuesto presentado al señor Ministro de Hacienda por el señor Magistrado Presidente Doctor Luis Paulino Mora Mora, para el 2005, se apega a los requerimientos de austeridad y restricciones solicitados por el Gobierno de la República. El crecimiento que contiene no es suficiente para cumplir las exigencias que la sociedad civil y el aumento del circulante en los despachos judiciales le imponen al Poder Judicial.
Realizar recortes al presupuesto limitado del Poder Judicial sin estudios o sin la existencia de un diagnostico de la labor del Poder Judicial, en forma improvisada y subjetiva perjudicaría el servicio de justicia, y el precepto constitucional de justicia pronta y cumplida; además representaría una conducta contradictoria a la política de CERO TOLERANCIA a la corrupción que tiene el Poder Ejecutivo y respalda el Legislativo.
No
debemos olvidar que en el ámbito americano el Poder Judicial costarricense goza
de enorme prestigio y credibilidad, así lo determino la última Calificación de
Riesgos y Encuestas de Percepción Pública sobre los Sistemas de Justicia,
publicada en la Revista del Centro de Estudios de Justicia de las
Américas(CEJA), año 3 número 6, en el que se indica que solo en cuatro países
los poderes judiciales registraron un incremento en la confianza ciudadana,
Costa Rica, que aparece como el país de América Latina donde los ciudadanos
tienen mayor confianza en el sistema de justicia, paso de 36.9% en 1996 a 48.8%
en 2002, ubicándolo en el primer lugar en el ámbito latinoamericano. A pesar de
lo anterior el Poder Judicial costarricense viene a menos en cuanto a la
competitividad, entendida como el conjunto de factores que influyen en la
capacidad para producir un servicio de calidad. El poder judicial costarricense ha venido experimentando un
creciente empeoramiento en la percepción de su desempeño en cuanto a la
lentitud de los procesos y el retraso judicial, lo cual se produce por la
limitación de recursos que se le asignan y los recortes presupuestarios sin
parámetros objetivos que justifiquen esos recortes.
Costa
Rica debe mantener y mejorar el acceso a la justicia, para que efectivamente
sea para todas y todos los habitantes de nuestro país; en consecuencia, la
aprobación del Presupuesto del Poder Judicial conforme a lo solicitado, resulta
una necesidad impostergable. Instamos a
los actores políticos y sociales a la defensa del Presupuesto del Poder
Judicial.