NACIONALESSan José, Costa Rica, Lunes 21 de julio de 2008
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El MEP debe garantizar el estudio a una menor de seis años que sufre de problemas auditivos. (Imagen con carácter ilustrativo). |
El Ministerio de Educación Pública (MEP) debe aumentar la cantidad de personal especializado para brindar clases a estudiantes con problemas auditivos. Lo anterior luego de que la Sala Constitucional resolviera con lugar un recurso interpuesto por la madre de una niña que tiene este tipo de problemas.
La menor con problemas auditivos no recibió la mejor educación, puesto que en el centro educativo donde fue inscrita no se cuenta con personal capacitado para guiarla en su aprendizaje.
La Sala Constitucional señaló la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación Pública de garantizar la educación a esta menor de edad. Tomando en cuenta que es el despacho rector de los centros educativos públicos del país.
“Se ordena a Leonardo Garnier Rímolo, ministro de Educación Pública, y a Anabelle González Alvarado, directora de la Escuela Manuel Hidalgo Mora, o a quienes ocupen sus cargos, proveer lo necesario, en el marco de sus competencias, para que la menor amparada, Nicole Rivera Corrales, reciba, de inmediato, la educación que necesita en la Escuela Manuel Hidalgo Mora”, esto según estableció el fallo 2008-10 368.
El recurso de amparo lo interpuso la madre de la menor, de apellidos Corrales Morales, a favor de su hija de seis años, quien padece de sordera profunda.
La niña cursa la preparatoria en la Escuela Manuel Hidalgo Mora de Aserrí, sin embargo cuando se dispuso a gestionar los trámites de matrícula, la dirección del centro educativo le condicionó la inscripción a que sea ella como madre la que introduzca a la menor en el aprendizaje del lenguaje Lesco.
Según comentó Corrales, esta disposición la tomó la escuela argumentando que no cuenta con profesores capacitados en el lenguaje de señas.
Anteriormente, la Sala Constitucional resolvió un caso similar y por esa razón citó la sentencia 7205-06.
Por otro lado, se ordenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados y se advirtió al MEP y al centro educativo que, de no cumplir lo que se dictó en este recurso de amparo, se exponen a una prisión de tres meses a dos años o de 20 a 60 días multa.
Como este existen varios casos en el país de centros educativos que no cuentan con personal especializado para tratar estudiantes con algún tipo de discapacidad.