San José, Costa Rica, Viernes 1º de febrero de 2008
Diez años del Código de Niñez y Adolescencia 1998-2008
Lic. Rodolfo Vicente Salazar
rodolfovicentesalazar@gmail.com
El 6 de febrero de 1998 se promulgó, mediante ley número 7.739, el Código de la Niñez y Adolescencia, con cinco títulos que comprenden disposiciones directivas, derechos y obligaciones, garantías procesales, sistema nacional de protección y disposiciones finales.
Desde hace diez años, los niños, las niñas, los y las adolescentes costarricenses y las personas menores de edad de otras nacionalidades que se encuentren en nuestro territorio cuentan con un instrumento legal de primer orden que les permite a través de la exigibilidad, garantizar los Derechos establecidos en la Convención más ratificada del mundo: La Convención Sobre los Derechos del Niño.
Sin embargo, el Código es un instrumento poco utilizado y bastante desconocido un decenio después, lo que no nos permite fortalecer el Estado de Derecho, porque una sociedad que no reconoce y respeta los derechos de la población menor de edad, no puede fortalecerse democráticamente, ya que la paz empieza por los niños, niñas y adolescentes.
Como estrategia de compromiso y cumplimiento de la ley, los diferentes actores sociales y de Gobierno conformaron el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, constituido por funcionarios y funcionarias de alto rango, tales como ministros, ministras, viceministros, viceministras, presidentes y presidentas de instituciones autónomas, representantes y directivos de Organizaciones no Gubernamentales de atención y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, representantes de sindicatos, del sector empresarial y de universidades públicas.
Estos miembros del Consejo son juramentados por el Presidente de
la República del gobierno de turno, y por mandato del Código se deben reunir
como mínimo una vez al mes. Actualmente lo preside el M.Sc. Mario Víquez
Jiménez, presidente ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia, ente rector en materia de niñez y adolescencia. Pero lo más lamentable es que a la
fecha esta administración ha incumplido con su mandato, compromiso y juramento,
en tanto no ha convocado de acuerdo con el mandato legal establecido en el
Código de Niñez y Adolescencia. Situación que se agrava aunada al hecho de que
en la Defensoría de los
Habitantes se recargó a otra dirección el rol protagónico que en este sentido
corresponde desempeñar a la Dirección de Niñez y
Adolescencia.
Como resultado se tiene que, en diez años, esta legislación no avanza, se solicita pero no se exige, se divulga pero no se aplica, nos hacen llamadas de atención desde el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, por su incumplimiento. Y hacemos caso omiso. ¿Será que no nos importa? De ser así es alarmante la realidad, especialmente si las y los costarricenses nos concienciamos de que aproximadamente el 42% de la población nacional está constituida por personas menores de 18 años, así como de que somos un país líder en legislación de niñez y adolescencia, pero a la vez con un mínimo grado de exigibilidad en esta materia.
Significa toda esta legislación un avance considerado como la revolución social más importante del siglo XX, donde los niños, niñas y adolescentes pasaron de ser considerados objetos de compasión y lástima, a ser sujetos sociales plenos de derechos. Esto significa que tenemos que hacer valer —los y las adultas— el que las personas menores de edad son ciudadanos y ciudadanas con derecho a tener derechos.
Hace diez años inició un camino con metas a corto, mediano y largo plazo, tendientes a garantizar los derechos de la población menor de edad que se encuentre en nuestro territorio. Por ello, el trabajo debe ser permanente y tomado en serio, de manera que esta terrible lentitud y desgano de algunos sectores no nos desanimen en el intento de hacer viable y sostenible el cumplimiento de la legislación vigente y concerniente a niños, niñas, y adolescentes.
El cambio de cultura significa una nueva manera de ver y analizar las situaciones, una diferente relación entre personas adultas y personas menores de edad: un nuevo punto de partida, una necesidad y obligación sentida de que las personas menores de 18 años son el presente, del cual depende el éxito del mañana, y debemos actuar ya, para lograr un país de oportunidades y de respeto. Debemos creer en el Código por convicción y no por temor. Debemos educar y no castigar.
Debemos desarrollar a nuestras niñez y
adolescencia dentro del marco de los derechos humanos, en este contexto la
realidad es que la niñez y la adolescencia son un asunto de Estado, pero además
un asunto de todas las personas adultas, y ese retomar responsabilidades es el
primer paso para hacer efectiva la introyección y puesta en práctica de la
nueva cultura de derechos.
* Especialista en Justicia, Políticas Públicas, Niñez y Adolescencia