Los ministros Jorge Torres (Seguridad) y Gerald Campos (Justicia) y los presidentes de la Corte Orlando Aguirre y de la Sala Tercera de Justicia Patricia Solano coinciden en que se debe tener una ley de ejecución de la pena. (Foto cortesía de la Asamblea Legislativa).

País

Autoridades de seguridad piden dejar de «buscar culpables» y enfocarse en reformas por ola de criminalidad

 Por Mario Bermúdez Vives | marbeviv@gmail.com

 23 marzo, 2023

Personas que tenían una medida alternativa a prisión y fueron reingresados pasaron de 13,7% en 2020 a 20,5% en 2021 y 28,1% en 2022. Seguridad cuestiona situación de 172.296 detenidos de mayo a la actualidad, que no se refleja en alrededor de 15 mil sentenciados al año en últimos períodos

Autoridades del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo coincidieron en que se requieren reformas legales urgentes para enfrentar el tema de la reincidencia criminal en el país, que se encuentra en aumento.

Según los datos del Ministerio de Justicia, para el 2020, 2.180 personas pasaron del nivel institucional (prisión) a medidas alternativas, como el modelo semi institucional o las tobilleras, de los cuales 300 fueron reingresados (no cumplieron los requisitos del sistema o autoridades decidieron quitarla, lo que representó un 13,7%).

Para el 2021, las personas que pasaron del nivel institucional a uno alternativo fueron 2.313, de las cuales 475 fueron reingresadas (20,5%), mientras en el 2022, el registro señaló que 1.929 del nivel institucional pasaron a medidas alternativas, pero 543 tuvieron que ser reingresados (28,1%).

Para abordar este panorama, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Orlando Aguirre, la presidenta de la Sala Tercera (materia penal) Patricia Solano, y los ministros Jorge Torres de Seguridad y Gerarld Campos de Justicia, acudieron ante la comisión de Seguridad y Narcotráfico, con el encargo de analizar las reformas que se requieren en esta área.

Un dato que inquietó a los diputados fue citado por Torres, quien indicó que de mayo a la fecha, Seguridad realizó 172.296 aprehensiones, “pero siguen libres”, dijo. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad enfatizó que no estaba responsabilizando a otros por esta situación. “No se trata de buscar un culpable, si el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Seguridad, sino de ver el grado de violencia que enfrentamos”.

Dado que las personas sentenciadas en el 2020 fueron 16.893, y en el 2021 alcanzaron la cifra de 15.840, los diputados consideraron que se trata de un tema en el que las cifras “no cierran”.

Empero, en este tema los jerarcas realizaron varias acotaciones. La magistrada Solano especificó que en materia de ejecución de la pena, hay responsabilidad de los juzgados de ejecución de la pena, del Poder Judicial, y del Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo, mediante la Dirección Nacional de Adaptación Social y el Instituto Nacional de Criminología.

Solano también recordó que el fiscal Carlo Díaz presentó una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento de la materia. “No existe una ley de ejecución penal, se norma mediante reglamentos, que en 2018 se compilaron creo que unos 40 en uno solo”, dijo.

Otra problema que identificó Solano fue las reformas a los archivos judiciales, lo que acortó los plazos para borrar los asientos (procesos judiciales), lo que ha incidido en que aumentan las posibilidades de que una persona vuelva a ser considerada “primaria” (es decir, que por no tener antecedentes, puede acceder con más facilidad a cambios en la ejecución de la pena). “Esto puede incidir en la reincidencia”, dijo.

Por su parte, el Ministro de Justicia comentó que identificó problemas al buscar coordinar con las fuerzas policiales, ya que no había mecanismos para que consultaran si personas detenidas tenían asuntos pendientes, o si se les había cambiado la modalidad de ejecución de la pena.

Campos también indicó que se les solicitó pasar una mayoría de las personas en sistema cerrados a modelos semi institucionales, porque las cárceles estaban colapsando. “Mi posición era que se requerían estudios técnicos, y empezamos a recibir órdenes de cierre de centros penales por jueces de ejecución. Si nos cierran los centros ¿dónde ubico a los detenidos?”, dijo. Campos también enfatizó que la labor del sistema penitenciario es buscar la resocialización de las personas sentenciadas, que es un ángulo que no se debe perder de vista.

Se mencionaron dos proyectos de ley en este sentido: uno para crear una ley de ejecución de la pena y evitar la condición de discrecionalidad y los vacíos o contradicciones que se presentan en esta materia, y otro para reformar el archivo judicial.

En el primer caso, existe un texto en la corriente legislativa que está por recibir primer debate y no le gusta ni a los representantes del Poder Judicial ni a los del Poder Ejecutivo, que estaban trabajando por separado en un texto sustitutivo, pero decidieron tratar de armonizar esfuerzos. En el segundo frente, Aguirre indicó que existe una propuesta del Poder Judicial, que se comprometió a enviar a los diputados próximamente.

En este sentido, Campos enfatizó que el Gobierno está comprometido con una reforma en esta materia. «Vamos con un proyecto de ley de ejecución de la pena, el Presidente (Rodrigo Chaves) va a recibir la propuesta el próximo lunes, para que se presente en abril con un paquete de reformas, que incluyen las medidas cautelares, los registros judiciales», dijo

Empero, Campos también especificó que el principal área de afectación en el tema de la reincidencia se concentra en el grupo de monitoreo electrónico.