El CONSEJO FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO

COMUNICA A LA OPINIÓN PUBLICA

El Consejo Fiscal de Costa Rica en sesión extraordinaria del día 25 de enero de 2008, de manera unánime, acordó pronunciarse en contra del  Proyecto de Ley de Independencia del Ministerio Público, clasificado en la Asamblea Legislativa con el número 16.860, que tiende principalmente a sustraer al Ministerio Público del Poder Judicial, convirtiéndolo en un órgano vinculado  al Poder Legislativo.

Las razones de nuestra oposición son las siguientes:

1.- El Ministerio Público nació en Costa Rica en el año 1975 como un órgano adscrito al Poder Judicial. Ha  gozado siempre de independencia funcional en el ejercicio de la acción penal pública, de modo transparente y objetivo. Ello lo confirman los estudios y monitoreos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de la Organización de Estados Americanos (OEA),  que califican al Ministerio Público de Costa Rica como el más transparente y de mayor accesibilidad del continente, sobre el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Brasil, México y Chile. 

En el último informe sobre el Estado de la Nación, la única institución con saldos positivos es el Poder Judicial y se destaca que eso se debe al trabajo de las fiscalías: hemos demostrado ser responsables y saber invertir el poco presupuesto con el que trabajamos.

2.- El proyecto de comentario, lejos de fortalecer la independencia del Ministerio Público subordina su actuación a la Asamblea Legislativa, órgano de naturaleza política, con el riesgo de que el ente acusador sufra influencia político partidista. Esta iniciativa tiene como objetivo alcanzar la impunidad en las grandes causas de corrupción pendientes de resolución judicial al establecer la imposibilidad de los fiscales de recabar documentos públicos con carácter de prueba, a menos que un Juez lo autorice y que el jerarca de la administración, muchas veces el investigado, no los haya declarado secreto de Estado.  De convertirse en ley de La República, se favorecería incluso a los actuales imputados por corrupción al devenir la ineficacia de las pruebas recabadas en su contra.

3.- Subordinar el Ministerio Público a la clase política,  limitar sus  poderes jurídicos de investigación, anular pruebas desde la Asamblea Legislativa, convertir la corrupción en moneda de curso legal, erigir la impunidad de los corruptos por la vía política, violar la independencia de poderes, destruir el Estado de Derecho, como se pretende, es una ofensa a los costarricenses.

4.-. Este no es el primero ni el último ataque dirigido contra el Ministerio Público como consecuencia de investigar la delincuencia de cuello blanco –llámese clase política y/o económicamente privilegiada-. Por ello, no estamos dispuestos a permitir un debilitamiento del Ministerio Público que atente contra la Democracia y nuestro actual Estado Social de Derecho.

5.-Después de treinta y tres años, el Ministerio Público es hoy una institución madura, con  prestigio nacional e internacional, que no requiere de una reforma como la que se incluye en esa propuesta. Las y los fiscales de la República reiteramos el  juramento de defender la Constitución y las leyes y estamos seguros que todo ciudadano costarricense consciente de nuestra tradición democrática repudiará cualquier propuesta legislativa que debilite la institucionalidad de Costa Rica.