Entrevista: Jorge Rojas Vargas

Argumenta que ese beneficio, así como la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del daño son medidas a favor del delincuente. En su criterio el hampa debe ser combatida de una manera integral.

Carlos Arguedas C.
carguedas@nacion.com

Director del OIJ pide eliminar conciliación

Edad: 49 años

Estado civil: Casado

Profesión: Abogado

¿Está aumentando la criminalidad en el país?

Normalmente está aumentando pero no en cifras delicadas. Si comparamos las estadísticas con las del año pasado, no es que haya una alza enorme pero hay un crecimiento normal. Lógicamente uno quisiera que decreciera.

¿En qué tipos de delitos se nota ese incremento?

En el bajonazo de carros, en el robo y asaltos a viviendas, las tachas de vehículos y asaltos en la calle en el centro de San José.

¿Qué acciones está tomando la Policía Judicial para enfrentar ese hecho?

Lo lógico es empezar por una buena prevención. El ciudadano no debe andar exhibiendo joyas pero también debe de reforzarse muy bien a Seguridad Pública para darle mayor presencia a la policía preventiva. Igual que nosotros porque no voy a esconder que la estructura del OIJ está ya desfazada de la realidad.

¿Se le debe dejar todo al OIJ y la Fuerza Pública?

La única verdadera forma de enfrentar el tema es entrarle en forma integral. Si la Municipalidad de San José sigue haciendo bulevares, pero no están iluminados y con vigilancia, entonces estamos en problemas. Hay que tomar en cuenta la desintegración familiar, la deserción escolar, el consumismo. La gente quiere tener de todo pero sin trabajar. Entonces se dedican a vender drogas, a robar carros. Vean que el robo de carros lo comete una juventud de un nivel más o menos, no de precario. La sociedad, los grupos religiosos y comunales, deben preocuparse por cómo controlan la violencia.

En muchos casos la gente se queja del por qué una persona que roba una cadena, al día siguiente está libertad. ¿Qué es lo que está pasando?

La gente está exigiendo soluciones a nuestra Policía y a la preventiva. Pero vea que para resolver esto se debe mejorar el sistema penal. El proceso penal está ayudando a que las cosas se vean muy complicadas. Por ejemplo, en San José, roban una cadena, tachan un vehículo, jalan un bolso. Nosotros o la policía preventiva detenemos al sospechoso. En ocasiones la víctima lo que quiere es que le devuelvan la cadena y que todo termine ahí. El proceso nos les interesa. Esa gente la llevamos a los tribunales, pero es ahí donde viene la conciliación, que permite un arreglo en los delitos con un extremo menor cuando la pena sea menor a tres años de prisión.

Pero, ¿en qué afecta eso?.

Hay personas que se dedican a robar y robar. La Policía los agarra, pero van a solicitar la conciliación, pero lo que hacen es robarle a B para pagarle A. Para conciliar le dan tiempo un año, que tiene para pagar o resarcir lo que se llevó.

¿Cual es su posición respecto a la conciliación?

Para mi la conciliación debería de desaparecer. Es importante esa herramienta para descongestionar tribunales, pero no para resolver los problemas delicuenciales de un país. Los expertos dicen que al conciliar, un hombre ya no va a juicio. Pero qué gano con eso. Si el problema se lo trasladan a la sociedad, pues le dicen vaya a la calle robe de nuevo, venga y cuando vuelva a caer vuelva a conciliar. La conciliación no se registra en nada. La persona puede conciliar 365 veces en un año en distintas partes del país.

¿Existen otros problemas que ustedes detectaran?

El otro instituto es la suspensión del proceso a prueba que tiene los mismos requisitos que la conciliación (penas menores a tres años y que no tenga juzgamientos). Aquí el imputado debe ofrecer un plan reparador. Ya no tiene un año para reparar el daño, sino que va de dos a cinco años. Aquí si se registran. No puede llegar a este derecho dos veces y después viene el otro: la reparación integral del daño y va de nuevo. Lo que hacen es negociar la justicia, no me mande a la cárcel, yo le pago. El tema es muy bueno para descongestionar tribunales, pero le hacen sentir a la gente la sensación de inseguridad e impunidad. Ahí todavía falta otro tema de fondo, que es la bagatela (algo insignificante y que cause perjuicio mínimo a la víctima). El Ministerio Público no ha definido cual va a ser la bagatela, pues ellos son los que definen a partir de qué monto se persigue un delito. Entonces habría que ver sí un cadenazo, un jalonazo de un bolso es bagatela.

Con esto que dice interpreto, que al país le falta una política criminal?

Yo diría que más que una política criminal es darle instrumentos a los policías para que enfrenten el delito con herramientas como la intervención telefónica que necesitamos extenderlas a delitos como el robo de vehículos y las extorsiones que son del crimen organizado. Pero necesitamos que haya como mínimo jueces de escucha, que fue lo que le propuse al Presidente de la Corte hace su rato y no he recibido respuesta. Con el sistema actual un juez penal debe cumplir sus labores normales y, además, escuchar las grabaciones. Eso es imposible.