Costa Rica, Lunes 9 de junio de 2008

/SUCESOS

Señalados en sentencias de Sala IV

Errores, atrasos y omisiones le cuestan al Estado ¢594 millones

 88 ciudadanos los obtienen tras ganar recursos de amparo y de hábeas corpus

 Beneficiados se quejan por lento proceso para reclamar por daños

Carlos Arguedas C. | carguedasc@nacion.com

Los errores, atrasos y las omisiones cometidos por los funcionarios o entidades públicas le costaron al Estado ¢594 millones.

La suma la obtuvieron 88 ciudadanos que reclamaron el pago por daños y perjuicios ocasionados por la deficiente acción de las instituciones.

La obligación de pagar la ordenó la Sala Constitucional cuando resolvió recursos de amparo o de hábeas corpus.

Los ¢594 millones corresponden al pago entre enero del 2007 a abril del 2008 por asuntos que estuvieron hasta 20 años en los tribunales de justicia.

La procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, aunque admitió que la suma es alta, explicó que los 88 ciudadanos demandaron inicialmente el pago de ¢5.671 millones.

Resaltó la labor de la Procuraduría al disminuir el monto, pues en su criterio “hay gente que quiere sacarle plata al Estado y cobra sumas que no se justifican”.

Indemnización. Las indemnizaciones por daños y perjuicios son una forma de reconocer a un ciudadano una mala actuación del Estado en cualquier actividad.

Aunque la cantidad de casos en los que se condena la Estado por daños y perjuicios es muy alta, son pocos los ciudadanos que reclaman los pagos pues tienen que abrir otro proceso en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para explicar el perjuicio.

Ese trámite es lento y, por lo general, dura varios años.

Por ejemplo, Beleida Valverde González presentó y ganó en el 2002 un recurso de amparo contra el Liceo de Costa Rica. Logró el pago el año anterior.

Ella debió acudir ante los magistrados pues en noviembre del 2001 solicitó matrícula para su hijo Oscar Felipe Baltodano Valverde, quien sufre de discapacidad, pero en febrero del 2002 todavía no tenía respuesta del centro educativo.

Alegó que ese atraso violaba el derecho de petición y pronta respuesta protegidos en los artículos 27 y 41 de la Constitución Política.

Los magistrados (el 2 de abril de aquel año) verificaron que el director del colegio, Marco Aurelio Medaglia, no respondió hasta el 14 de febrero. Por tanto , fallaron a favor el recurso de amparo y condenaron al Estado al pago de “costas, daños y perjuicios”. En el 2007 se giró a la amparada cerca de ¢80.000.

Manuel Baltodano, esposo de Beleida Valverde, explicó que ese dinero es muy poco y que el reclamo lo hicieron para ayudarse un poco en la manutención familiar.

“En ocasiones es tan lerdo y tedioso ese proceso que uno no acude a cobrar los daños y perjuicios”, manifestó Valverde.

En otro caso, Albán Sing Villalobos, un exagente de seguros, pidió en 1998 un reajuste en su pensión. Como un año después la Dirección Nacional de Pensiones no había resuelto, acudió a la Sala IV, que falló a favor un amparo.

Debido al atraso, Albán Sing reclamó el pago de intereses, que se fijaron en ¢14 millones, suma que se pagó en enero de este año.

“Era un derecho y por la tardanza en hacerlo efectivo cobré los intereses. Si hubiera pagado a tiempo, el Estado se gana esa suma”, comentó Sing.

Ana Lorena Brenes admitió que los pagos se hubieran evitado con una mejor administración.

Óscar Felipe Baltodano (izq.), y su padre, Manuel Baltodano, argumentaron que los montos que se pagan por daños y perjuicios tras ganar un recurso de amparo son muy bajos. Alejandro Sandino para LN

Están en tribunales

Pendiente 909 reclamos

En la actualidad están activos 909 procesos donde ciudadanos que ganaron un recurso de hábeas corpus o de amparo piden el pago de la suma de ¢373.496 millones, informó la Procuraduría General de la República.

La procuradora, Ana Lorena Brenes, dijo que el monto es alto, pero afirmó que muchos de los reclamos no se justifican.

“Siempre logramos bajar las cifras pues ellos tienen que probar las pérdidas”, afirmó.

Según explicó la Procuradora, muchas de las condenas se podrían evitar con un mejor procedimiento administrativo.

Agregó que las condenas se dan contra las entidades por exceso de trabajo que impide estar resolviendo a tiempo, descuidos o porque se traspapeló alguna solicitud.