NACIONALESSan José, Costa Rica, Jueves 7 de agosto de 2008
• En Heredia y en parte de AlajuelaSala IV ordena al Gobierno a proteger agua y a recuperar terrenosKrissia Morris Gray
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Las zonas de recarga acuífera deberán ser protegidas por el Gobierno, por eso la Sala IV exige su delimitación, para ello dio como plazo siete meses. |
Los magistrados de la Sala Constitucional ordenaron al Gobierno, representado en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), que proceda a delimitar la zona de dominio público de protección de las aguas que abastecen a la provincia de Heredia y parte de Alajuela, para lo cual dan como plazo de siete meses.
Al mismo tiempo, los magistrados instruyen al Minae a que proceda a la recuperación de los terrenos que son áreas de protección de recarga acuífera que estén en manos privadas o particulares.
Sobre las aguas subterráneas, la Sala señaló que “dada la importancia que tienen, el Estado se encuentra en la obligación de garantizar la protección de las mismas, mediante el uso de las potestades que al efecto le otorga el Ordenamiento Jurídico, ello con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 50 constitucional”, detalló la Sala.
Asimismo, las municipalidades del cantón Central de Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vásquez de Coronado, deberán de elaborar mapas de vulnerabilidad hidrogeológica tal y como lo recomendó la Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara) el año pasado.
En el informe del Senara, denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica” concluye que cada municipalidad deberá incluir dentro de la normativa urbanística de las jurisdicciones para fijar los límites a la para garantizar la protección de los mantos acuíferos.
Los ayuntamientos deberán de inmediato abstenerse de otorgar cualquier tipo de permiso dentro de dichas zonas de protección.
Además, cabe recordar que el año pasado, Senara llamó la atención sobre acciones urgentes que se deben tomar en el Área Metropolitana y Heredia, pues de no frenar o controlar la explotación constructiva, como resultado se dará una disminución importante en el suministro de agua a corto plazo.
Dicha obligación es producto de un recurso de amparo interpuesto por Rafael Varela Montero, presidente de Fuprovirena que fue declaro parcialmente con lugar.
Varela exigía el cumplimiento del decreto 65, aprobado en 1888 —es decir de 120 años atrás— en la administración presidencial de Bernardo Soto Alfaro, en el que se protegía a las zonas de recarga acuífera de Heredia y parte de Alajuela, en los cuales no se podía construir.
Varela interpuso el recurso contra varias entidades públicas, pues alegó que con su actuar fomentan la contaminación y destrucción de las zonas de protección, al instalar redes eléctricas para la construcción privada de chalets, cabañas y hoteles de montaña en las zonas de recarga y reservorio de aguas subterráneas.
Consultado al respecto, Varela indicó a LA PRENSA LIBRE que lo que es el respeto de las zonas de recarga acuífera, a fin de garantizarle a las futuras generaciones el vital líquido, que está en peligro producto a las explotación de construcciones que se ha dado en Heredia y en muchas partes del país.
“Consta que las municipalidades accionadas, han otorgado permisos de construcción en la zona comprendida por el decreto ley número 65, situación que vulnera no solo el deseo que tenía el legislador al momento de promulgar la norma de cita, sino que además violenta lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, en razón de lo expuesto anteriormente. Asimismo, no consta que las Municipalidades recurridas hubieran elaborado e incluido dentro su normativa los mapas hidrogeológicos recomendados por Senara…”, se desprende del voto de la Sala.
José Miguel Zeledón, director de Aguas del Minae, aseguró que no había notificado de la resolución, por lo que estará a la espera de la resolución completa, pues las zonas a las que hace referencia el decreto legislativo 65 tiene que ver con el Parque Nacional Braulio Carrillo el cual está protegido.
Al consultarle sobre la recuperación de los terrenos, recalcó que debe esperar a ver el documento total emitido por la Sala Constitucional.