En el XXXIII  Aniversario del Ministerio Público

de Costa Rica

 

 

 

 

Dr. Cándido Conde-Pumpido Tourón,

Fiscal General del Estado, Reino de España y

Presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)

 

 

Como Presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, de la que la Fiscalía de Costa Rica  constituye un miembro relevante, representa para mí una enorme satisfacción participar en esta ceremonia de aniversario de la creación del Ministerio Público costarricense. Constituye  además un honor añadido  visitar por primera vez este hermoso   país símbolo de la Paz, Democracia y naturaleza, como Fiscal General del Estado del Reino España, y disponer del privilegio de hablar ante este foro, oportunidad que agradezco muy sinceramente al Fiscal General, mi querido amigo y firme soporte de la AIAMP, D  Franciso Dall’ Anese Ruiz.

Con mi presencia, como Presidente de la AIAMP, deseo que sientan ustedes que  están presentes en este evento las 21 Fiscalías iberoamericanas conmemorando un día especial para el Ministerio Público de Costa Rica precisamente una de las Fiscalias que se muestra más entusiasta y que ha cooperado de manera más eficaz y entusiasta en nuestras actividades asociativas

Me gustaría  recordar que nuestra Asociación reúne en este momento a los 21 países de habla española y portuguesa del ámbito iberoamericano y que se ha marcado como objetivo de estrechar los vínculos de cooperación, solidaridad y enriquecimiento profesional recíprocos entre los Ministerios Públicos de los  países miembros, así como el diseño y desarrollo de estrategias comunes para enfrentar los problemas fundamentales de la institución, como condición indispensable para la efectiva tutela de los derechos de las personas y para la vigencia de los principios e instituciones del Estado de Derecho.

 

Relevancia del nuevo rol de los Ministerios Públicos

 

Conmemorar este aniversario es celebrar el trabajo de una de las instituciones claves del Poder Judicial, los Ministerios Públicos, que se han convertido en un elemento esencial en el funcionamiento de los Estados democráticos. Las Fiscalías como servicios públicos dedicados a velar por la legalidad, con el objeto de mejorar los derechos, la libertad y la seguridad de los ciudadanos constituyen  un autentico garante  del respeto del Derecho de las sociedades a las que sirven.

En estos últimos 25 años los sistemas de Justicia Iberoamericanos han experimentado cambios sustanciales que ponen especialmente de manifiesto en el ámbito del procedimiento penal.  El eje de estas reformas ha sido, sin duda alguna la sustitución del procedimiento escrito e inquisitivo por el modelo  oral y acusatorio y precisamente en este giro la figura sobre la recae mayor responsabilidad, es el Ministerio Público.

Las Fiscalías han asumido así nuevas responsabilidades y se han convertido en el impulsor del proceso penal y al ser los Fiscales los responsables de la persecución penal cada vez recaen sobre ellos  más expectativas sociales como la reducción de los índices de criminalidad y la lucha eficaz contra la delincuencia organizada. Es evidente que nuestras instituciones deben estar en condiciones de responder a estos retos. Por ello necesitamos Ministerios Públicos con capacidad de respuesta.

En definitiva el trabajo de un Ministerio Fiscal sólido, esencialmente concebido como defensor del ordenamiento jurídico frente a la agresión del delito, capaz de combatir los fenómenos criminales que ponen en riesgo la organización social y la estructura económica del Estado constituye, por sí misma, el instrumento más eficaz para la  consolidación de las instituciones democráticas porque generan seguridad, libertad y justicia.

Pero estos objetivos no son fáciles. Para alcanzarlos  es imprescindible fomentar determinados modelos de Fiscalías. Fiscalias bien organizadas, dotadas de medios necesarios, que dispongan de profesionales suficientes y bien capacitados, responsables de su actuación, ajenos a condicionantes externos y protegidos frente a injerencias injustificadas de los poderes públicos y de los grupos de presión.

Contribuir a consolidar estos modelos de Fiscalias que pongan en práctica los ideales de Justicia, libertad y seguridad con la única herramienta del Derecho es el objetivo de nuestra asociación

De las conclusiones reafirmadas por todos los Fiscales Iberoamericanos en nuestra XVI Asamblea, desearía hoy incidir especialmente en dos:  primero la necesidad de hacer frente, con carácter esencial y prioritario a la delincuencia organizada y segundo el impulso a la cooperación judicial internacional

 

Lucha contra la delincuencia organizada.

 

En el combate contra la delincuencia organizada es preciso reconocer que la capacidad de respuesta de los Ministerios Públicos a los retos de esta sociedad globalizada, sin fronteras y expuesta a la creciente potencialidad de violencia de la criminalidad trasnacional requiere la dotación de medios eficientes y suficientes y no me refiero exclusivamente a medios económicos o materiales, si no sobre todo  a capacidades procesales de actuación, es decir a un buen diseño de la herramienta legal.

La nueva delincuencia requiere instrumentos de investigación adecuados a la realidad del Siglo XXI, instrumentos que, con pleno respeto a los derechos fundamentales, permitan dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia, a la utilización de sofisticadas tecnologías y a la facilidad de movimiento entre fronteras.

Costa Rica tiene ante si el reto de aprobar un proyecto de ley contra la delincuencia organizada que pretende como expresa su Exposición de motivos evitar la “la lucha de un Estado desorganizado contra la criminalidad organizada”. La solución propuesta es una reforma legal muy interesante y de gran calado que abarca cuestiones penales, procesales y organizativas con el objeto de dotar a los poderes públicos, esencialmente a la Administración de Justicia, de todas las herramientas jurídicas y tecnológicas para enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada con el necesario contrapeso que supone el pleno respeto a los derechos fundamentales.

Creo que el Ministerio Público costarricense está dispuesto a la asunción de los nuevos retos y responsabilidades que la reforma prevista les otorga, sé de las expectativas generadas ante la nueva situación y confío que pronto puedan contar con una ley en vigor que contemple todos estos aspectos y entre ellos el reforzamiento de la organización de la Fiscalía.

 

Especialización

 

En efecto una organización adecuada es una de las claves del éxito en el funcionamiento del  Ministerio Público En este sentido y con una idea compartida  con la Fiscalía de  Costa Rica, desearía  resaltar que el factor de especialización ejerce un papel muy relevante en la lucha contra la delincuencia organizada.

Una de las principales necesidades en la lucha contra este tipo de delincuencia se encuentra en la especialización de los operadores jurídicos que se enfrentan al fenómeno. Tanto España como Costa Rica han decidido centrar esta especialización esencialmente en las Fiscalías, de forma que en la organización del Ministerio Público se ha  añadido al criterio de organización territorial un nuevo criterio basado en la especialización. 

La necesidad de especialización responde a la realidad indiscutible de que determinadas modalidades delictivas complejas y, en concreto, todas aquellas que suelen presentarse de forma organizada, requieren un tratamiento específico, precisan una mayor formación de los investigadores y por tanto deben ser objeto de una respuesta diferenciada. Las exigencias de una nueva norma específica para la lucha contra la delincuencia organizada se verán adecuadamente asumidas si se cuenta con profesionales formados y especializados que puedan realizar un seguimiento directo y continuo de estas investigaciones.

 

Cooperación Judicial Internacional

 

El segundo aspecto en el que nuestra Asociación insiste es el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional y especialmente el papel de los Fiscales en esta tarea. Constituye una realidad innegable que la difuminación de fronteras y la globalización nos han situado ante el hecho indiscutible de la internacionalización del delito.

Frente a la facilidad de movimientos de las organizaciones los Estados y sus autoridades judiciales se enfrentan a  obstáculos que  derivan del propio reparto de los poderes internacionales que conlleva la limitación territorial de las jurisdicciones estatales, para lo cual la única solución factible es la colaboración entre autoridades judiciales: el auxilio judicial internacional que permita que las autoridades del Estado extranjero puedan actuar a través de la cooperación de las autoridades con jurisdicción en el lugar donde las diligencias deban practicarse.

Por tanto, la cooperación judicial internacional ha dejado de ser una cuestión episódica o residual en el derecho procesal penal y los instrumentos convencionales que establecen las bases de la nueva cooperación internacional deben afrontar los retos de esta nueva delincuencia.

Uno de estos retos es la obtención de respuestas rápidas evitando la burocratización. La Unión Europea ha optado, con el objeto de evitar dilaciones innecesarias, por prescindir de las autoridades centrales generalizando la comunicación directa entre autoridades judiciales competentes. Es un hecho que esta opción adoptada ya tras los Acuerdos de Aplicación del Convenio de Schengen y reiterada en el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal de la Unión Europea del año 2000 ha obtenido un enorme éxito, pero también debo reconocer que se ha alcanzado en un ámbito de integración política y jurídica que no se da en otras regiones. Sólo deseo dejar apuntada la idea, contrastada por la realidad de que la cooperación mejora cuando se atribuye directamente a las autoridades competentes en la investigación criminal.

Por eso, en el ámbito geográfico americano, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos apuesta por la consideración de los Ministerios Públicos como autoridades centrales a los efectos de la cooperación judicial y así lo hemos recogido reiteradamente en nuestras conclusiones.

En este sentido, es un  motivo añadido de celebración la decisión de atribuir al Ministerio Fiscal la responsabilidad de recibir, ejecutar o canalizar la asistencia judicial reciproca y la cooperación técnica previstas en el ámbito de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada trasnacional. Abogamos porque su consideración como tal se extienda al resto de los Convenios y creo que esta designación debe ser  un ejemplo para aquellas otras  Fiscalías Iberoamericanas que aún no son consideradas como autoridad central.

Estamos convencidos que la atribución de esta  función a los Ministerios Públicos contribuye a agilizar extraordinariamente el intercambio y la ejecución de las comisiones rogatorias y otras solicitudes de auxilio judicial internacional, lo que redunda definitivamente en un incremento notorio de la eficacia en la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional.

Permítanme para finalizar que dirija un elogio especial  a D. Francisco Dall’ Anese, actual responsable de la cúspide de la Fiscalia costarricense, un prestigioso jurista, defensor del Estado de Derecho y reconocido luchador por el respeto a los derechos fundamentales. Les aseguro que la imagen de Costa Rica representada por su  Fiscal General no puede ser más halagüeña.  Quiero expresarle por ello mis mejores deseos profesionales porque su decidido entusiasmo y su trabajo como servidor público al mando de de la Fiscalía constituye una garantía para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia  de Costa Rica e Iberoamericana.

Porque como decía Carlos Fuentes y recordaba ayer la Vicepresidente de Costa Rica yo creo en Iberoamerica y no veo en al Atlántico un abismo sino un puente.