FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONLA ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA E INCAE BUSINESS SCHOOL

Dr. Luis Paulino Mora Mora

Presidente, Corte Suprema de Justicia

Nos reunimos con ocasión de la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica  y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). Me parece muy significativo que un Instituto de tanto prestigio sea nuestro aliado en el proceso por mejorar la administración de justicia costarricense.  

La firma de este documento tiene como objetivo crear un “Modelo de gestión integral de calidad y acreditación judicial” específico para el sector justicia, una idea sin duda novedosa,  que con la amplia experiencia de INCAE en el campo de la planeación nos garantiza un proyecto con los más altos estándares de calidad para la administración de justicia costarricense.

Una justicia de calidad, es sin lugar a dudas aquella que además de cumplir con indicadores formales, es a la vez sustantiva, es decir, capaz de realizar los principios y valores tutelados en la Constitución y la ley y hacerlos cumplir. Se trata de un servicio público esencial en la democracia, y todos debemos ver estos esfuerzos desde esa óptica, con una mente amplia y con visión de futuro, no como una amenaza para nuestro trabajo, sino como una herramienta más que nos ayude a mejorarlo.

Con la firma de este Convenio iniciamos  un reto importante, que se une a los esfuerzos que el Poder Judicial ha venido realizando por darle un giro a la administración de justicia para ponerla a la altura de las exigencia de una Costa Rica más moderna y también compleja, que crece a pasos agigantados y requiere una justicia que esté a la par del sistema democrático como columna vertebral y soporte y no como obstáculo al desarrollo.

Es importante tener claro que cualquier enfoque de calidad que se establezca, deberá tomar en cuenta los postulados de una justicia democrática, la cual se mide en mucho por la calidad de atención y tutela que pueda dársele a las poblaciones más vulnerables o al más simple de los ciudadanos. Nuestros “clientes”, no son simples consumidores que se puedan ver desde un punto de vista utilitario, son seres humanos con necesidades reales y a ellos se debe el servicio de la justicia.  En ese sentido el diseño o construcción de indicadores de calidad en la gestión judicial, tiene que tomar en cuenta que la eficiencia no es un fin en sí mismo, sino que es sólo posible si va acompañada de valores democráticos tutelados en la Constitución y la ley, que no pueden dejarse de lado cuando se habla de un servicio público de calidad como lo es la justicia. No buscamos entonces una eficiencia bajo estándares de empresa privada, sino por el contrario construir de cero un nuevo modelo de acreditación judicial que tome en cuenta las particularidades del servicio y de la cultura judicial. Con ese objetivo, es que firmamos hoy este importante acuerdo, seguro de que los resultados de esta alianza que hoy formalizamos nos llenaran de satisfacción para el beneficio de nuestro país.