No hay vacuna infalible contra el feminicidio

La ley contra la violencia doméstica es objeto de expectativas desproporcionadas

Álvaro Burgos es catedrático de Derecho Penal y Criminología, UCR, y juez superior penal

Según la nota aparecida en la secciónEl País de La Nación del día domingo 13 de julio del presente año, la señora presidenta del Inamu, Jeannette Carrillo, denuncia un “complot” por parte del Poder Judicial, mediante el cual “las mujeres agredidas lejos de ser ayudadas son intimidadas en dicho órgano, por lo que muchas retiran la denuncia”, gracias a que “los funcionarios desestimulan y meten miedo a las denunciantes”, y señala que “las mujeres quitan las denuncias porque no reciben el acompañamiento integral de trabajadoras sociales, policías y sicólogas para vencer el miedo”.

Efecto de la ley. Primero que todo y antes que nada, hay que señalar categóricamente que no existe una vacuna infalible contra el feminicidio, ni contra ningún otro tipo de delito, por lo que la simple promulgación de una ley, cualquiera que sea la naturaleza de esta, más allá de la pretensión ingenua de la atribución de poderes casi mágicos y milagrosos a la nueva normativa, no implica necesariamente que haya una relación causa-efecto entre la severidad de la sanción aplicable y la disminución de la comisión del ilícito que se pretende castigar –algo que ya ha quedado descartado incluso en países en donde se aplican penas perpetuas o hasta la pena de muerte–.

Un ejemplo vivo de lo anteriormente expuesto es el hecho de que en Costa Rica el número de mujeres muertas supuestamente por sus esposos o compañeros sentimentales haya aumentado pese a la promulgación de la nueva ley que castiga el “feminicidio”.

Ahora bien, considero desafortunadas y simplistas las palabras de la señora presidenta del Inamu, cuando atribuye de una forma falaz a la mala aplicación de la nueva ley el hecho de que “no se hubiesen salvado las 13 mujeres asesinadas este año”, y además resultan absolutamente irrespetuosas e infundadas sus manifestaciones referentes a que, debido a la falta de acompañamiento integral de trabajadoras sociales, policías y sicólogas, las mujeres quitan las denuncias, lo que ella denomina, en una especie de síndrome de persecución esquizofrénico, un “complot” de parte del Poder Judicial.

Me consta de primera mano la calidad, dinamismo y dedicación de los(as) trabajadores(as) sociales, y Psicólogos(as), porque a veces en estos casos a la señora presidenta del Inamu también se le olvida que hay hombres que ejercen excelentemente su labor en dichas áreas del conocimiento del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, quienes día a día intervienen individualmente o en equipos interdisciplinarios en acompañamientos, intervenciones en crisis, peritajes, valoraciones, etc., a cientos de víctimas, no solo de violencia doméstica, sino de delitos sexuales, y de otro tipo de asuntos que así lo requieren, y que representan un grupo valioso de profesionales, que colaboran con los administradores de justicia y con las distintas partes en los respectivos procesos judiciales.

Falsedades. Habría que recordarle a la señora Carrillo, presidenta del Inamu que es falso que haya sido un error judicial el causante de las trágicas 13 muertes de mujeres a las que ella alude, sino todo lo contrario: al Poder Judicial en la mayoría de los casos le toca lidiar con el “efecto” y no con la “causa” de la muerte de las víctimas.

Es decir, le toca juzgar y sancionar en los casos en que procede a quienes han cometido un delito, pero no es al Poder Judicial a quien se le debería atribuir la responsabilidad de “prevenir” la comisión de los crímenes o de dar “tratamiento” a víctimas de ilícitos, sino a otras instancias como el mismo Inamu, a quien por su misma naturaleza le correspondería dar un “acompañamiento integral” a las mujeres víctimas de violencia doméstica o de otro tipo de delitos.

Por consiguiente, no se trata del simple ejercicio de la técnica de la papa caliente, tratando de quitarse de encima las responsabilidades que le son propias a la entidad que representa, o del curarse en salud, atribuyendo “complots” infundados del Poder Judicial –porque, si tiene algún hecho en particular que denunciar a este respecto, no solo podría, sino que “debería” hacerlo ante las autoridades respectivas–, para justificar la falta de eficacia en cuanto a la difusión y prevención de una ley, precedida de un maremoto de falsas expectativas desde el punto de vista criminológico, como la de marras.