OPINIÓNSan José, Costa Rica, Miércoles 30 de julio de 2008
De abandonados a condenadosMayra Campos Zúñiga *En los últimos días he leído distintos artículos, editoriales y opiniones sobre el tema de la delincuencia juvenil en nuestro país. Desde las posturas que reclaman al Estado su obligación constitucional, reafirmada por los Convenios Internacionales, hasta el deber de protección de la materia niñez y adolescencia; otros opinan que la solución es reaccionar represivamente contra la alcahuetería y señalando que la respuesta correcta es un efectiva represión. Incluso algunos pretenden que se siga la línea de pensamiento de “cero tolerancia”, como se ha puesto de manifiesto en las políticas de seguridad ciudadana en algunos países centroamericanos, las cuales han terminado con campañas de exterminio contra niños, niñas y jóvenes inocentes. Ante este panorama, es muy reconfortante observar, que a pesar de esos reclamos contradictorios, existen ciudadanos y medios de comunicación que cumpliendo con su función social, ponen en evidencia la realidad de los jóvenes sentenciados. Jóvenes con rostro humano, con historias de vida caracterizadas por el abandono familiar, social e institucional. El día 21 de julio del año en curso, en el Programa de Siete Días de Canal 7, con un gran sentido humanitario se expuso, creo que por primera vez, la realidad del Centro Adulto Joven. Es grato escuchar cómo cada uno, pese a la triste realidad, admite su responsabilidad, sus errores y su voluntad, pese a los obstáculos para algún día cumplir sus sueños y poderse reincorporar a la sociedad. Sueños que solo podrán cumplir si el Estado, junto a la sociedad civil, comprende que la mayoría de éstos jóvenes ha caído en las garras de la delincuencia por falta de oportunidades reales. Es necesario que exista una política pública clara ante los jóvenes en conflicto con la ley. La cual debe estar orientada a que estos jóvenes no lleguen a engrosar el sistema carcelario adulto. No se trata de programas en papel, de los cuales ya tenemos muchos, sino acciones concretas que lleguen a esta población. Estoy convencida de que una vía correcta es la educación. Misma que permita una movilidad social en procura de una mejor justicia social. De ahí que se hace necesaria la implementación de programas estables en el campo educativo para los privados de libertad, programas que contemplen la asistencia a los jóvenes que no tienen los recursos para comprar los libros y los medios necesarios para alcanzar sus metas. Que permitan cumplir el sueño de todo joven de tener una computadora, saber utilizarla, no solo para jugar sino como un medio para aprender a vivir y compartir con los demás, incluso, como herramienta de trabajo. Todo es esto, junto a la educación, estimular el deporte y las actividades recreativas. Recordemos que el ocio es el factor de riesgo más peligroso. Generalmente, es el detonante de acciones violentas en los centros penitenciarios. Es admirable la labor de voluntariado que realizan muchas personas en forma desinteresada con el fin de suplir las carencias de estos jóvenes privados de libertad. Lástima que ese apoyo de la Sociedad Civil no llegó antes de que se cometiera el hecho delictivo. Valga decir, cuando estos jóvenes estaban en la escuela, el colegio, en su comunidad. Sin embargo, como dice el conocido refrán: “Más vale tarde que nunca”.
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