| Desde su creación en 1971, la Escuela Judicial ha venido
desempeñando un papel trascendental en la formación de los servidores y
servidoras judiciales, sin el cual los dramáticos cambios llevados a
cabo en las últimas décadas en los servicios de Administración de
Justicia no habrían podido ser realizados en forma exitosa. Resulta
inalcanzable la meta de un Poder Judicial obligado a transformarse
constantemente para mejorar la calidad de los servicios que presta y
seguir así contribuyendo al sostenimiento de la institucionalidad
nacional, sin un proceso continuo y permanente de capacitación de sus
funcionarios de todos los rangos y áreas de acción.
Por otra parte, las constantes transformaciones en el ordenamiento
jurídico y la realidad nacional, hacen indispensable que el Poder
Judicial esté preparado para adaptarse eficazmente a tales cambios, de
modo que estos constituyan factores beneficiosos para el fortalecimiento
de su labor y no obstáculos al cumplimiento de sus deberes
constitucionales y legales.
En la actualidad se está ante profundos e inminentes cambios
estructurales en la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
Las más recientes mutaciones normativas, así como la acción del
Derecho de la Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, han provocado cambios de enorme relevancia en materia penal y
contencioso administrativa, cuya implementación deberá ser abordada a
corto plazo.
Asimismo, en un futuro cercano se deberán producir cambios profundos
en las regulaciones procesales y en el Derecho de fondo relativos a las
materias constitucional, laboral, civil, etc.
Lo anterior deberá ocurrir en un contexto de creciente estrechez
presupuestaria e incremento sostenido de la litigiosidad en el país,
obligando a adoptar medidas adecuadas para preparar el Poder Judicial
para sacar provecho de tales cambios en beneficio de la calidad de los
servicios que presta y de los usuarios de éstos.
Para ello, es indispensable adoptar entre otras las siguientes
medidas:
a) Capacitar a los funcionarios y funcionarias judiciales en la
búsqueda de la calidad total de los servicios públicos que presta.
Esto implica fomentar una cultura de respeto y atención esmerada de
los usuarios de los servicios judiciales, y al mismo tiempo
formación en el logro eficaz de las funciones que debe llevar a cabo
para que todos los usuarios reciban un servicio de calidad, célere y
efectivo en la aplicación del ordenamiento vigente.
b) La formación debe estar centrada en la necesidad de
maximización de recursos a que está obligado el Poder Judicial, en
el contexto de una sociedad donde el avance tecnológico y las
transformaciones económicas y sociales obligan a buscar soluciones
idóneas y creativas.
c) Otro gran eje de acción de la Escuela Judicial debe estar
volcado a la preparación de la institución para su incursión plena
en el “Gobierno Digital”. El “expediente electrónico”, y la más
ambiciosa –aunque necesaria- meta del “proceso virtual”, constituyen
rutas inexorables en la modernización de la función jurisdiccional,
a través de los cuales se podría lograr un destacado ahorro de
recursos, a la vez que un acercamiento de la Justicia a las personas
y una mejoría sustancial en la calidad de los servicios judiciales.
d) Todos los programas de capacitación deben contemplar la
difusión de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, deben centrarse en la necesidad de asegurar que los
servicios judiciales no afecten o expongan los derechos de las
personas que los emplean. Todos los planes de formación deben además
contemplar adecuadamente una visión de género.
e) Se debe masificar el empleo de herramientas virtuales de
capacitación. Ya se han dado los primeros pasos con la
implementación de algunos cursos a través del “Campus Virtual” y de
un uso cada vez más extendido de las videoconferencias. Sin embargo,
el empleo de tales herramientas debe convertirse en la regla, de
modo que se pueda ampliar significativamente la oferta formativa de
la Escuela Judicial, haciéndola más accesible a todos los despachos
judiciales, sin importar su ubicación geográfica, sin que ello
requiera de una inversión ajena a la realidad económica de la
institución.
f) La Escuela Judicial debe seguir participando activamente en
los procesos de modernización de los poderes judiciales
iberoamericanos. De la comparación con otras experiencias exitosas
de capacitación judicial se pueden lograr mejoras significativas,
evitando la exposición al sistema de prueba y error.
g) Aprovechar iniciativas ambiciosas de cooperación
internacional, tales como Eurosocial - Justicia, de cuyo presupuesto
puede provenir el financiamiento para la implementación de diversas
políticas de formación judicial. Para ello, dichos programas deberán
tener una vocación expansiva, que permita su implementación en otros
países de la región.
h) Los recursos del Programa Corte/BID II que a la fecha no han
sido ejecutados, deben ser empleados con la mayor eficiencia
posible, de modo que permitan coadyuvar adecuadamente en los
procesos de mejoramiento de la defensa Pública, el Ministerio
Público y la gestión de los despachos judiciales.
i) Desarrollar planes plurianuales de formación, que contemplen
con anticipación suficiente las necesidades primarias de la
institución y los usuarios de sus servicios. A partir de tales
programas, aunque con la flexibilidad suficiente para adaptarse a
los cambios eventuales, es que deben ser desarrollados los planes
estratégicos anuales de la Escuela. Para ello, se deben implementar
mecanismos eficaces de evaluación de los resultados de la
capacitación que se brinde.
j) La Escuela Judicial debe ser una institución líder en la
prestación de sus servicios. Lo anterior obliga a propiciar una
adecuada distribución de funciones y responsabilidades, que permita
obtener lo mejor de la capacidad y experiencia profesional de cada
uno de sus servidores.
k) Se deben aprovechar adecuadamente las capacidades y
experiencia de las funcionarias y funcionarios de la Escuela,
implementando programas de formación que maximicen el
aprovechamiento de los conocimientos y habilidades de sus
formadores, de la infraestructura y de las tecnologías disponibles.
l) La Jefatura y Subjefatura de la Escuela Judicial debe
involucrarse activamente en el logro de las anteriores estrategias,
pues no se trata de un esfuerzo que corresponda únicamente a algunos
componentes de la organización. Por el contrario, deber ser una
labor de equipo, para el cual deben contribuir todos sus
integrantes.
Estas son algunas de las medidas que deben ser adoptadas para
consolidar la posición de la Escuela Judicial como impulsor de las
grandes transformaciones que requiere el Poder Judicial, y que a mediano
plazo, redundarán en un servicio de administración de justicia más
eficaz y respetuoso de los derechos de sus usuarios. |