Poder Judicial pide estos 6 proyectos contra el crimen
Planes versan sobre delincuencia
organizada, registro de antecedentes penales e intervenciones telefónicas
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Por Josué Bravo16 de marzo 2023,
8:47 PM
Orlando Aguirre,
presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pidió al Gobierno y a los
diputados apoyar seis proyectos de ley para atacar la
criminalidad y mejorar la seguridad pública.
Así lo planteó
durante una reunión con el presidente de la República, Rodrigo Chaves;
y el jerarca de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.
El primero de
los planes planteados por Aguirre es el expediente legislativo 23.090, que
permitiría la operación de una Jurisdicción Especializada en Delincuencia
Organizada en el Poder Judicial.
El segundo es
una reforma al artículo 11 de la Ley del Registro y Archivos Judiciales, a fin
de que el Registro Judicial mantengan por más años los antecedentes penales de
las personas que han cometido delitos.
Por ejemplo, hoy
el asiento es borrado al término de la condena si esta fue inferior a tres años
o por delitos culposos. Con la reforma, el Registro mantendría el dato por tres
años más a partir de ese momento.
Asimismo, para
delitos con penas superiores a cinco años, el antecedente se mantendría por
diez años en todos los casos al cumplirse la sentencia. Hoy, el plazo oscila
entre tres y diez años según la condena.
La tercera reforma
versa sore el Código Procesal Penal y tiene por objetivo dar prioridad al
señalamiento de audiencias y juicios en las que se haya ordenado la protección
de víctimas o testigos.
El cuarto plan
es un ajuste a la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados
e Intervención de las Comunicaciones, para permitir las escuchas telefónicas en
investigaciones sobre femicidios y soborno transnacional.
La quinta iniciativa
es otra reforma al Código Procesal Penal, para fijar plazos a la
resolución de las solicitudes de anticipo jurisdiccional de la prueba y
determinar que lo resuelto por el juez carece de apelación.
Ante la solicitud
del Ministerio Público, el juez deberá ordenar la diligencia y convocar a las
partes en un máximo de cinco días hábiles.
El anticipo
jurisdiccional de la prueba se puede utilizar cuando se presuma que una
declaración, por algún obstáculo difícil de superar, no podrá recibirse durante
el juicio, o cuando exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias
esenciales sobre lo que conoce. También, se aplica cuando la víctima o testigo
corra riesgo por motivo del proceso y se estime que su participación en el
juicio no será posible por el riesgo que implica.
Según la Corte,
esta es una herramienta fundamental para obtener prueba en casos en donde esta
podría perderse. Tal es el caso de declaraciones de testigos que podrían
olvidar los hechos, en casos de delitos sexuales, por ejemplo.
Por último,
el sexto proyecto permitiría que, en los accidentes en
carretera que provoquen una muerte, cuando se trate de delitos culposos, la
Policía Judicial pueda levantar el cuerpo sin necesidad de la presencia de un
juez.
Rodrigo
Arias, Orlando Aguirre Gómez y Rodrigo Chaves, presidentes de los poderes Legislativo,
Judicial y Ejecutivo, reunidos en la Corte Suprema de Justicia, en San José.
Foto: (Rafael Pacheco Granados)