Domingo 02 de octubre, 2005
San José, Costa Rica.

Procesos con grandes atrasos

Rebeldía de imputados obliga a suspender millares de juicios

Solo el año pasado se pospusieron 1.440 debates por ese motivo
Hay problemas para localizar testigos o ausencia de abogados

Irene Vizcaíno
ivizcaino@nacion.com

Cada año los tribunales penales suspenden miles de juicios y una de las principales causas es la ausencia de los imputados en la última fase del proceso judicial.

Solo en el 2004 dejaron de realizarse 3.786 juicios y la rebeldía de los acusados fue la principal causa en 1.440 casos, según estadísticas del Departamento de Planificación del Poder Judicial.

Las otras razones de suspensión se distribuyen entre sobreseimientos, testigos no localizados, cambios de abogados a última hora, pericias inconclusas o choque de horarios de abogados, fiscales o jueces.

Aunque los números demuestran que hay una tendencia a la baja en cuanto a juicios no celebrados, se mantiene la rebeldía como la principal causa.

En el 2003 hubo 1.401 casos y un año antes 1.122 ausencias de imputados en los juicios.

Se pierde interés. Para Marta Iris Muñoz, jefa de la Defensa Pública, el verdadero problema es la duración de los procesos judiciales pues provoca que las partes pierdan interés.

"Los imputados que están libres siguen su vida. Tienen trabajo y familia, y no pueden venir todas las semanas para buscar a su abogado defensor y preguntar cuándo va a ser el juicio", explicó .

Problema

Entre más tarde la realización de un juicio menos interés demuestran los testigos

También, conforme pasa el tiempo los testigos están menos anuentes a colaborar con la justicia, aparte de que olvidan los hechos y temen presentarse a declarar, dijo el fiscal Edgardo Bonilla.

Agregó que cada vez con más frecuencia hay extranjeros involucrados en los procesos y, como no tienen arraigo, cambian de domicilio con mucha facilidad, lo que dificulta la localización.

"En el caso de los delitos sexuales afecta más la suspensión de juicios, porque significa que la víctima va a repetir una vez más su versión", dijo el juez Sergio Quesada.

Esfuerzo en vano.Cada vez con más insistencia el Consejo Superior del Poder Judicial hace recomendaciones para evitar las suspensiones de debates pues implican costos muy altos.

"Hay más atraso en la justicia porque se tiene que volver a incluir el caso en las agendas de los tribunales. Además, se pierde toda la preparación para traer a la gente que tiene que participar", se quejó el magistrado Alfonso Chaves, presidente del Consejo.

Y es que para que una causa judicial llegue a debate transcurre, en promedio, un año y ocho meses en el proceso de investigación y en la etapa intermedia.

Finalmente el tribunal incluye el caso en su ajustado calendario y notifica al acusado, al ofendido y a los testigos para que tramiten los permisos de trabajo o realicen cualquier otra gestión para acudir al debate.

Si las partes no tienen recursos económicos, el Poder Judicial paga el transporte.

Todo el esfuerzo económico y de tiempo se pierde con cada suspensión. Existen casos como uno en Heredia por estafa que ha sido aplazado en cinco ocasiones.

Las quejas por las suspensiones ya figuran en la lista de los problemas más frecuentes que maneja la Contraloría de Servicios del Poder Judicial.

Dificultades

Difícil localizarlos

Nombre: Edgardo Bonilla

Puesto: Fiscal de juicio

"Cuando pasa mucho tiempo para el juicio es más difícil localizar a los testigos y ofendidos".

Más trabajo

Nombre: Johnny Mejía

Ocupación:juez de juicio

"La suspensión nos acumula trabajo. Ocurre aunque se cite a las partes dos meses antes".

Francisco Ramírez exige el pago de $1,5 millones.
Marianela Víquez

Cinco llamados a debate... y nada

Irene Vizcaíno y Carlos Arguedas
ivizcaino@nacion.com

Por quinta vez José Francisco Ramírez Quesada hizo el viaje perdido a los Tribunales de Heredia pues nuevamente el juicio por estafa en el cual figura como ofendido fue pospuesto.

La primera suspensión del debate ocurrió el 4 de abril del 2004. Luego vinieron dos fallidos intentos en julio y agosto últimos.

El cuarto señalamiento del debate se hizo para el lunes 19 de setiembre, pero esa vez tampoco arrancó porque un miembro del tribunal estaba de vacaciones.

Los dos cojueces restantes acordaron solicitar un sustituto para el día siguiente. Sin embargo, el martes 20 de setiembre no se pudo conseguir ese juez sustituto y por quinta vez el debate no se celebró.

Todas estas complicaciones aumentan la frustración de Ramírez, quien ya tiene ocho años de esperar una respuesta de la justicia.

La aparente estafa en su perjuicio, según comentó, tuvo origen en 1996 y al año siguiente presentó la denuncia penal contra dos hombres de apellido Solís y Cerdas.

La presunta víctima alega que es propietario de un tajo y un terreno aledaño sobre los cuales llegó a un convenio con una empresa para que esta lo explotara.

Ramírez argumenta ante los jueces que los representantes de aquella compañía no solo incumplieron el convenio, sino que de repente lo dejaron incluso sin sus propiedades.

Por estos hechos reclama que fue estafado por aproximadamente $1,5 millones.

"En octubre cumpliré 72 años y seguiré esperando justicia", expresó Ramírez el martes 20 de setiembre, muy decepcionado por la nueva suspensión.

Desde que interpuso la demanda el tajo no ha sido explotado y Ramírez se quedó sin sus ingresos adicionales, por lo que ha tenido que recurrir a la venta de otros bienes para mantener a su familia.

Ahora se habla de que el juicio se celebraría este mes.