COMPROMISO DEL PODER JUDICIAL

Lic. Alfonso Chaves Ramírez Presidente a.i. Corte Suprema de Justicia.

El tema de la seguridad ciudadana está en el debate público latinoamericano como uno de los más relevantes para los ciudadanos. En el caso de nuestro país, sin  lugar a dudas es uno de los que más le preocupa al costarricense.

El editorial de La Nación del día 10 de junio hace referencia al tema y enfatiza  en la sensación de inseguridad que predomina en los costarricenses y señala la responsabilidad del Poder Judicial en la impunidad de los delincuentes, en razón de fallos judiciales que los dejan en libertad, el cual profundiza la insatisfacción ciudadana.

Brindar a los ciudadanos seguridad en sus vidas y bienes, es una importante razón de ser del Estado y debe respetarse y cumplirse por parte de todos los órganos estatales, señaladamente, por el legislador, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Por ese motivo cuando el Estado en sentido amplio no hace su parte, o no la hace bien, mina la confianza en su capacidad para resolver los problemas y retribuir a las víctimas. Pierde entonces su eficacia para perseguir fines de prevención general así como de protección a los ciudadanos afectados y  se dan dos elementos potenciadores de la violencia social, que terminan en conductas delictivas y aumentan la sensación de inseguridad;  estos son la impunidad y a la desprotección a las víctimas, factores ambos que en algunos países son generadores  de ajusticiamientos y violencia cuando las personas deciden hacer “justicia por mano propia”  ya sea personalmente o por cuenta de personas contratadas al efecto, fenómeno que hemos empezado a ver en nuestro país.

            Definitivamente hasta hace poco hemos menospreciado el impacto que puede tener un deficiente funcionamiento del “sistema de justicia” como un todo, entiéndase policía administrativa, jueces, policía judicial, Ministerio Público y sistema penitenciario en el fenómeno de la violencia social.

Cuando se habla de la impunidad que se genera por la incapacidad de los agentes del Estado de proveer la seguridad, se dice en forma de crítica constructiva, ya que es la incapacidad del sector como un todo, proporcional a la falta de recursos asignados para la magnitud del problema, así como al desinterés político de darle la relevancia que tiene y que nos impide tener legislación actualizada y recursos frescos para atenderlos.

Se debe elevar el nivel del debate político y ahondar en este problema social, que no debe serle ajeno. La participación en el análisis y en la búsqueda de soluciones en forma conjunta, sin entorpecer el ámbito de las potestades propias, es un mensaje de solidaridad y de optimismo.

En el tanto se desarrolla ese debate, indispensable para nuestra realidad social, es importante señalar que la Corte Suprema de Justicia ha emprendido una serie de acciones, entre ellas, la promoción de una ley de víctimas y testigos, de crimen organizado en el marco de la Comisión de Alto Nivel convocada por el Poder Ejecutivo, y  de conformidad con el compromiso asumido con la ciudadanía, el pasado 21 de enero aprobó una propuesta de la Sala Tercera, cuyo objetivo es solventar los problemas que generan las contravenciones y delitos en flagrancia y, contando ya con el presupuesto extraordinario recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa, se acordó el lunes 9 de junio pasado, que el Magistrado José Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera, se separe de sus funciones habituales y se dedique al diseño y organización de la logística que nos permitirá poner en marcha este plan a corto plazo.

Con ese cometido, se redactarán los protocolos de atención, así como de su correspondiente reglamentación. Asimismo, en las próximas semanas se dará a conocer un cronograma de implementación y de capacitación que permita a los nuevos funcionarios asumir esta delicada función, labor que se realizará coordinadamente con las jefaturas del Ministerio Público y de la Defensa Pública.

También se trabaja en este momento en el proceso de selección del nuevo personal que asumirá estas funciones y que conlleva no solamente la selección, sino también la capacitación de 500 nuevos policías, 200 nuevos fiscales, 100 defensores públicos y 50 jueces.

Reiteramos el compromiso del Poder Judicial de poner en funcionamiento este plan, con lo que se espera contribuir en la disminución de  un problema que por  falta de una atención inmediata, ha contribuido a generar ese sentimiento de inseguridad en la ciudadanía.