Fútbol y seguridad social

La Sala Segunda del Poder Judicial emitió recientemente un fallo que cierra un capítulo en la relación entre la Caja Costarricense de Seguro Social y los equipos de fútbol.

La decisión de los magistrados le pone fin a una disputa que planteó hace siete años Liga Deportiva Alajuelense, en rechazo de un cobro que pretendía hacerle la Caja por concepto de cargas sociales.

Los equipos de fútbol siempre han buscado mecanismos para reducir, si no para eliminar, su contribución a la Seguridad Social del país. Suelen alegar que cuando sus jugadores se lesionan, no son tratados en los centros de salud del Estado, sino más bien en clínicas privadas.

Ese argumento es cierto solo de manera parcial, porque no todos los equipos, ni en el caso de todos los jugadores, dejan de acudir a los hospitales de la Caja. Lo hacen solo aquellos que pueden pagar el servicio, y cuando la urgencia lo exige.

Pero, en todo caso, este no es el punto central de la discusión. Es lo que los dirigentes nunca han querido tener claro. La Seguridad Social costarricense está fundamentada en el acceso generalizado de la población a servicios de salud de calidad, cuyos costos son cubiertos por todos los trabajadores que cotizan al sistema.

Una buena parte de los jugadores del fútbol costarricense ganan altos salarios. De hecho, en muchos casos, son montos por encima de lo que en teoría se tendería, que puede soportar su actividad. Sin embargo, las juntas directivas y las gerencias se cobijan en diversos mecanismos para reducir las transferencias a la Caja. Así, han surgido figuras como los derechos de imagen y los fichajes, que siendo ingresos que perciben los jugadores por su vinculación con un equipo de fútbol, no eran contemplados como tales para efectos de los reportes ante la institución.

El fallo de la Sala Segunda, última instancia legal en la disputa, deja establecido que todos los ingresos que perciban los jugadores, incluso si fuesen en especie, han de considerarse como parte del salario.

Esto deja en una situación comprometida a los equipos de la primera y la segunda división, porque se había extendido el uso de la figura de los derechos de imagen. Si bien la Liga sostuvo en su demanda que suelen firmarse dos contratos -uno por el aspecto laboral y otro con los otros conceptos de la negociación- lo cierto del caso es que la mayoría de los jugadores en realidad solamente tienen contratos por concepto de derechos de imagen, aunque es obvio que tienen una vinculación laboral con algún equipo.

De hecho, a partir del fallo de la Sala, incluso los equipos que se mantenían al día en los pagos a la entidad aseguradora quedan en una nueva condición. Eso por cuanto una vez que se hagan las revisiones de los pagos por distintos conceptos a los jugadores, todos tendrán que ponerse al día en sus compromisos.

Siempre hemos sostenido la tesis de que el fútbol, además de ser un deporte, es también una estructura social y económica. Por ende, no pueden sus dirigentes abstraerse de esas realidades. Los jugadores tampoco pueden perder de vista que, en su condición de figuras públicas, están llamados a dar el ejemplo en todos los campos.

El fallo se ha tardado, pero ha llegado, y ahora corresponde a las autoridades de la Caja hacerlo cumplir.