EMPLEADOS NO ESTÁN OBLIGADOS A ACATAR ÓRDENES DE LOS JEFES

• Municipalidad de Moravia debe pagar ¢24 millones por acosar y despedir trabajadora

Paola Hernández Chavarría
phernandez@diarioextra.com
Fotos: Víctor Benavides

Doña Ingrid Jiménez, demandó a la Municipalidad de Moraviua y ganó. Un fallo de la Sala Segunda confirma que la obediencia de los trabajadores no puede ser ciega.

Ingrid Jiménez Fernández le contó a DIARIO EXTRA que ella tenía cuatro años de trabajar para la Municipalidad de Moravia cuando en el 2002 los superiores jerárquicos comenzaron a acosarla, a cuestionar todas sus funciones, a aislarla en cuanto al espacio físico de trabajo y ofrecerle condiciones mínimas, hasta a desmejorar su situación laboral.

“Era un asunto predecible, el problema comenzó cuando me asignaron la tarea de elaborar un estudio de puestos dentro del municipio. Los resultados causaron malestar pues hubo anomalías en la reclasificación de los cargos de contralor de servicios y contador municipal, así como varias observaciones sobre la improcedencia del pago del plus de dedicación exclusiva de mi jefe inmediato en la Dirección de Planificación Administrativa y Recursos Humanos”.

Esta situación llegó a tal punto, que Jiménez fue despedida a finales de ese año, alegando que era “rebelde”, pues se negaba a acatar órdenes de los jefes y que usaba de forma excesiva el teléfono de la oficina para asuntos personales.

La lucha de esta empleada, madre sola y trabajadora fue larga, en cinco años no consiguió otro trabajo y como si fuera poco esto le impidió acabar su carrera profesional en busca de un mejor futuro.

PELEA EN SEDE JUDICIAL

Su caso lo conocieron los tribunales, ella acudió a la sede judicial con la esperanza de sentar un precedente, y así lo hizo, hoy la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia es clara en afirmar en su sentencia 2008- 000093 que “... la obediencia administrativa no es ni puede ser ciega, porque el primer compromiso es con el bloque de legalidad en su conjunto. Y ello es más cierto cuando está de por medio el manejo de fondos públicos”.

Lo anterior pues la afectada indicó que su negativa a ejercer las órdenes se debió a un asunto de apego a la ley, que las altos jerarca de la entidad municipal pretendían un uso inadecuado de los dineros públicos, así como una selección de personal alejada de los procedimientos establecidos en el manual de puestos.

No acceder a las peticiones de sobresueldos de algunos funcionarios, además de rehusarse al nombramiento de personal sin requisitos en puestos que así los requerían le hizo ganarse el irrespetó y hasta le valió el despido.

“Su cuestionamiento de la legalidad de ciertos actos y su negativa inicial a ejecutarlos fue determinante para que se le irrespetara profesionalmente, se le aislara y se le relegara”, cita la resolución de la Corte.

MAGISTRADOS ORDENARON REGRESARLA A SU CARGO

Sin embargo, el pasado 5 de julio el tortuoso camino de Jiménez llegó a su fin, ella por orden de los magistrados de la Sala Segunda fue restablecida en su puesto, esto tras confirmarse que su conducta había sido la correcta y que nadie por tal situación puede ser víctima de acoso laboral.

Para el Tribunal de Casación Laboral, toda persona al servicio de un órgano o ente público está obligada a obedecer las órdenes particulares, instrucciones o circulares de su superior jerárquico, sea o no inmediato, como lo establece la Ley General de Administración Pública en su artículo 107, esto siempre y cuando no implique la realización de actos evidentemente extraños a su competencia o que sean manifiestamente arbitrarios por constituir delito, según el artículo 108.

“…cuando el acto ordenado sea contrario al ordenamiento jurídico por cualquier otro concepto, es obligación del o de la inferior (…) consignar y enviar por escrito sus objeciones al jerarca, quien tendrá la obligación de acusar recibo”, cita la ley.

Según el fallo, “se corroboró que la funcionaria se limitó a señalar problemas de legalidad en algunas decisiones de sus superiores jerárquicos cuya inexistencia no fue demostrada en esta sede, e incluso su negativa inicial a tramitar el pago por dedicación exclusiva a otro funcionario fueron confirmadas por el propio contador municipal”.

MUNI DEBE PAGAR ¢24 MILLONES

El Alto Tribunal le dio a Jiménez la opción de rechazar de nuevo el puesto y optar por el pago de los extremos de preaviso, auxilio de cesantía y el monto de dos meses de salario por concepto de daños y perjuicios, pero la trabajadora prefirió regresar. Además, estableció que la demandada –en este caso la Municipalidad de Moravia- debe de cancelarle de los salarios dejados de percibir, incluyendo el salario escolar, a partir de la fecha del cese, así como el respectivo rebajo de las cargas sociales, los aguinaldos, las anualidades acumuladas, los aumentos y cualquier plus salarial, suma que según supo DIARIO EXTRA, supera los ¢24 millones.

“No cabe, entonces, la menor duda de que ella fue objeto de un comportamiento abusivo por parte de sus superiores jerárquicos, quienes, de manera sistemática, la fueron colocando en una típica situación de acoso moral y, finalmente, cuando observaron que no iba a dejar su trabajo, decidieron iniciarle el procedimiento disciplinario que ha dado lugar a este asunto”, especificó
el fallo.

EN POCAS PALABRAS

Ingrid Jiménez Fernández

“Fui víctima de acoso laboral por rehusarme a aceptar situaciones anómalas, pero la Sala me dio la razón y cuando están de por medio fondos públicos hay que actuar de acuerdo a la ley”.

“Me mandaron a trabajar al Cementerio de la localidad, me aislaron de los demás compañeros y no había ni siquiera una oficina con las condiciones mínimas. Como no me fui, me despidieron sin derechos patronales”

“Regresé desde el 5 de julio a mi puesto y no crea, ya comenzaron los acosos. Hay gente como el contador, el gerente financiero y otros empleados que me irrespetaron en ese momento, que no aceptan que esté de nuevo aquí. Tuve que marcar la cancha desde el inicio”

“Los que no denuncian el acoso en el trabajo deben dejar de lado el miedo y poner en su lugar a los jefes abusivos. Yo sabía que iba a ganar el juicio, ellos pensaron que me iba a quedar de brazos cruzados, dejándolos tratarme mal”

“Usted no tiene una idea lo que fue mi vida en estos cinco años, tenía que velar por mi familia y no me daban trabajo. Fue terrible y eso no se recupera con nada de dinero que le den a uno. Es un asunto de dignidad”

“Los empleados del sector privado también se benefician de esta resolución, a nadie lo pueden obligar a hacer cosas contrarias a la ley, a la ética y la transparencia”

“Los papelitos hablan, los trabajadores deben de documentar el acoso que sufren y así enfrentar a los empleadores. No tengan miedo, no pueden ser pendejos”

• Cuando son contrarias a la legalidad, según Sala Segunda: