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• Ordena Sala Constitucional:
ICE DEBE REVELAR INFORMACIÓN DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO DIQUÍS
MARIETTA ESPINOZA M
mespinoza@diarioextra.com
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) deberá entregar la información sobre el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís a las personas que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto.
Así lo ordenaron los magistrados de la Sala Cuarta al declarar parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por un hombre de apellidos Aguirre Castillo contra el Director del Proyecto Diquís, Franklin Ávila Pérez, quien se negó a brindarle la información sobre el tema.
El fallo establece que el ICE está en la obligación de enviarle al amparado el nombre de las personas que se detectaron dentro del área de influencia del plan hidroeléctrico.
“Se ordena a Franklin Ávila Pérez, o a quien ocupe su cargo como Director del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís del Instituto Costarricense de Electricidad, que dentro del plazo de diez días contando a partir de la notificación de esta sentencia, informe al recurrente, ... Aguirre Castillo, únicamente los nombres de las personas detectadas dentro del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís”, señala el fallo 2008-11743.
Los magistrados corroboraron que las autoridades del ICE dijeron al recurrente que en la zona de afectación directa del proyecto la información recabada hasta la fecha es de tres personas de las cuales solo una es indígena y dos no indígenas.
Además argumentaron que esta información solo les interesa a los ciudadanos que han conversado con las autoridades estatales y no se puede suministrar sin que estos lo autoricen.
No obstante, para los magistrados no existe justificación para negar estos datos a quienes lo pidan.
“Se está en presencia de un asunto de evidente interés público, como lo es el estudio y eventual desarrollo de un proyecto hidroeléctrico por parte del Instituto Costarricense de Electricidad. Lo que no sólo se relaciona directamente con el servicio público que presta dicha institución, sino que, además, puede implicar un importante uso de fondos públicos y un sustancial impacto al medio ambiente”, argumentó la Sala.