ULISES ODIO SANTOS:
Artífice de la Defensa Pública
Alejandro Rojas Aguilar
Subjefe Defensa Pública
En marzo del año 1967, la Corte Suprema de Justicia, legítimamente preocupada por la calidad de los servicios de asesoría jurídica gratuita que se brindaban en el país a las viudas, personas menores de edad, inhábiles, desvalidas, ausentes y reos sin abogado, designó a los magistrados Fernando Coto Albán y Ulises Odio Santos para realizar un diagnóstico y sugerir las recomendaciones que consideraran oportunas para cambiar dicha situación y mejorar este servicio público.
Luego de un tiempo de estudio del sistema de asesoría jurídica vigente, ambos magistrados concluyeron que “el sistema de honorarios por cada asunto es sumamente caro y puede ofrecer complicaciones”, por lo que recomendaron a la Corte asumir estos servicios de asesoría jurídica por medio de abogados incorporados, como asalariados, al Poder Judicial, quienes brindarían representación únicamente en materia penal, en aquellos lugares en que existieran Juzgados o Alcaldías que tramitaran dicha materia. Sin embargo, en este momento, la Corte optó por mantener el pago mediante el sistema de honorarios.
A pesar de esta decisión, don Ulises y don Fernando continuaron con su iniciativa y, gracias a su insistencia, la Corte Suprema de Justicia aprueba, para el año 1970, la creación de las primeras plazas de defensor público dentro del presupuesto del Poder Judicial (Ley de Presupuesto Ordinario de la República, fiscal y por programas para el ejercicio fiscal de 1970, Nº 4474 de 5 de diciembre de 1969). Así nace la Defensa Pública en donde es indiscutible la valiente y atinada contribución que don Fernando y don Ulises realizaron para que esto fuera posible.
De hecho, hasta donde tenemos conocimiento, no existía dependencia semejante dentro de un Poder Judicial de la región. Se trataba de una solución propia, no copiada, y que reflejaba un alto compromiso de la Corte Suprema de Justicia, particularmente de aquellos magistrados que fueron quienes hicieron tal recomendación, y que reconocieron, sin lugar a dudas, la necesidad imperiosa de asegurar a todos los habitantes de nuestro país, un verdadero acceso a la justicia mediante el patrocinio de una defensa técnica especializada que les garantizara el respeto a sus derechos y garantías fundamentales, así como la defensa de sus intereses.
Han transcurrido casi cuarenta años y podemos decir con orgullo, que aquella idea y este modelo de Institución se convirtió en un ejemplo a seguir en la región. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Bolivia son solo algunos de los países que se han acercado para conocer este modelo y tratar, con éxito o no, de replicarlo en sus países.
Ante la muerte de don Ulises Odio Santos, la Defensa Pública quiere reconocer públicamente a este hombre visionario, comprometido con la administración de justicia de su país y con una alta capacidad para encontrar soluciones propias, haber sido uno de los artífices de nuestra Institución, que, con el transcurrir de los años, se ha consolidado y constituido en un pilar de nuestra Democracia.