CELEBRACIÓN DEL 33 ANIVERSARIO
DEL MINISTERIO PÚBLICO

Dr. Luis Paulino Mora M.
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Viernes, 19 de setiembre de 2008
Salón Multiuso, Edificio de La Corte
En primer término debo agradecer a todos Ustedes su presencia hoy en este acto en el cual celebramos el treinta y tres aniversario del Ministerio Público. Tengo ya varios años de participar en esta celebración anual y debo confesarles que, año con año, no dejo de sentirme igual de contento que el día en que vimos el surgimiento de esta institución del Estado en la vida jurídica de este país.
Sin embargo aparte de las palabras que tenía preparadas para esta ocasión, quiero que me permitan compartir con Ustedes mis sentimientos frente a un doloroso hecho y una pérdida grande para el Poder Judicial, ocurrida el día de anteayer cuando murió el Ex presidente de la Corte don Ulises Odio Santos.
En este momento debo recordarlo, no sólo por los aportes que dio al Poder Judicial que tanto quiso, sino también porque el tiene mérito suficiente para ser recordado en esta fecha y en esta actividad, pues puso todo su empeño para que el Código de Procedimientos Penales que entró en vigencia en 1975, lo hiciera con las mayores posibilidades de éxito.
Me consta que lucho por la creación del Ministerio Público como una garantía ciudadana que permitiera el ejercicio de la defensa, como ente acusador no existente en la normativa anterior a ese Código. Sé que participó en las deliberaciones para encontrar la persona indicada para ser el primer Jefe del Ministerio Público, don Francisco Chaverri y por darle las herramientas necesarias a la recientemente creada institución para que pudiera desarrollarse debidamente.
Muchas gracias don Ulises por lo que hizo por el Poder Judicial, muchas gracias por sus preocupaciones por el mejoramiento de la administración de justicia, muchas gracias por su esfuerzo para que el Ministerio Público diera sus primeros pasos de tal forma que le permitiera luego crecer en la forma en que lo ha hecho, para beneficio de la justicia penal del país
En efecto, creo que el Poder Judicial y el país en general ha tenido la fortuna de acoger el desarrollo de un órgano encargado de la acción penal pública, que se ha conformado siempre por profesionales de una gran calidad profesional y humana y que han estado concientes del papel clave que su función conlleva para una sociedad realmente democrática.
No crean que es por hacerle propaganda a la disciplina a que me dedico en la actualidad, pero debo señalarles que una de las muchas cosas buenas que tiene el Derecho Constitucional, es que le permite a quienes lo estudian, tomar altura respecto de la perspectiva con la que se ven los fenómenos jurídicos y políticos de una sociedad.
En tal sentido y para aquilatar apropiadamente el valor del Ministerio Público moderno como órgano estatal, resulta útil apuntar que se trata de una institución que tiene sólido fundamento político en el tanto en que forma parte de los más nuevos desarrollos de la teoría de división del poder, la cual ha venido evolucionando y haciéndose más compleja desde aquellas épocas en que fue defendida por Montesquieu e incorporada como elemento fundamental de los regímenes democráticos por parte de los revolucionarios norteamericanos.
Ejemplos de este nuevo y complejo desarrollo del concepto de frenos y contrapesos, lo son por una parte la función de control constitucional que ya puede decirse que tiene derecho de ciudadanía desde la segunda posguerra mundial, y por otra parte, la clara tendencia que se aprecia hacia la equiparación del Ministerio Público -con sus diferentes nombres y variaciones competenciales- como un órgano esencial para la democracia mediante el ejercicio de una relevante parcela de poder que incluye por supuesto importantes funciones de control de la forma en que éste se ejerce por parte de los detentadores del poder.
Los ejemplos sobran y no tenemos ni siquiera que salir de nuestro país para verificar la verdad de esta afirmación. A través de una estructura legal y una práctica respetuosa de la función del órgano requirente, en Costa Rica hemos tenido éxito en lograr que durante todo el tiempo de su existencia, es decir treinta y tres años, el Ministerio Público de nuestro país cumpla a cabalidad con su papel de lograr que el ejercicio de una de las más delicadas y potencialmente peligrosas funciones estatales se lleve a cabo con el respeto de los principios democráticos de justicia e igualdad como norte.
Por eso no debe extrañar a nadie que su protagonismo y presencia se hagan cada vez más sensibles, conforme se hace más compleja nuestra sociedad y aún cuando sería iluso creer que esta complejidad no va a traer nuevas y mayores dificultades para el Ministerio Público, lo cierto es que –en mi criterio- estos últimos años han demostrado que el diseño escogido es el apropiado y funciona, independientemente de que puedan presentarse contrastes particulares y desajustes que haya que mejorar.
En mi concepto esta idea de la adecuación del diseño escogido en su momento para el Ministerio Público costarricense debe servirnos como un bastión clave en estos momentos en donde precisamente las diferentes circunstancias originadas de su participación en casos concretos han puesto a este órgano a moverse en las zonas grises, muy cerca del ámbito político con la indudable presión y desgaste que ello implica. Pero si tenemos claro el rumbo podemos capear los temporales y tormentas que puedan presentarse, distinguir entre lo accidental y lo sustancial, corregir los defectos que se presente así como brindarle el apoyo en aquellos aspectos necesarios para su fortalecimiento de manera que se mantenga como una garantía cada vez mayor para el proceso democratizador de la justicia que, como una constante, debe orientar nuestra actuación como operadores del derecho.
No está en discusión que para esa labor de mejoramiento tenemos una excelente base en el recurso humano que integra el Ministerio Público y la mejor muestra de ello es el reconocimiento que se le hace hoy al fiscal Jorge Chavarría Guzmán quien recibe el premio “Francisco Chaverri 2008”, otorgado por el Consejo Fiscal. Don Jorge, ha demostrado en su carrera profesional, la calidad profesional, el tesón y la constancia de la que son capaces los Fiscales de nuestro Ministerio Público. Se trata sin duda de un ejemplo a seguir y por ello me alegra mucho participar en este reconocimiento a su valía.
Para finalizar quiero dejar expresado –en nombre del Poder Judicial y de Corte Plena- nuestra satisfacción por la manera en que hasta la fecha hemos llevado adelante la relación con el Ministerio Público que el legislador nos encargó en su momento. Pienso que lo hemos hecho bien, tratando siempre de colaborar y siempre respetando también ese ámbito de autonomía funcional que hace valiosa la intervención de la Fiscalía en aquellos momentos en que nos ha correspondido pedir cuentas, en cumplimiento de los poderes-deberes que nos corresponden.
Es indudable que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público hemos salido fortalecidos de esta experiencia compartida y creo que si ambos tenemos claro nuestro papel en desarrollo democrático costarricense, nuestro futuro se presenta tan lleno de beneficios para nuestro país, como lo ha estado en los últimos treinta y tres años.