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El presidente de la Corte Suprema Justicia, Luis Paulino Mora y el magistrado de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, visitaron DIARIO EXTRA para conversar con nuestro director William Gómez y el subdirector Mario Ugalde acerca de la administración de justicia y los cambios que se deben hacer. |
El actuar de la Corte Suprema de Justicia goza hoy día de buenas y malas críticas por parte de los ciudadanos costarricenses, de los señores miembros de otros poderes de la República y hasta de la opinión internacional, es por ello que DIARIO EXTRA invitó al jerarca de la entidad, Luis Paulino Mora y a José Manuel Arroyo, magistrado de la Sala Tercera, para conversar de varios temas que han merecido la atención nacional en momentos en que el país enfrenta un periodo de transición, apegado a la modernidad y donde la administración de justicia no escapa.
¿Cuáles considera usted, son la mayor fortaleza y la peor debilidad del
Poder Judicial?
Luis Paulino Mora: El ciudadano costarricense tiene un desencanto con el
Poder Judicial por el retraso que tenemos y que no podemos ya parar, aunque
en América Latina son lapsos más largos. El país nos exige resolver los
asuntos a tiempo. Otra debilidad que nos señalan es que atendemos mal, diría
que tienen razón y estamos tratando de superar eso. Pero no todo es malo,
también hay muchas fortalezas, el Poder Judicial más independiente del área.
Hemos logrado que los otros poderes de la República nos respeten, que la independencia no sea solo económica sino de funcionalidad. La
transparencia es de reconocer y no porque lo decimos nosotros, sino porque lo
reconocen internacionalmente. Hemos avanzado además en las exigencias del
tiempo en materia tecnológica, esto nos permite atacar esas debilidades.
¿Qué cuota de responsabilidad tiene la justicia en el problema de la
inseguridad ciudadana?
L.P.M. No es al Poder Judicial al que le corresponde garantizar por la
seguridad ciudadana, eso le corresponde al Poder Ejecutivo, quien tiene la
policía preventiva. No desconozco que estamos relacionados con el tema, de
que a nosotros nos toca investigar. Me gusta poco plantear el tema tirándoles
la culpa a los demás, lo que debemos hacer es poner en marcha un programa
nacional de respuesta a la seguridad ciudadana. Este año el Poder Ejecutivo
ha tenido una iniciativa en la cual han trabajado José Manuel Arroyo,
magistrado de la Sala Tercera; Laura Chinchilla, ministra de Justicia;
Fernando Berrocal, ministro de Seguridad Pública y el fiscal general,
Francisco Dall’Anese, para tratar de hacer una política nacional que dé
respuesta a esta situación que vive el país actualmente. La gente acostumbra
a endosarnos la culpa a nosotros, solamente a nosotros, aquí son muchos los
actores y es a los otros poderes de la República a los que les corresponde buscar las salidas.
¿Cómo percibe el tema de la corrupción en el Poder Judicial y qué se
está haciendo al respecto?
L.P.M. No percibo que en el Poder Judicial haya corrupción, es más creo que
tiene una altísima dosis de confiabilidad. No digo que en el Poder Judicial
todos somos ángeles, hay personas que faltan a su deber, a sus funciones,
pero dichosamente hemos sido reconocidos como una entidad transparente y el
hecho de que pueda vérselo por dentro, eso es una forma para evitar que se
presente la corrupción. Yo no podría asegurar que algunos de los 872 jueces
que tenemos en la República falten a su deber o que fiscales o defensores
tengan algún problema de esa índole. A mí se me señala que en los empleado
subalternos existe alguna cuota de infidelidad en la actuación, yo diría que
si esto se da, está muy relacionado con el retraso. En Costa Rica hay más
gente sometida a procesos disciplinarios que en el resto del área. Tenemos un
procedimiento confiable de investigación de los hechos, no los tapamos, no
los toleramos y eso evita que el tema se salga de las manos.
José Manuel Arroyo: Mientras haya seres humanos y no santos o ángeles siempre habrá una cuota de gente que actúe mal, en todos los órdenes de la vida, incluso en el Poder Judicial. Aquí lo importante es el nivel de respuesta que damos, no si no hay corrupción. En la democracia lo importante no es pretender que no haya corrupción, sino más bien si tienen alguna respuesta ante tales hechos, nosotros tenemos márgenes de respuesta adecuado a las situaciones que se han dado.
Costa Rica nuevamente en el primer lugar de transparencia en el acceso
de datos por vía electrónica, en todo el continente, por encima de países
como Estados Unidos y Canadá, ¿cómo hemos llegado hasta ahí, ¿qué medidas se
han tomado en materia de transparencia y rendición de cuentas?
L.P.M. A nosotros nos satisface este reconocimiento. El hecho de estar
“rankeados” más allá de Estados Unidos, Venezuela y Canadá, que invierten
mucho dinero en las técnicas informáticas y reconocer que somos más
transparentes, es un verdadero aliciente. Tenemos mucho tiempo trabajando en
eso, el posibilitar que el ciudadano esté vigilante sobre nosotros es una
ventaja que evita la tentación y como rezamos los católicos, no nos induzcan
en tentación. Son muchos años de inversión, claro que es caro, a este momento
tenemos comunicado todo el Poder Judicial por teléfonos internos. Compramos
centrales poderosas que nos permiten estar relacionados por voz, imagen y
documentos. Si no somos la institución pública más adelantada en este
sistema, somos una de las líderes. Creemos que en una democracia, el Gobierno
debe mostrarse lo más expuesto posible. Me parece que la inversión está
justificada. La tecnología nos ayuda a aligerar los procedimientos, a tener
nuevas formas de documentar los temas.
J.M.A. Nosotros pasamos un momento de transición importante, tratamos de que en el proceso penal la oralidad sea una realidad y se complemente con prácticas que tengan a las audiencias, la oralidad y la publicidad como el centro de decisión, que la documentación no se entinte como el papel impreso, que sea un concepto más alto, sino que la grabación de voz, o los videos sirvan como soporte. Hacia eso vamos, lo que pasa es que hay un factor cultural muy fuerte de como estamos acostumbrados a hacer las cosas que es una resistencia al cambio.
Este año ha sido políticamente muy convulso y con frecuencia se
escuchan denuncias sobre la politización de la justicia, ¿está politizada la
justicia?, ¿está politizada la Sala Constitucional?
LPM: La realidad es que ahora el costarricense le ha perdido el temor a
plantear temas de Estado también en los Tribunales. Dichosamente los
Tribunales han entendido que la garantía que deben dar no debe ser solamente
para las relaciones de ciudadanos unos con otros, sino de ciudadanos con el
Estado. Con el advenimiento de la Sala Constitucional todo cambió, ahora estamos más vigilantes del actuar de otros poderes. Yo
no diría que el Poder Judicial se politice o que la política se judicialice,
lo que creo es en el cumplimiento de una exigencia democrática en donde no
haya ninguna acción, ni siquiera del Estado, que no sea posible de llevar a
lo judicial. Los judiciales somos políticos porque actuamos para buscar
convivencia social y eso es una acción política. Temas muy importante han
pasado por la Sala en donde ha habido un divorcio entre lo que piensa el
poder político y lo que dice la Sala que es la acción correcta. La Sala Constitucional ha tenido la capacidad de separarse de estos criterios, los jueces no
tratan de hacerle el juego a los otros poderes del Estado, al mismo tiempo
exigiendo que cumplan con su acción conforme lo señala la constitución. Es cierto que en algunos casos se aprovechan personas de la desconfianza de los
que ejercemos poder y tratan de minar la acción, señalando que nos metemos en
acciones propias de otros poderes, cuando en realidad lo que hace es
controlar si son legítimas como la ley demanda.
¿Cómo explica usted el voto de la reelección presidencial y el cambio
de criterio de la Sala?
L.P.M En cuanto a la reelección hay que tomar en cuenta dos cosas, primero
que la integración de la sala cambió y los criterios podrían cambiar como
ocurrió. Pasó de ser un voto a minoría a un voto de mayoría y los argumentos
de la primera oportunidad no fueron los mismos de la segunda y ahí los
compañeros encontraron una forma de interpretar. Este cambio en la Sala encuentra justificación, la posición de ellos es sostenible. Aquellos que aceptan que
causa una pérdida en la Constitución tienen una posibilidad de señalar que
aquellos temas que afectan sustancialmente los derechos fundamentales no se
pueden cambiar. Hay normas que son de mucho peso dentro del marco
constitucional que deberían de exigir que sea producidas por un poder
constituyente original. Lo que rechazo es que la reelección se diera por un
vaivén político, por un compromiso de la Sala. Se ha demostrado que tienen mucha independencia y son constantes las veces que se condena a los poderes
Legislativo y Ejecutivo.
Algunos atribuyen a la justicia un “activismo judicial” que va en
contra de la gobernabilidad, ¿cuáles son sus impresiones al respecto?
L.P.M. Por un lado se nos señala de que somos los culpables de que el Señor
Presidente de la República haya vuelto a la Presidencia, pero por otro lado nos dicen que no lo dejamos gobernar. Lo que ocurre es que
los jueces no podemos decir que hay temas que no están garantizados
jurisdiccionalmente, que no pueden ser planteados en la Corte, indudablemente temas con contenido político como el asunto de las normas
complementarias al TLC, pues llegan a la Sala porque hay un procedimiento en la Asamblea Legislativa para poder producir eso, si la Sala dice que está mal realizada la actividad procesal de ese poder, no debe verse como una
obstrucción, sino más bien como un control. Los jueces cumplimos esa función
de garantía para con los ciudadanos, no me parece que en este momento podamos
decir que hay un activismo en el Poder Judicial.
¿Qué piensa de los casos de los ex presidentes y la excesiva tardanza
en su juzgamiento?, ¿esto es un síntoma de impunidad?
L.P.M. Yo podría decirle que en el tema me abstengo de decir cualquier cosa,
porque la responsabilidad debe ser del Ministerio Público, que es el que
tiene a su encargo la tramitación de estos asuntos. Sí puedo decir que no
todos los asuntos tienen la misma complicación y si yo no podría decir que el
plazo es o no razonable, diría que hay que analizar cada uno de los casos y
las complicaciones para ver si ha habido un retraso injustificado en la
administración de la justicia. Un grupo de amigos de don Miguel Ángel
Rodríguez me visitaron para señalarme la tardanza en el tema, pues intervine,
hablé con el Fiscal General que me dijo que ya estaba lista la acusación. Bueno, me he procurado porque sin entrar a valorar el caso particular, creo que la
justicia debe ser producida en un tiempo razonable. Hay quienes estiman que
nos hemos tomado más tiempo de la cuenta, espero que al final ese tiempo sea
el razonable para conocer los hechos y que prontamente se tome una
determinación. Costa Rica no puede esperar mucho tiempo sin resolver un
problema de esa envergadura.
¿Qué iniciativas esta presentando la administración de justicia en el
tema de la protección a testigos y víctimas?
LPM: Ya estamos sintiendo en la justicia la afectación de que los testigos se
amedrenten, desde luego que el hampa hace eso. Los jueces no conocemos cómo
ocurrieron los hechos, tienen que demostrárnoslos, probarlos y generalmente
la manera más usada son los testigos. El país ha reconocido que tenemos
criminalidad organizada, que hay sicariato y que debemos de preocuparnos.
Hace pocos días a un testigo lo mataron y ha habido afectación. El país
debería prestarle atención al tema, no es solo del Poder Judicial. Hay dos
proyectos de ley, uno sobre crimen organizado y otro sobre protección a
testigos, que pretendemos que la Asamblea Legislativa se ocupe prontamente de eso y también están presentados en el Poder
Ejecutivo.
J.M.A. Ya la gente percibe que detrás de estos hechos hay gente con capacidad de amedrentar de coaccionar y llevar las cosas a nuevas formas de delincuencia. Me parece que esto debe tener una respuesta nacional, a través de un plan de seguridad en el tema de la criminalidad que nos permita tener respuestas adecuadas a las nuevas circunstancias. Tenemos un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública para darle protección a los testigos, a este momento la Fiscalía de Protección a las víctimas ha hecho 50 solicitudes y estamos dando seguridad solo a ocho. El Estado tiene mucha incapacidad para esto, además cuesta mucho.
Lo he escuchado hablar de que la justicia debe tutelar en forma
especial a los excluidos, ¿qué está haciendo la institución al respecto?
L.P.M. Estamos con un proyecto nacional e internacional con este tema, hemos
entendido que si queremos que el Poder Judicial tenga rostro humano, debe
preocuparse por las personas a las que les ha costado estar en la
administración de justicia, por ejemplo los indígenas, los ancianos, las
víctimas, los extranjeros, la gente con capacidades especiales. Hemos ido
tratando de buscar sensibilidad para tratar estas personas, adaptando nuevos
sistemas de pensión, procurar que los edificios y servicios públicos sean
accesibles, pero sobre todo que los jueces comprendan el problema; no es
igual que yo plantee un tema de propiedad con mi vecino, a que unos indígenas
planteen su problema de explotación de la tierra que no es propiedad, si no
es con los mismos conceptos que tenemos. Estamos tratando el asunto desde
varias formas, una es capacitando al personal para que comprendan esos
problemas, para orientar a las personas con dificultades y que los asuntos
que plantean se arreglen con la inteligencia que deben tener. Hay una
comisión dentro de la Corte para personas con capacidades especiales y hemos
logrado que en la próxima Cumbre de Presidentes de Iberoamérica ese tema sea
tratado y estamos haciendo una propuesta internacional para que sea una
preocupación de los poderes judiciales de otras naciones.
El informe del Estado de la Nación le da una buena nota a la justicia
en su última edición pero la gente percibe grandes cambios, ¿usted cómo
explica eso?
L.P.M. El Estado de la Nación dice que el Poder Judicial es de las
instituciones públicas que más ha avanzado en su proceso de reforma, reconoce
algunos logros y nos pone una buena nota, pero si voy al ciudadano aquél que
no le han resuelto oportunamente un caso o que fue a la justicia y lo mal
atendieron, claro que ahí sacamos una mala nota. Hay un criterio general de
que las instituciones públicas trabajan mal y que deberíamos de hacerlo con mayor
compromiso social. La gente no aprecia que ahora tenemos un 8% menos de
asuntos que hace tres años, si los asuntos de ellos no han salido. Quien no
se ha visto beneficiado no observa los cambios.
J.M.A. En esto hay muchos factores que no se pueden medir, la opinión pública es muy voluble, de si hay un caso en que la mayoría de la gente está inconforme o por el contrario le parece bien, eso es variable. Es cierto que la gente con razón se queja de los tiempos de duración, del trato que se le da cuando no son atendidos amablemente y de la calidad de resolución y de las investigaciones, sin embargo si por el servicio que se presta se midiera, la verdad es que la mitad de la gente siempre sale inconforme.
Cuatro años han pasado desde que se anunció una reforma judicial,
producto de unos talleres judiciales y aún la Corte no aprueba las propuestas, ¿cuáles son las principales propuestas de reforma y por qué
han tardado tanto?
J.M.A. Hubo un momento hace cuatro años que la comunidad nacional estaba muy
preocupada por los problemas de la justicia, hubo voces desde el Colegio de
Abogados, críticas muy fuertes y difíciles de contestar, había además una
Asamblea Legislativa que puso la mira en el Poder Judicial con críticas
fundadas, otras no tanto. Hubo quienes no quisimos que ese tren nos pasara
por encima y fue cuando ordenamos temas pendientes, con talleres y nos
avocamos a percibir esto de los atrasos, la calidad de las resoluciones y
algunas cuestiones de la Ley Orgánica, ese proceso no se ha detenido, está prácticamente con cuatro o cinco leyes básicas, que tienen que ver con una
nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, una ley del Ministerio Público, una
ley de la Defensa Pública que no la tienen, la ley de carrera judicial y la
reforma al capítulo de la Constitución del desarrollo institucional dedicado
al Poder Judicial. Son iniciativas en blanco y negro que la Corte ya comenzó a discutir. Esto se llaman tiempos judiciales internos, cambiar las leyes
lleva su tiempo, los consensos son difíciles de tener, hay mil visiones.
L.P.M. Los tiempos judiciales son difíciles de manejar, pensé que esta reforma era más fácil y que si en los talleres estábamos de acuerdo, buscar consenso en 22 era más fácil, pero en realidad las discusiones son mucho más fuertes. Hay corrientes en torno al tema. Sigo creyendo en un Poder Judicial más comprometido con la democracia, menos verticalizado. La mayor distribución del poder crea fricciones, amores y odios, por eso es que la rapidez no ha sido nuestra característica.
¿Con el TLC se privatiza la justicia?
L.P.M. Es cierto que con el Tratado se buscan formas diferentes de la
resolución del conflicto, se usa una fórmula que nuestra Constitución la
tiene autorizada desde hace 50 años, la de solución de conflictos por medio
de árbitros y mediadores. Ahora tiene una gran importancia, y diría que en
parte los culpables de esto podría ser la justicia que ha sido lenta. No creo
que haya sido casual que los inversionistas hayan buscado una solución fuera
del Poder Judicial, porque lo que están diciendo es que necesitan que se les
resuelva pronto cuando tienen un problema de incumplimiento. Me parece que
esa justicia tiene desventajas que van a dejar ver y el procedimiento va a
revertirse, una de ellas es que no es una justicia transparente, de árbitros
que no conocemos, no sabemos quién los asignó, es una justicia a lo
independiente. No tiene la condición de independiente para actuar, no sé qué
criterios o compromisos tendrá. Yo espero que quienes han optado por esta
solución van a ver conveniente volver a lo tradicional. Me dicen que en
alunas otras latitudes en problemas con tratados de libre comercio ha dado
buenos resultados, espero que no tengamos una mala experiencia, pero en el
Poder Judicial nos hemos despertado, ahora tenemos un centro de Resolución
Alternativa de Conflictos (RAC) y queremos fortalecerlo, para que eso que se
está haciendo fuera de la entidad, se pueda hacer dentro con la garantía de
que es transparente y con jueces independientes.
“No percibo que en el Poder Judicial haya corrupción, es más, creo que tiene una alta confiabilidad”
“En una democracia el Gobierno debe mostrarse lo más expuesto posible. El ciudadano vigilante es una ventaja que evita la tentación”
“La mayor distribución del poder crea fricciones, amores y odios”
“Temas importantes han pasado por la Sala y ha habido un divorcio con lo que piensa el poder político”