FIRMAN ACUERDO PARA CREACIÓN DEL
PROGRAMA DE DEFENSORÍA SOCIAL
Lograr una real accesibilidad a la justicia de personas privadas de libertad (en situación de vulnerabilidad) es una meta que cada vez se está más cerca de alcanzar.
Lo anterior se desarrollará tras la firma del Acuerdo de Colaboración
para la creación del "Programa de Defensoría Social" que tuvo lugar
el 24 de abril 
pasado, con ocasión del XVIII Congreso Internacional la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de
Abogados (U.I.B.A.).
Dicho acuerdo firmado por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la U.I.B.A., la Universidad de Costa Rica (UCR), el Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de Costa Rica es una muestra del compromiso de todas las instituciones involucradas en un tema tan sensible.
El acuerdo implica un compromiso de la U.I.B.A. en la realización de actividades de asistencia técnica mediante seminarios e intercambio de experiencias, con el aval académico de la Facultad de Derecho de la UCR.
La asistencia se le dará a un grupo de cincuenta abogados elegidos en el seno del Colegio de Abogados de Costa Rica que optarán por el grado de "Defensores Sociales" y estarán bajo la dirección de la Jefatura de la Defensa Pública para la ejecución de las acciones necesarias para brindar asesoría y asistencia legal gratuita a las personas privadas de libertad.
Según indicó la Licda. Damaris Cruz Obregón, Gestora de Capacitación “la Defensa Pública definirá la labor a realizar por los "Defensores Sociales" que trabajarán en coordinación con Defensores Públicos, de tal manera que se refuerza el compromiso del Poder Judicial para trabajar con los grupos de personas en situación de vulnerabilidad”.
Agregó, “la labor de negociación de la Licda. Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública, con las autoridades de la U.I.B.A., entre ellos el Dr. José Ramón Antón Boix, realizada por varios meses da lugar a un acuerdo que dará un nuevo rumbo en la prestación del servicio de administración de justicia que merece toda persona, y en este caso específico para la población privada de libertad".