>>NACIONALESSan José, Costa Rica, Lunes 6 de octubre de 2008

• Según criterio de magistrados Mora y Chinchilla

Diputados deben definir forma y tipo de acceso a la información en proyecto

Aarón Sequeira
asequeira@prensalibre.co.cr

Carlos Chinchilla, magistrado de la Sala III, dijo que es necesaria una normativa avanzada en cuanto al desarrollo de la sociedad y las tecnologías de la información.

En la propuesta de ley de transparencia y acceso a la información, los diputados de la Comisión de Narcotráfico, que analiza el expediente, deberían definir cuál información específica se incluye, y de qué forma se permitirá su manejo.

Este fue el criterio de los magistrados de la Corte Suprema Luis Paulino Mora y Carlos Chinchilla, quienes comparecieron ante la Comisión, con el fin de señalar los puntos mejorables dentro de la iniciativa.

Ambos coincidieron en que hay puntos mejorables, dada la importancia que atraviesa a una legislación de este tipo para nuestro país.

Chinchilla, quien es magistrado de la Sala III Penal, adujo que se ve la necesidad de una normativa de avanzada, la cual es complementaria a muchos otros proyectos que se encuentran en la corriente legislativa.

“Hay que incorporar todo el desarrollo entre la idea institucional de la sociedad de la información y la comunicación, y la utilización de las tecnologías de la información”, apuntó el funcionario.

Apuntó que como marco inicial es buena, pero que contiene asuntos mejorables.

Entre esos puntos, el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, que se debe analizar, en cuanto a la administración de la justicia, lo que puede incidir en la cantidad de información que al momento el Poder Judicial ha puesto a disposición de los ciudadanos sobre la tramitación judicial, pues en su opinión no se debería restringir.

Agregó que no se debe restringir el acceso a la información de algunas empresas, pero que “se debe regular aquella información sensible de los ciudadanos que no debería estar trascendiendo al público”.

Cuál sí, cuál no

Marvin Rojas, de Acción Ciudadana, aseguró que deben tomar en cuenta el criterio de los magistrados, en cuanto a que debe quedar claro cuál información se puede dar y cuál no, y que de esta forma debe estar en la ley.

Por otra parte, apuntó que se debe aclarar cuáles son las empresas privadas que venden o trasiegan información privada a otros, pues muchas veces es cuestionable la forma en que la consiguen.

“El expediente debe indicar regulaciones y controles en caso de que este conocimiento se obtenga por medios ilícitos, por ejemplo información jurídica proveniente del Poder Judicial y la de salud, obtenida de la Caja Costarricense de Seguro Social”, explicó el legislador.

Expuso que debe quedar muy claro qué tipo de información es obligatorio para el Estado dar a quien lo solicite, dejando por aparte los secretos de Estado.

Rojas indicó que la Comisión debe poner atención a las observaciones de los magistrados.

Recordó el caso de la investigación sobre George Nayor, en la cual la Superintendencia General de Entidades Financieras rehusó dar información sobre el movimiento de capitales en el país.

Finalizó con que se deben conocer los movimientos de las instituciones del Estado, en pro de la transparencia en la función pública.