PREMIO FRANCISCO CHAVERRI RODRÍGUEZ

2008

 

 

 

Ex Fiscal Adjunto Jorge Chavarría Guzmán

Premio Mario Chaverri Rodríguez 2008,

XXXIII  Aniversario del Ministerio Público, Costa Rica

 

 

 

Es para mí un honor recibir en esta tarde el premio Francisco Chaverri Rodríguez  y agradezco al honorable Consejo Fiscal y a su presidente, el Dr. Francisco D´Allanese Ruiz por el acuerdo en el que se me ha designado como merecedor de tal galardón.

Existen momentos en la vida de un hombre, tales como el que vivimos en esta hora, que se filtran directo a ese mundo interior, invariable pese al pasar de los años, que conocemos como conciencia. Desde ese punto interior de mí existencia quiero hacer extensivo este reconocimiento a los compañeros fiscales, policías  y asistentes que a mí lado participaron en los diferentes casos y funciones que desempeñé. Para ellos mi profundo respeto y agradecimiento.

En especial quiero agradecer también a los Doctores Fernando Cruz Castro, José María Tijerino Pacheco, Eduardo Araya, Carlos Arias Núñez, Francisco D´Allanese Ruiz y Jorge Segura Román, por el riesgo que asumieron al otorgarme su apoyo y confianza desde la Fiscalía General de la República y con quienes compartí  momentos de muy distinto talante, pero sobre todo momentos de un profundo amor por Costa Rica y su institucionalidad.  

El mismo amor que me enseñaron Jorge y Nora, mis padres, que forjaron el suyo en las confrontaciones de la guerra civil de 1948  y quienes inscribieron en mí corazón el deber absoluto de respeto al ser humano y a su dignidad,  e indujeron en mí espíritu el compromiso con el deber ciudadano de participar, desde cualquier posición que ocupara en la vida, en la construcción cotidiana de la democracia, la libertad, la paz, la solidaridad y la justicia, como los valores más preciados de este país.

Tales valores fueron asumidos además de mis padres por la gran mayoría de los costarricenses, luego de la confrontación. Convirtiéndonos todos, tanto los de su generación, cualquiera fuese su signo político, como los de nuestras generaciones de post-guerra, en constructores de un país que optó por la democracia como medio para dar atención a las diferentes contradicciones e intereses sociales y  por el fortalecimiento de la justicia sobre el poder militar, el cual se eliminó, permitiéndose el desarrollo de una sólida institucionalidad jurisdiccional.

En este contexto democrático surge el Ministerio Público en 1975, bajo el ala del Poder Judicial, siguiéndose en esto las ideas del jurista argentino Vélez Mariconde, para quien la función judicial comprendía no sólo la jurisdiccional sino también la de la Policía Judicial y la del Ministerio Público. En tal opción del legislador, subyace, por supuesto, la sana intención de apartar prudentemente al órgano acusador del Poder Ejecutivo, siempre tentado a la manipulación política de la acusación, desde su propio seno o llevado por manos ocultas en las sombras, que buscan la impunidad.

Durante la primera década de existencia, sin lugar a dudas, a ese Ministerio Público, se le impregnó de un espíritu distinto al de otros Ministerios Públicos contemporáneos. Digo se le impregnó porque realmente era el espíritu de sus fiscales. Un grupo de jóvenes llenos de ímpetu y fogosidad mas sobre todo con una clarísima visión de un órgano acusador, objetivo, imparcial pero inclaudicable en el ejercicio de la acción penal frente a la delincuencia no convencional y la corrupción política y pública.

Sobresalen en esa época, sin demérito de los otros que también dieron innumerables luchas,  los jóvenes fiscales Fernando Cruz Castro, luego Fiscal General y Jorge Segura Román, quien ocuparía la plaza de Fiscal General Adjunto. Anecdótico resulta hoy recordar que ambos fueron sancionados disciplinariamente por haber puesto en evidencia, por primera vez en la historia del Poder Judicial, que un tribunal a quem había resuelto una apelación sin haberse molestado siquiera en pedirle al a quo que le enviara las cajas de evidencia. Por supuesto en un delito de corrupción pública.

Si a alguien se le debe el mérito de que la obligación de fundamentar las resoluciones judiciales, como medio para verificar la corrección y legitimidad del razonamiento judicial se convirtiera en una realidad en este país, fue a Don Fernando Cruz, quien por supuesto, con el carácter que lleva puesto, luego de la sanción recibida, nos dio orden a todos los fiscales de que reclamáramos, en todas las resoluciones, el vicio de falta de fundamentación. Pero no se quedó allí. Abrió la fiscalía anticorrupción dentro de la Fiscalía General, órgano que luego evolucionó a la actual Fiscalía Especializada. Desde ese entonces hasta la fecha, nuestro Ministerio Público ha mantenido una política sostenida de persecución ante  la corrupción. Se explica entonces, porque don Fernando todavía tiene tantos problemas.

Otros jóvenes fiscales que sobresalen en la época son Eduardo Araya y José María Tijerino, quienes posteriormente asumieron la Fiscalía General. A Don Eduardo se le debe la apertura de la Fiscalía de Narcotráfico y a Don José María, la fundación de lo que luego serían la Fiscalía de Delitos Ecológicos y la Fiscalía de Casación.

Es importante mencionar que Don José María Tijerino dedicó gran parte de su periodo como Fiscal General a luchar por la independencia del Ministerio Público, una idea que todavía reaparece de vez en cuando.

Finalmente  dos jóvenes fiscales que sobresalen también en esta breve historia del Ministerio Público son Carlos Arias Núñez, a quien le correspondió asumir el duro tránsito del antiguo Ministerio Público al actual y Francisco D´Allanese, que también se desempeño como juez y a quien le ha tocado la dura tarea de enfrentar la criminalidad organizada y el abordaje de nuevas modalidades de corrupción política.

Junto a todos ellos y con el mismo espíritu, me correspondió atender diferentes casos que resultaron finalmente emblemáticos por diferentes motivos. Tales casos no fueron sin  embargo para mí los más importantes, lo fueron todos los que atendí en mí vida profesional, pues todas las víctimas sin excepción  merecieron siempre mí respeto y dedicación. Además de los casos mencionados me correspondió hacer el diseño de la actual estructura Ministerio Público, divido en Fiscalías Especializadas, incluyendo la de Trámite Rápido, por  Encargo de la Comisión Auxiliar de la Comisión de Asuntos Penales, la cual se encontraba a cargo también, de uno de aquellos jóvenes fiscales, el actual Magistrado  Don José Manuel Arroyo. Me toco entre otras cosas, teorizar un poco e implementar la dirección y control de la investigación por parte del fiscal.  Pero no es eso lo que me interesa decir, lo que quiero señalar es que, tanto en los casos como en todos los cargos que ocupé, siempre dí mi mejor esfuerzo porque amo a este Ministerio Público y a este país.

 

Sin duda alguna, el actual Ministerio Público enfrenta grandes y mayores retos, por eso ese espíritu que lo impregnó inicialmente debe fortalecerse crecer y hacerse grande con él.

            Creo firmemente que nuestro Ministerio Público se encuentra entre los mejores en America Latina, continente en el que el Ministerio Público es la única alternativa frente a la bota militar.  Allí donde fracasa el Ministerio Público finalmente  termina el ejército en la calle. Por eso se requiere de un fortalecimiento institucional en toda la región pues, frente a las demandas de resolución de los diversos tipos de conflictos sociales sean generados estos por la delincuencia común o por el Crimen Organizado y su efectiva y aceptable solución por los órganos jurisdiccionales, esta el fiscal. Si el fiscal fracasa, fracasa todo el sistema.

En nuestro país, las cándidas expresiones de que con leyes más represivas se resuelven los problemas de la criminalidad, deben dar paso a un análisis sereno de adaptación de las herramientas de investigación a las nuevas formas de comisión de los delitos y de actuación de las organizaciones y redes criminales. No es lo mismo investigar un delito, que investigar un grupo o red criminal. Por supuesto, estas adaptaciones no deben implicar nunca un debilitamiento de las garantías constitucionales y procesales, ni una renuncia al principio del bien jurídico tutelado, pero tampoco, en su interpretación debe fantasearse a partir de realidades que no son las del costarricense, restringiendo los razonables y racionales modos de garantizar una investigación penal objetiva.

Finalmente, quiero agradecer a mí familia, a mis suegros y a mí esposa, que pasan por momentos difíciles, y, porque seguro estoy de que no afecto su autoestima por señalarlo de último, a Dios, que me esforzó para no temer ni desmayar.       

Señor Fiscal General de la República, señoras y señores Fiscales Adjuntos,  señoras y señores fiscales, recuerden que aunque un juez pueda palidecer frente al nombre escrito en la carátula de un expediente, pronto recobrará el rubor de sus mejillas si tiene al frente a un fiscal bien preparado, firme y valiente.