SALA CONSTITUCIONAL

SALA CONSTITUCIONAL

TRAS REFORMA URGENTE

· La elevada demanda de justicia constitucional muestran que se está a las puertas de una crisis si no existen cambios estructurales de la legislación.

· Modificaciones deben respetar las garantías que sobre el acceso tiene establecidas la actual Ley de la Jurisdicción Constitucional.

· Sala Constitucional reflejo del Estado disfuncional existente y la necesidad del ciudadano de defender sus derechos fundamentales.

Andrea Marín Mena

Periodista

La amenaza de colapso que sigue muy de cerca el trabajo de la Sala Constitucional, refleja la urgencia por impulsar una reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional y en la actualidad ya se analizan tres propuestas a lo interno del Poder Judicial.

La cifra de asuntos entrados a la Sala en el último año alcanzó los 16 951 expedientes, de los cuales el 91,5% correspondieron a recursos de amparo, seguidos por los hábeas corpus con un 6,8%, el 1,5% le corresponde a las acciones de inconstitucional y un 2% de otros asuntos.

La creación de Tribunales de Garantía Constitucional en Recursos de Hábeas Corpus y Amparos, la instalación de cámaras en las cuales se distribuyan los magistrados propietarios y el incremento del número de magistrados constitucionales son las que se perfilan con fuerza dentro de los planteamientos que analizan los magistrados constitucionales en aras de crear una propuesta final.

“Yo no diría que el asunto se trata de disminuir casos, yo creo que esto se trata de ordenar los temas y poder ver la posibilidad de tener más tribunales para así dar mayor calidad de resoluciones a los ciudadanos que acudan a la Sala Constitucional”, indicó la Presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada Miranda.

Indicó que la propuesta que viene sosteniendo desde hace bastante tiempo es la creación de tribunales de recursos de amparo y hábeas corpus, pues la realidad del Tribunal Constitucional visualiza la necesidad de crear nuevas instancias que manejen dichos asuntos, a diferencia de la propuesta de la división en cámaras que lo único que lograría a su criterio es que tres magistrados conozcan la mitad de los asuntos. Para Calzada esto solo lograría una división del trabajo que, al final, en el tema de las consultas y acciones de constitucionalidad se tendrían que resolver en el pleno de la Sala para que se pueda ejercer la función constitucional.

“Lo que se trataría es crear tribunales que tengan mayor cantidad de tiempo para dar un mejor servicio de calidad, que puedan examinar los casos y que tengan la posibilidad a su vez de ejecutar las sentencias que es un tema muy importante para nosotros”, explicó Calzada Miranda.

Para la presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, la realidad del Tribunal Constitucional visualiza la necesidad de crear nuevas instancias que manejen los asuntos sobre recursos de amparo y hábeas corpus.

La propuesta plantearía el establecimiento de tres o cuatro tribunales conformados por administradores de justicia con categoría de juez de casación penal, centralizados en San José y que asumirían únicamente la resolución de los recursos de hábeas corpus y amparo porque están estrechamente relacionados con derechos humanos; además no cabría la consulta en el pleno de la Sala.

“Sería un tribunal que decide igual que decidimos nosotros ahora, independientes de la Sala y nosotros estaríamos resolviendo lo que tiene que ver con las cuestiones de constitucional, que son muchas y que no podemos dedicarles el tiempo que requieren”, dijo la magistrada Ana Virginia Calzada.

Las acciones de constitucionalidad, las consultas legislativas facultativas o preceptivas, las consultas judiciales facultativas o preceptivas, los conflictos de competencia se mantendrían bajo la tutela del Sala Constitucional.

Los magistrados Ana Virginia Calzada y Ernesto Jinesta trabajan desde hace tiempo en darle forma a esta propuesta que cuente con la validación de las autoridades judiciales y pueda presentarse ante la Asamblea Legislativa.

Dentro de la propuesta también se analiza la posibilidad de formar despachos con jueces de ejecución de sentencias constitucionales.

“Eso podría servir para que las personas que no cumplen con las resoluciones de la Sala se vean obligadas a hacerlo. También hemos pensado en establecer otra serie de controles de tipo personal contra aquellos funcionarios públicos que no obedezcan una sentencia. Si una persona no cumple una sentencia que da un tribunal constitucional se le seguirían un proceso y se le impondrá una multa administrativa”, afirmó la Presidenta de la Sala Constitucional.

Visiones

El tema de la reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional es recurrente en el país. La más reciente discusión se dio en el marco de las IX Jornadas de Derecho Constitucional que organizó la Sala Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Centro de Estudios y Formación Constitucional Centroamericana (CEFCCA) los días 10, 11 y 12 de setiembre.

Durante la mesa redonda sobre las reformas a la Ley de la Jurisdicción, los magistrados de la Sala Constitucional Adrián Vargas y Ernesto Jinesta participaron como panelistas sobre esta temática.

Los magistrados Adrián Vargras y Ernesto Jinesta externaron sus criterios durante la mesa redonda que sobre las reformas a la Ley de la Jurisdicción Constitucional que se desarrolló en el marco de las IX Jornadas Constitucionales en setiembre.

El magistrado Vargas expresó su criterio sobre la posibilidad de que la Sala se convirtiera en un Tribunal Constitucional fuera del Poder Judicial garantizando su independencia presupuestaria.

Indicó que apoya la tesis de que el Tribunal este organizado en tres cámaras, que requeriría la ampliación de siete a nueve magistrados propietarios, repartidos en grupos de tres en cada cámara, para la atención de los recursos de amparo y hábeas corpus.

Consideró que la propuesta de crear tribunales de garantías podría resultar una solución onerosa, frente a una redistribución del trabajo en estos recursos.

Por su parte, el magistrado Ernesto Jinesta a título personal destacó que la crisis que enfrenta la Sala Constitucional es producto de la excesiva carga de trabajo reflejo de la conciencia ciudadana sobre los derechos fundamentales y la cultura de los funcionarios, a quienes no ha calado el mensaje de la Sala.

Jinesta enfatizó en la necesidad de establecer criterios claros de admisibilidad, pues esta etapa consume mucho tiempo de análisis, además de una regulación más estricta de la legitimación sobre quienes pueden interponer un recurso, lo cual generaría un impacto directo sobre el índice de asuntos que se atienden.

En el tema de las consultas legislativas, consideró que deberían incorporarse requisitos más rigurosos a la hora de solicitar esta consulta para que se deje de utilizar como política dilatoria, con un mayor número de firmas para su solicitud.

Ambos magistrados coincidieron en que no es apropiada que el Tribunal Constitucional se mantenga dentro del Pode Judicial y así se procure su independencia.

Consultado sobre el tema, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora Mora indicó que cualquier reforma que se presenten en la corriente legislativa debe respetar las garantías que sobre el acceso tiene establecidas la ley, pues la modificación que se requiere no debe disminuir garantías ciudadanas.

“La constitución de Tribunales de Garantías que se entiendan, también en única instancia, como lo hace actualmente la Sala, de los recursos de amparo y habeas corpus, me parece una buena solución al problema. Para ello tomo en consideración la alta cantidad de sentencias dictadas por la Sala, que pueden servir de orientación a esos tribunales”, puntualizó Mora Mora.

Realidad en cifras

Con 174 casos votados finalizó en 1989 la Sala Constitucional su primer año de funciones, hoy casi 20 años después esta cifra se multiplica en porcentajes excesivos hasta alcanzar en el 2007, 17 109 asuntos fallados.

Para este año 2008, el panorama se torna agotador. En el inicio del primer trimestre se registraba un circulante de 1772 expedientes y una entrada de 5248 casos nuevos. Los casos terminados durante este período contabilizaron 4 413.

Sin embargo estos primeros tres meses del año terminaron con un circulante de 2605 expedientes, es decir, 833 expedientes más en solo tres meses, pese al trabajo resolutivo de los magistrados.

“La reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional es una necesidad que debe satisfacerse en el menor tiempo posible, pues la alta demanda de justicia en esta materia no puede ser debidamente atendida con la estructura que la Ley de la Jurisdicción Constitucional le fija en la actualidad”, afirmó el Presidente de La Corte, Luis Paulino Mora.

Para la magistrada Ana Virginia Calzada, la experiencia de estos casi 20 años de trabajo demandan una reforma, que no deje de lado la actual legitimación abierta pues eso podría retroceder la accesibilidad que los ciudadanos han tenido a un tribunal constitucional y de derechos humanos como lo ha sido la Sala.

“Cuando un Estado es disfuncional eso se refleja inmediatamente en la Sala Constitucional. Si las otras dependencias y órganos del Estado, el propio Poder Judicial, si los tribunales estuvieran dando a los ciudadanos el resultado rápido y eficaz, no muchas veces dándole la razón, pero resolviendo con rapidez, la Sala Constitucional no estaría así”, indicó Calzada Mirada.

Un claro ejemplo son los casos de salud, según la presidenta de la Sala existe actualmente un ingreso de por lo menos 10 asuntos diarios en esta materia que no requerirían una respuesta de la Sala, si las instituciones involucradas las atendieran debidamente.

Es claro que la reforma es urgente, sin embargo el camino no será fácil pues la última decisión está en manos de los legisladores, no obstante la presidenta de la Sala señaló que las estadísticas actuales hablan por sí solas sobre las razones obvias para una reforma a la ley de jurisdicción constitucional.

“Tenemos un pueblo que nos está pidiendo resultados, que se cumplan las sentencias y a mi me parece que los señores diputados y diputadas como representantes del pueblo tienen que oír la voz del pueblo. Si el Tribunal Constitucional que ha sido casi un instrumento que han tenido los ciudadanos para poder resguardar sus derechos fundamentales, puede verse colapsado por una falta de reforma, mal haríamos si politizamos esto y no pensamos en que aquí lo que está en juego son los derechos fundamentales de toda la población de este país”, manifestó Calzada Miranda.

Para la magistrada, con la creación de la Sala se puso en primer lugar la Constitución Política, por tratarse de un conjunto de normas que representan la voluntad popular y que es el reflejo de lo que la sociedad quieren para el país de ahí que “todos los funcionarios públicos estamos obligados a ver cual es la voluntad del pueblo a través de las normas que hay en la Constitución y esa es la enseñanza que hemos aprendido todos los costarricenses en estos últimos 20 años”.