Jueves 17 de noviembre,
2005
San José, Costa Rica.
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Karla Montero, y su abogado, Donald Picado sostienen que la
policía fue negligente. |
Delincuente habitual se hacía pasar por ella
Robo de identidad causa injusto arresto de abogada
Este año el OIJ ha atendido más de 140 fechorías mediante
suplantaciones
Perjuicio a las víctimas supera los ¢3.000 millones al año,
según el OIJ
Otto Vargas M.y Rónald Moya
rmoya@nacion.com
El 3 de junio pasado, la abogada Karla Montero Soto fue detenida en su oficina en la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), en San José.
La fiscalía le atribuyó un asalto contra una señora de apellido Quintanilla a quien, según la acusación, Montero -de 35 años y madre de una niña- amenazó en la calle con un cuchillo que colocó en su estómago para despojarla de ¢1.500.
Ante la mirada atónita de sus compañeros de trabajo, la profesional fue sacada de su oficina y trasladada en un vehículo de la policía hasta el Juzgado Penal de San José. La abogada suplicó a los oficiales que no se la llevaran porque no era ella a quien buscaban.
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Demanda Karla Montero estudia una posible demanda contra el Poder Judicial por daño moral |
Insistió en que había un error, pero los agentes no atendieron a las súplicas.
En el Juzgado, y con el expediente en mano, Montero se dio cuenta de que una mujer a quien la policía había pasado más de 10 ocasiones a los tribunales, la suplantaba con una cédula robada.
En ese momento llegaron dos oficiales del OIJ al despacho para trasladarla a las celdas judiciales; estaban dispuestos a esposarla.
Sin embargo, un abogado cercano a la profesional intervino y habló con el juez, a quien convenció de que la detenida no era la persona buscada.
Al juez le bastaron pocos minutos para comprender el error y ordenó liberarla.
Pero el drama no terminó ahí. Tres meses después, en agosto de este año, el nombre de Montero figuraba, en calidad de imputada, en la base de datos del juzgado.
Tuvo que interponer un recurso de hábeas corpus para que su nombre fuera borrado pues temía que la volvieran a detener. La Sala Constitucional le dio la razón.
Mal frecuente. El caso de la abogada Montero no es aislado.
Solo en San José, la sección de Fraudes de la Policía Judicial recibe al año un promedio de 120 denuncias por estafas con propiedades mediante la usurpación de identidad. Ellos también tramitan al año 20 casos de personas que descubrieron que terceros suplantaron su nombre.
La Comisión de Seguridad Bancaria, por su parte, tiene informes de que por semana cada sucursal enfrenta de tres a cuatro intentos de fraudes con cédulas alteradas o falsificadas.
Las autoridades judiciales estiman que al año los golpes cometidos mediante la usurpación de identidades dejan pérdidas por más de ¢3.000 millones.
Identidades robadas también han servido para saquear cuentas bancarias, pedir préstamos en financieras, nacionalizar a extranjeros y ocultar el rastro criminal de hampones.
Así le ocurrió a un mensajero nicaragüense de apellido Guido, cuyo nombre utilizó un delincuente para negociar ante el Tribunal de Juicio de Liberia, el 3 de diciembre del 2002, una pena por incurrir en un delito de uso de documento falso.
"Me di cuenta (de la usurpación) cuando llegué a Migración a renovar mi cédula de residencia y me la rechazaron por la sentencia. Me quedé sorprendido", contó este hombre de 25 años de edad.
Problema. Para el juez Jorge Morales, del Tribunal de Juicio de San José, cualquier persona víctima de asalto es un potencial "usurpado".
"A las personas afectadas la vida se les hace añicos. Es un hecho que el fenómeno (robo de identidades) existe. No son casos excepcionales", consideró.
Los casos atendidos le dan la razón. El 15 de julio, el prófugo ecuatoriano Iván Landes aterrizó en el aeropuerto de Limón. Tenía el pasaporte de un vecino de Puntarenas que murió el 10 de noviembre de 1993 en una colisión.
Asaltante utilizó el nombre de un peón
Otto Vargas M.
ovargas@nacion.com
A lo largo de la causa que le siguieron por robo agravado y privación de libertad, los jueces conocieron a John Bustillo Espinoza bajo el nombre de un vecino de Siquirres -de apellido Cabrera-, cuya identidad usurpó.
Bustillo aceptó haber asaltado el 30 de octubre del 2004 a un taxista, víctima que bajo amenaza condujo desde Heredia centro hasta Lomas del Río, en Pavas.
Ahí fue despojado de sus bienes. Esa misma noche, la Fuerza Pública detuvo al sospechoso.
En agosto pasado, Bustillo confesó a cambio de una pena menos severa (negoció con la Fiscalía ocho años de cárcel), pero entonces surgió una disyuntiva. De condenarlo bajo la identidad de Cabrera, el expediente de criminal de un inocente quedaría manchado, pues Bustillo asumió la identidad de un peón agrícola de 21 años.
"Existía una gran duda sobre la identidad de la persona a favor de la cual se iba a acordar dicha diligencia (aceptación de cargos)", señaló el juez Jorge Luis Morales en la sentencia.
Sin identidad. Antes de dejar en firme el fallo, las autoridades judiciales se dieron a la tarea de identificar al acusado.
Bustillo entró en contradicciones. En principio dijo ser de Talamanca, en Limón, pero después aseguró ser panameño.
"Le preguntamos por el nombre de los padres, pero los apellidos no calzaban", relató un funcionario judicial que participó en la audiencia.
El Tribunal tuvo que conformarse con el otro nombre que aportó: John Bustillo Espinoza.
"Estaba claro que esa era la persona detenida por el asalto. Además, ese nombre no correspondía al de otra persona. Por eso se aceptó", agregó la fuente.
En la sentencia emitida el 19 de agosto pasado, Bustillo está inscrito como "indocumentado de calidades ignoradas".
Sustraían datos en cajeros
Rónald Moya
rmoya@nacion.com
Los ladrones de identidades también se apoderan de los datos claves de las personas por medios electrónicos.
Así quedó evidenciado en la ciudad guanacasteca de Liberia hace apenas dos semanas cuando los agentes judiciales desarticularon una banda de tres extranjeros que saqueaban fondos en los cajeros automáticos.
El grupo instalaba una especie de carátula sobre la pantalla de los cajeros con un dispositivo que permitía obtener la información de la banda magnética de las tarjetas de crédito y débito.
Como el "pin" quedaba registrado, lo utilizaban para sacar el dinero de los clientes.
El 7 de noviembre pasado fueron detenidos dos hombres y una mujer del grupo.
Los tres individuos se hospedaban en un hotel liberiano.
En la habitación se les decomisó una lista de cajeros automáticos y tres computadoras. Un juez de Liberia les impuso seis meses de prisión preventiva.
Para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en estos casos se trata de un robo de identidad porque los delincuentes se apoderan de los datos del dueño de la tarjeta para sacar los fondos.
Según la policía, los ladrones pueden robar también las tarjetas de crédito y débito a sus dueños y desde su propia computadora, entrar a las cuentas ajenas y transferir los fondos electrónicamente.