Tras voto vinculante de Sala Cuarta

Jueces obligados a fijar pensiones razonables

Magistrados piden establecer cuotas de acuerdo con los medios económicos

Afectados afirman que van a cárcel al no poder pagar sumas desproporcionadas

Carlos Arguedas C. | carguedasc@nacion.com

Los jueces están obligados, a partir de ahora, a establecer pensiones alimentarias valorando las posibilidades económicas del demandado y las necesidades de la actora y de los hijos.

La medida entró en vigencia luego de que la Sala Constitucional, acogió un recurso de hábeas corpus y ordenó liberar al empresario Jonathan Lambert, tras pasar 52 días preso pues no pudo pagar una pensión provisional de ¢2 millones que le fijó el Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Escazú.

El fallo, que consta en el voto 8645 del 21 de mayo del 2008 y que es vinculante, sirvió para que otros detenidos por pensiones también reclamaran por la fijación de lo que ellos consideran son montos desproporcionados en las cuotas provisionales.

Incluso, la misma Sala Cuarta, el 16 de junio pasado, ordenó poner en libertad al peón agrícola Juan Carlos Gutiérrez Blanco, a quien el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Nicoya le impuso una pensión de ¢150.000, a pesar de que Gutiérrez demostró al juzgado que su salario mensual era de ¢70.000.

Actualmente, en las cárceles nacionales hay 113 personas presas por no pagar una pensión.

Deficiencias. La abogada Sara Patricia Arias Soto, quien representó a Jonathan Lambert, dijo que el problema surge porque los jueces siempre establecen el monto provisional con base en lo que pide la demandante o actora.

“Cuando la fijan dan tres días para depositarla y ocho para apelarla. Empero, al cuarto día de ese plazo, si no se ha depositado, pueden dictar una orden de aprensión. Incluso, autorizan allanamientos de oficinas y casas”, afirmó.

En criterio de Arias, los jueces deberían valorar las pruebas que aporten ambas partes y con fundamento en ellas fijar ese monto.

El juez Abel Jiménez Obando, presidente de la Asociación Costarricense de Judicatura, (Acojud), consideró acertada la medida de la Sala Cuarta. “Es sano que los juzgadores fundamenten las razones de hecho y de derecho para establecer la cuota provisional”, dijo.

Arreglo. En el caso de Lambert, logró conciliar con la demandante un rebajo en la pensión provisional a ¢500.000, mientras el juzgado determina el monto final.

Orlando Vargas Aguilar, un ingeniero civil de 55 años y quien actualmente está preso en La Reforma por pensión, dijo que tras una difícil situación económica y para no comprometer a su excompañera y los dos hijos menores, les entregó varias propiedades en San José centro para que se ayudaran.

“Cuando hice eso me puso la pensión por ¢300.000, pero yo no podía pagar. Le había dado todos los bienes a ella. Tengo seis meses de estar preso, salgo el martes. Espero que me dan un mes de gracia para ver cómo hago y, si no, vengo otra vez de nuevo para acá”, dijo.

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Álvaro Vargas (izq.), Orlando Vargas (espalda) y Francis Vokoun dialogaron con la abogada Sara Arias (al fondo) en La Reforma. Ellos están presos tras oponerse al monto de la pensión provisional. Róger Benavides para LN

En carne propia

Tiene los bienes congelados

nombre: José Álvaro Vargas

Profesión: Empresario

Relación: Cuatro meses preso

“Tengo una pensión de ¢1 millón. Tuve un problema económico al tiempo que mi esposa congeló mis propiedades al plantear una ejecución anticipada de bienes. Por eso no pagué. Estoy preso pese a tener con qué pagar. La jueza halló más fácil dictar apremio antes de embargar bienes”.

Entregó casa y le subieron pensión

nombre: Francis Vokoun

edad: 70 años

nacionalidad: Estadounidense

“Soy pensionado y recibo $2.000 mensuales. Tenía una pensión alimentaria de $1.000 y le dejé mi casa en Escazú, pero me subieron la pensión a $2.000 y la jueza puso orden de arresto. No pude pagar. Tengo 4 meses de estar preso. Es duro aquí, huele feo y todos los días un pedazo de pan y luego arroz y frijoles”.