San José, Costa Rica, Miércoles 4 de junio de 2008
• Con la aprobación de la Corte Plena
Poder Judicial brindará mayor accesibilidad a discapacitados
Aarón Sequeira Chinchilla
asequeira@prensalibre.co.cr
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La política de igualdad para discapacitados busca poner al Poder Judicial a la altura de las necesidades de esta población en cuanto a acceso y administración de justicia. |
La aprobación de la “Política de igualdad para las personas con discapacidad en el Poder Judicial” persigue que se les facilite el acceso a la justicia para los integrantes de esta población, no solo en cuanto a la administración, sino también en cuanto a infraestructura.
De igual forma, pretende fortalecer la accesibilidad a la comunicación para ciudadanos con diferentes grados y tipos de discapacidad.
Según Anabelle León, magistrada presidenta de la Comisión de Accesibilidad del Poder Judicial, la idea surgió al acercarse la celebración de los diez años de la entrada en vigencia de la ley 7.600, “De igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”.
Desde entonces, empezaron a trabajar en el estudio del sistema de administración de la justicia y en el acceso físico a los edificios, para definir una política que posteriormente se puso en consideración de la Corte Plena, para recibir su aprobación.
“En primer lugar está lo relativo a la infraestructura, así como la comunicación en braille y en diferentes tamaños. La política es principalmente preventiva, para que en situación de riesgo no haya consecuencias, que en caso de lesión discapacitante sea atendida de manera integral, holística”, explicó la magistrada.
En muchos casos se visualiza la readecuación del equipo o de las funciones. También interviene las compras que realiza la proveeduría y el sistema de manejo del personal.
Cambios estructurales
En cuanto al acceso físico a los edificios, León puso como ejemplo el edificio de la Corte en Turrialba, que fue planeado desde un inicio con todos los espacios adecuados, las rampas necesarias, así como los parqueos para discapacitados.
De igual forma, apuntó que en la sede de Guadalupe se trabaja con los cambios y que pretenden replicar ese caso a otros edificios del Poder Judicial.
“También se busca identificar a las poblaciones con vulnerabilidad, según lo dicta las Cien Reglas de Brasilia, organización integrada por los presidentes de las instancias judiciales de toda América Latina.
“Una de estas poblaciones es la de personas con discapacidad, y además hay que identificar áreas y zonas geográficas donde confluyen estas poblaciones, con el fin de asegurar la administración de la justicia”, apuntó León.
La magistrada argumentó que será un proceso permanente, cuya fiscalización estará en manos de la Contraloría de Servicios, el control ciudadano y la intervención de la Comisión. “No se puede bajar la guardia”, concluyó la funcionaria.
Entre paréntesis
Desde acceso a la administración de la justicia, hasta cambios en infraestructura, las dependencias deberán asegurar el bienestar de esta población