PARTICIPA EN CONVERSATORIO
CON FUNCIONARIOS JUDICIALES
Para el Dr. Casas se deben identificar los cuellos de botella que tiene entrabado al Estado que han convertido la emisión de un acto administrativo en un verdadero acto de heroísmo por la cantidad de controles internos que pesan sobre la administración pública.
Es por ello que consideró urgente revisar los controles de la administración sin bajar la guardia en la lucha contra la corrupción. Sin embargo es necesario eliminar los que llevan a la inmovilización estatal.
Comentó que el exceso en la creación de órganos con personería jurídica instrumental han convertido algunos ministerios en grandes entes que tienen un mismo fin.
En los últimos 15 años se han creado más de una centena en un período que se ha caracterizado por las limitaciones fiscales.
En criterio del Dr. Casas la reforma estatal también debe tomar en cuenta el descontento ciudadano por los hechos de corrupción que han sacudido al país en los últimos 20 años y la no solución de los problemas urgentes, como la red vial, problemas de salud, acceso a la educación y el aumento de la pobreza.
Es por ello que dentro de la reforma al Estado urgen cambios en los gobiernos locales para que sean ellos los que solucionen los problemas de sus comunidades, pues actualmente la insatisfacción ciudadana únicamente la recibe la Presidencia de la República. En su criterio se debe crear un mecanismo de acreditación de Municipalidades que permita la evaluación del desempeño.
En relación con la inmersión del Poder Judicial dentro de la reforma del Estado se discutió lo inconveniente que resulta que la administración de justicia sea un agente cobrador de las empresas de tarjetas de crédito que año con año engrosan el circulante de los juzgados civiles.
Los jerarcas judiciales que participaron en el conversatorio fueron coincidentes en que las políticas de reforma que impulsa el Poder Ejecutivo involucren al Poder Judicial pues es claro que se debe brindar a los futuros inversionistas un clima transparente en la seguridad jurídica.
Además por ser el país un Estado de Legalidad se esencial visualizar el impacto que el crecimiento económico y las reformas del estado tendrán sobre la administración de justicia.
El magistrado Luis Guillermo Rivas y el magistrado Román Solís, ambos de la Sala Primera señalaron la necesidad de que este Poder de la República esté inmerso en los planes de reforma y reestructuración estatal que impulsa el MIDEPLAN dentro del marco de la coordinación y la delimitación de competencias de cada Poder de la República.
Es por ello que consideró urgente revisar los controles de la administración sin bajar la guardia en la lucha contra la corrupción. Sin embargo es necesario eliminar los que llevan a la inmovilización estatal.
Comentó que el exceso en la creación de órganos con personería jurídica instrumental han convertido algunos ministerios en grandes entes que tienen un mismo fin.
En los últimos 15 años se han creado más de una centena en un período que se ha caracterizado por las limitaciones fiscales.
En criterio del Dr. Casas la reforma estatal también debe tomar en cuenta el descontento ciudadano por los hechos de corrupción que han sacudido al país en los últimos 20 años y la no solución de los problemas urgentes, como la red vial, problemas de salud, acceso a la educación y el aumento de la pobreza.
Es por ello que dentro de la reforma al Estado urgen cambios en los gobiernos locales para que sean ellos los que solucionen los problemas de sus comunidades, pues actualmente la insatisfacción ciudadana únicamente la recibe la Presidencia de la República. En su criterio se debe crear un mecanismo de acreditación de Municipalidades que permita la evaluación del desempeño.
En relación con la inmersión del Poder Judicial dentro de la reforma del Estado se discutió lo inconveniente que resulta que la administración de justicia sea un agente cobrador de las empresas de tarjetas de crédito que año con año engrosan el circulante de los juzgados civiles.
Los jerarcas judiciales que participaron en el conversatorio fueron coincidentes en que las políticas de reforma que impulsa el Poder Ejecutivo involucren al Poder Judicial pues es claro que se debe brindar a los futuros inversionistas un clima transparente en la seguridad jurídica.
Además por ser el país un Estado de Legalidad se esencial visualizar el impacto que el crecimiento económico y las reformas del estado tendrán sobre la administración de justicia.
El magistrado Luis Guillermo Rivas y el magistrado Román Solís, ambos de la Sala Primera señalaron la necesidad de que este Poder de la República esté inmerso en los planes de reforma y reestructuración estatal que impulsa el MIDEPLAN dentro del marco de la coordinación y la delimitación de competencias de cada Poder de la República.