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Magistrada propone resguardar testimonio de mujeres agredidas
Impulsa reformar Código Procesal
Penal para que las víctimas de delitos sexuales no tengan que contar su
historia reiteradas veces.
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Por Paula Córdoba7 de marzo 2023,
8:03 PM
Tener que contar,
una y otra vez, su testimonio en distintas oficinas judiciales puede resultar
penoso y revictimizante para una mujer que ha sufrido abusos sexuales. Incluso,
puede ser el motivo para que, al final, la afectada decida desistir de una denuncia
contra su agresor.
Conocedora de
esta realidad, la magistrada Roxana Chacón presentó este martes una propuesta
de reforma al artículo 293 del Código Procesal Penal, para resguardar la
validez del primer testimonio brindado por una víctima de agresión a lo largo
de proceso judicial.
La alta jueza
pretende que con un anticipo jurisdiccional de prueba se puedan recopilar,
desde el primer momento en que se interpone una denuncia, los testimonios de la
afectada de modo que, en la medida de lo posible, esta no tenga que regresar a
contar de nuevo su historia.
“En muchos casos
se piden las desestimaciones a falta de una prueba. Consideramos que el
anticipo de prueba jurisdiccional es fundamental porque es la declaración de la
víctima horas después de haber sufrido la violación o delito sexual y eso hace
que se tenga una versión más real del asunto”, aseveró.
Chacón presentó
su iniciativa a la diputada Carolina Delgado, presidenta de la Comisión
Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, en el marco de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de
marzo.
Al año, más de
12.000 delitos sexuales son reportados al Ministerio Público. De ellos, cerca
de un 64% terminan en desestimación o con sobreseimiento y pocos pasan a la
etapa de los tribunales penales con una acusación o con la apertura a juicio.
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La
magistrada Roxana Chacón (centro) entregó a Valeria León, representante del
despacho de la diputada Carolina Delgado, una iniciativa para que las víctimas
de delitos sexuales no tengan que contar su historia una y otra vez durante el
proceso judicial. Las acompaña Jeannette Arias, jefa de la Secretaría Técnica
de Género y Acceso a la Justicia (izquierda). (Foto: Corte Suprema de
Justicia)
De acuerdo con la
magistrada, en algunos casos el trámite judicial tardan de cinco a seis años. Señaló
que esta situación incide en el porcentaje de desestimación ya que muchas
agraviadas abandonan el proceso al verse expuestas a tener que declarar
nuevamente sobre lo ocurrido.
La reforma
también plantea que este anticipo sea obligatorio para todos los procesos
penales en los cuales se investigue la comisión de un delito sexual y no quede
a discreción del juez, como ocurre actualmente. La prueba se usaría también
durante todo el proceso para probar los hechos y no tendría la Fiscalía que
recabarla a lo largo de la causa.
“En algunos casos
no se hace y si la víctima no quiere declarar ya no hay posibilidad alguna de
tener evidencias para poder llegar a sentencia, juicio o condenatoria. Lo que
queremos es que las víctimas tengan justicia y probarse los hechos en el
debate”, añadió.
Protocolo de las 72 horas
Otra de las
propuestas de Chacón es institucionalizar el protocolo de las primeras 72 horas
desde que ocurre una violación, así como los equipos de respuesta rápida con
los que cuenta el Poder Judicial. Este protocolo involucra a 10 diferentes
instituciones que prestan servicio a las víctimas.
Las entidades
garantizan no solo el acceso a la justicia, sino también a la salud con
medicamentos para personas aseguradas y no aseguradas a través de
antiretrovirales para impedir el VIH, anticonceptivos de emergencia y todo el
tipo de fármacos para evitar cualquier tipo de infección de transmisión sexual.
Actualmente,
luego de interpuesta la denuncia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
traslada a la persona afectada para que reciba todos los servicios médicos y,
posteriormente, la acompaña a la casa.
“Es una necesidad
que esto esté institucionalizado a través de legislación, para que sea algo
mandatorio u obligatorio, se establezca de manera permanente y no quede a
discreción de quienes están involucrados en el proceso”, enfatizó Jeannette
Arias, jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia.
Finalmente, la
magistrada Chacón presentó otra iniciativa para reformar el artículo 36 de la
Constitución Política y excluir del derecho de abstención a las personas
menores de edad víctimas de delitos sexuales, cuando el delito sea provocado
por algún pariente cercano por consanguinidad o afinidad.
Precisamente, dos
terceras partes de los delitos sexuales denunciados son en perjuicio de
personas menores de edad y la mayoría se dan en el seno familiar.