Portada

San José, Costa Rica, Martes 24 de junio de 2008

 

• Sala Cuarta

CONDENAN A ESTADO PORQUE NO HAY TAXIS PARA DISCAPACITADOS

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
Foto: Juan Carlos Rubí

Las cooperativas de taxis muchas veces carecen de vehículos adecuados para personas discapacitadas. Ayer apenas había uno cerca del Parque Central en San José.

La Sala Constitucional condenó al Estado al pago de los costos, daños y perjuicios causados contra una mujer discapacitada, que no pudo gozar del servicio de taxi, por el hecho de que las compañías que ofrecen el transporte, en su mayoría, carecen de una flotilla especial. La negativa de varias empresas de taxis de prestarle servicio a una persona con discapacidad por no contar con unidades adaptadas para facilitar el transporte en silla de ruedas, llevó a una persona a recurrir ante la Sala Constitucional, que falló con lugar el recurso de amparo.

De acuerdo con la declaratoria de la Sala Cuarta, los montos serán liquidados en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

La notificación de la sentencia se hizo llegar a Viviana Martín, presidenta de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público.

La afectada, una mujer de apellidos Valverde Arias, se sintió molesta porque asegura que en varias ocasiones necesitó desplazarse a citas médicas y para ello ocupaba un carro especial, pues solo se puede movilizar en silla de ruedas y siempre se encontró con la negativa de compañías de taxis, pues no existen vehículos para transportar discapacitados. Ella interpuso el recurso contra el CTP y 11 empresas que se dedican a la prestación del servicio público en esa modalidad.

NECESARIO

En el recurso argumentó que por su condición debe recurrir constantemente a visitas al médico y procesos de rehabilitación en los centros de salud por tal razón requiere utilizar los servicios de taxi.

Para la amparada, el Consejo de Transporte Público no ha tomado las acciones necesarias para que se adapten los taxis, según lo establece la Ley 7600 y que se niegan a fiscalizar que estas unidades de transporte estén acondicionadas para brindar el servicio a las personas con discapacidad.