LA ESCUELA JUDICIAL COMO MOTOR DE

 

UNA JUSTICIA ACCESIBLE Y EFICAZ

 

Dr. Marvin Carvajal Pérez
Director de la Escuela Judicial
 

Desde su creación en 1971, la Escuela Judicial ha venido desempeñando un papel trascendental en la formación de los servidores y servidoras judiciales, sin el cual los dramáticos cambios llevados a cabo en las últimas décadas en los servicios de Administración de Justicia no habrían podido ser realizados en forma exitosa.

Resulta inalcanzable la meta de un Poder Judicial obligado a transformarse constantemente para mejorar la calidad de los servicios que presta y seguir así contribuyendo al sostenimiento de la institucionalidad nacional, sin un proceso continuo y permanente de capacitación de sus funcionarios de todos los rangos y áreas de acción.

Por otra parte, las constantes transformaciones en el ordenamiento jurídico y la realidad nacional, hacen indispensable que el Poder Judicial esté preparado para adaptarse eficazmente a tales cambios, de modo que estos constituyan factores beneficiosos para el fortalecimiento de su labor y no obstáculos al cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.

En la actualidad se está ante profundos e inminentes cambios estructurales en la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

Las más recientes mutaciones normativas, así como la acción del Derecho de la Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, han provocado cambios de enorme relevancia en materia penal y contencioso administrativa, cuya implementación deberá ser abordada a corto plazo.

Asimismo, en un futuro cercano se deberán producir cambios profundos en las regulaciones procesales y en el Derecho de fondo relativos a las materias constitucional, laboral, civil, etc.

Lo anterior deberá ocurrir en un contexto de creciente estrechez presupuestaria e incremento sostenido de la litigiosidad en el país, obligando a adoptar medidas adecuadas para preparar el Poder Judicial para sacar provecho de tales cambios en beneficio de la calidad de los servicios que presta y de los usuarios de éstos.

Para ello, es indispensable adoptar entre otras las siguientes medidas:

a) Capacitar a los funcionarios y funcionarias judiciales en la búsqueda de la calidad total de los servicios públicos que presta. Esto implica fomentar una cultura de respeto y atención esmerada de los usuarios de los servicios judiciales, y al mismo tiempo formación en el logro eficaz de las funciones que debe llevar a cabo para que todos los usuarios reciban un servicio de calidad, célere y efectivo en la aplicación del ordenamiento vigente.

b) La formación debe estar centrada en la necesidad de maximización de recursos a que está obligado el Poder Judicial, en el contexto de una sociedad donde el avance tecnológico y las transformaciones económicas y sociales obligan a buscar soluciones idóneas y creativas.

c) Otro gran eje de acción de la Escuela Judicial debe estar volcado a la preparación de la institución para su incursión plena en el “Gobierno Digital”. El “expediente electrónico”, y la más ambiciosa –aunque necesaria- meta del “proceso virtual”, constituyen rutas inexorables en la modernización de la función jurisdiccional, a través de los cuales se podría lograr un destacado ahorro de recursos, a la vez que un acercamiento de la Justicia a las personas y una mejoría sustancial en la calidad de los servicios judiciales.

d) Todos los programas de capacitación deben contemplar la difusión de una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, deben centrarse en la necesidad de asegurar que los servicios judiciales no afecten o expongan los derechos de las personas que los emplean. Todos los planes de formación deben además contemplar adecuadamente una visión de género.

e) Se debe masificar el empleo de herramientas virtuales de capacitación. Ya se han dado los primeros pasos con la implementación de algunos cursos a través del “Campus Virtual” y de un uso cada vez más extendido de las videoconferencias. Sin embargo, el empleo de tales herramientas debe convertirse en la regla, de modo que se pueda ampliar significativamente la oferta formativa de la Escuela Judicial, haciéndola más accesible a todos los despachos judiciales, sin importar su ubicación geográfica, sin que ello requiera de una inversión ajena a la realidad económica de la institución.

f) La Escuela Judicial debe seguir participando activamente en los procesos de modernización de los poderes judiciales iberoamericanos. De la comparación con otras experiencias exitosas de capacitación judicial se pueden lograr mejoras significativas, evitando la exposición al sistema de prueba y error.

g) Aprovechar iniciativas ambiciosas de cooperación internacional, tales como Eurosocial - Justicia, de cuyo presupuesto puede provenir el financiamiento para la implementación de diversas políticas de formación judicial. Para ello, dichos programas deberán tener una vocación expansiva, que permita su implementación en otros países de la región.

h) Los recursos del Programa Corte/BID II que a la fecha no han sido ejecutados, deben ser empleados con la mayor eficiencia posible, de modo que permitan coadyuvar adecuadamente en los procesos de mejoramiento de la defensa Pública, el Ministerio Público y la gestión de los despachos judiciales.

i) Desarrollar planes plurianuales de formación, que contemplen con anticipación suficiente las necesidades primarias de la institución y los usuarios de sus servicios. A partir de tales programas, aunque con la flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios eventuales, es que deben ser desarrollados los planes estratégicos anuales de la Escuela. Para ello, se deben implementar mecanismos eficaces de evaluación de los resultados de la capacitación que se brinde.

j) La Escuela Judicial debe ser una institución líder en la prestación de sus servicios. Lo anterior obliga a propiciar una adecuada distribución de funciones y responsabilidades, que permita obtener lo mejor de la capacidad y experiencia profesional de cada uno de sus servidores.

k) Se deben aprovechar adecuadamente las capacidades y experiencia de las funcionarias y funcionarios de la Escuela, implementando programas de formación que maximicen el aprovechamiento de los conocimientos y habilidades de sus formadores, de la infraestructura y de las tecnologías disponibles.

l) La Jefatura y Subjefatura de la Escuela Judicial debe involucrarse activamente en el logro de las anteriores estrategias, pues no se trata de un esfuerzo que corresponda únicamente a algunos componentes de la organización. Por el contrario, deber ser una labor de equipo, para el cual deben contribuir todos sus integrantes.

Estas son algunas de las medidas que deben ser adoptadas para consolidar la posición de la Escuela Judicial como impulsor de las grandes transformaciones que requiere el Poder Judicial, y que a mediano plazo, redundarán en un servicio de administración de justicia más eficaz y respetuoso de los derechos de sus usuarios.