Magistrado Orlando Aguirre Gómez Presidente Corte Suprema de Justicia

Introducción

Con el propósito de cumplir el mandato constitucional de rendición de cuentas, resulta un honor para mí exponer ante ustedes mi primer informe institucional correspondiente a la gestión del Poder Judicial del 2022.

1. Contexto

El 2022 supuso mantener las medidas sanitarias por la emergencia sanitaria del COVID-19. Por acuerdo 16-2022, del 28 de marzo de 2022, la Corte Plena estableció un proceso de regreso a la presencialidad, necesaria para el mejor servicio de justicia, especialmente en las que se requiere atención directa de las personas usuarias del servicio.

El año anterior transcurrió en un contexto mundial tenso, desafiante para la democracia, por la guerra en Ucrania que, aparte de la crisis humanitaria y sufrimiento que genera; ha tenido un impacto en las economías con serios efectos en la desaceleración del crecimiento y aumento de la inflación, afectando también nuestro país.

El país también volvió a ser objeto de tránsito de flujos migratorios internacionales de familias que buscan mejorar sus condiciones de vida o huir de regímenes opresores, donde la vigencia de sus derechos elementales ya no es posible.

En este contexto, a partir del 26 de setiembre del año 2022 ejerzo la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, con claridad de la realidad y del enfoque de mi gestión para enfrentar los desafíos del sistema judicial y mejorar el nivel del servicio público de justicia en Costa Rica.

2. Mi visión

Estoy convencido de que, en este entorno, para fortalecer nuestra Democracia, desde la cúpula del gobierno judicial debemos desarrollar, con presteza, la capacidad de respuesta a los principales retos que tenemos.

Debemos impulsar las reformas legislativas y adoptar en conjunto las acciones que tiendan a la eficiencia. Es decisivo para la Democracia de nuestro país mejorar sus estructuras, su funcionamiento y para el Poder Judicial es imperativo cumplir el mandato constitucional de un “buen servicio” del artículo 157 de la Constitución Política.

Expresé al asumir este cargo, que daría prioridad al problema de gobernabilidad que enfrenta la Corte Suprema de Justicia. Es necesario descongestionar la Corte Plena; y trasladar a otros órganos el exceso de actividad administrativa ordinaria, que le impide alcanzar los objetivos relacionados con el gobierno del Poder Judicial.

Adicionalmente, me referí a la creación de una Auditoría Continua como una forma de vigilancia periódica de los despachos judiciales, que se organice tomando en cuenta indicadores necesarios para su evaluación.

A partir de los resultados que se obtengan de esta Auditoría se estará en capacidad de proponer planes remediales de mejora y de seguimiento a su ejecución. Necesitamos fortalecer nuestra cultura de rendición de cuentas.

La prioridad es tomar las acciones para erradicar, hasta donde sea posible, el rezago judicial de manera que se cumpla el principio constitucional de justicia pronta, cumplida, en igualdad de condiciones para todas las personas y con especial consideración de las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

3. Tema urgente

Permítanme, antes de referirme a los principales logros y proyectos que se han desarrollado en el año 2022, hacer mención de un tema muy serio, que no podemos obviar y que nos aqueja a todos, que es el de la seguridad ciudadana.

Costa Rica es un país de paz. Sin embargo, atraviesa un momento álgido de deterioro en tema de seguridad. Resulta alarmante que el 2022 se consolidara como el año en que hubo más muertes por homicidio.

Para el lunes 20 de marzo de 2023, contabilizamos 180 homicidios en lo que va de este año. Muchos de estos homicidios se relacionan con el fenómeno de la violencia organizada y narcomenudeo.

No queremos que la inseguridad secuestre nuestro presente y amenace la estabilidad y las expectativas de desarrollo y bienestar de nuestras familias, de nuestra sociedad.

Las presidencias de los tres Supremos Poderes de la República, desde nuestras profundas convicciones democráticas, desde nuestros cargos de liderazgo y como costarricenses, decidimos reunirnos y tomar las medidas para ajustar la respuesta del país a las nuevas dimensiones que presenta este fenómeno de la criminalidad.

En concreto, llevamos a la mesa de trabajo iniciativas estratégicas que buscan fortalecer la seguridad mediante:

1) la regulación de procedimientos para investigar y juzgar procesos por delincuencia organizada,

2) un trato prioritario a víctimas y testigos de delitos,

3) un mayor control de antecedentes de personas condenadas y

4) la posibilidad de realizar intervenciones a comunicaciones orales y escritas en casos de femicidio y soborno transnacional.

La acción conjunta de todos y todas es impostergable, para recuperar la paz en nuestras calles, en nuestros trabajos, en las escuelas, en nuestras casas, en todo lugar de Costa Rica.

Quiero expresar mi agradecimiento a don Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, por facilitar la conversación entre los Poderes de la República. Extiendo también mi gratitud a don Rodrigo Arias Sánchez, Presidente de la Asamblea Legislativa, por propiciar espacios y esfuerzos en pro de una agenda de prioridades compartidas. A ambos, les manifiesto mi satisfacción por el trabajo por mejorar la interlocución para compartir apreciaciones del estado de la República y las instituciones, de manera ágil y sincera. Gracias a ustedes por poner en primer lugar el equilibrio que debe existir por el bien de Costa Rica.

Fortalecimiento de la Independencia Judicial. Quiero compartirles que la Corte Suprema de Justicia se mantiene vigilante de la discusión de iniciativas que tengan el potencial de alterar el equilibrio de Poderes definido por el constituyente, al igual que de aquellos textos que puedan afectar nuestra autonomía e independencia como Poder de la República.

En la actualidad se tramita un texto de ley que busca modificar los periodos y la modalidad de nombramiento de las magistraturas del Poder Judicial, mediante fórmulas que condicionan la administración de la justicia a coyunturas políticas. Estos cambios hay que verlos con recelo porque pueden poner en riesgo la estabilidad institucional, con la grave consecuencia de debilitar la seguridad jurídica, valor constitucional que da certeza contra las modificaciones jurídicas arbitrarias.

Debemos evitar la incertidumbre del Derecho. Para garantizar la Independencia judicial y la justicia a la ciudadanía, para atraer inversiones y hacer negocios en nuestro territorio es necesario un ambiente seguro, estable y predecible.

Respetuosamente nos vemos en la necesidad de señalar la inconveniencia de este tipo de iniciativa, no solo por las consecuencias prácticas ya señaladas, sino también porque arriesga alejarse del diseño organizativo concebido en nuestra Constitución Política.

4. Logros del 2022

A continuación, destaco algunas de las actividades principales concluidas y en desarrollo del Poder Judicial durante el período 2022.

a. En lo penal

Desde el Poder Judicial se han planteado propuestas para mejorar las capacidades en la lucha contra el crimen organizado.

Con la partida aprobada por la Asamblea Legislativa, se logró poner en marcha la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, que en el 2022 contó con la creación de más de 400 plazas y una importante inversión en equipamiento tecnológico.

Bajo estas condiciones, confiamos en lograr una respuesta al fenómeno del crimen organizado que sea robusta, actualizada, en capacidad de alcanzar el mayor rendimiento de sus recursos.

b. Medidas alternas de conflicto

El Poder Judicial reconoce que la justicia se puede alcanzar mediante otras formas de solución de conflicto que garanticen, de igual forma que hasta ahora, objetividad, independencia y eficacia. Que contribuyan correlativamente a disminuir el rezago en la instancia judicial, con el fin de que ésta pueda cumplir con el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida.

Es deseable que los costarricenses tengan acceso a una justicia más humana, accesible y célere para la solución de sus conflictos y la construcción de una cultura de paz. Para esto están también los mecanismos de resolución alterna de conflictos, fuera del Poder Judicial, regulados por la Ley RAC.

A lo interno, se implementa la labor de jueces y juezas especialistas en mecanismos alternativos en las materias penal, penal juvenil, contravencional, pensiones alimentarias, tránsito, familia, notarial, laboral, agrario y civil.

Con miras a implementar la participación ciudadana en los procedimientos alternos de conflictos, el Centro de Conciliación colabora con el Programa de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales y con poblaciones en condición de vulnerabilidad, con el fin de que más gente se familiarice con estas vías para poner fin a sus controversias, sin necesidad de la intervención de los jueces y juezas.

c. Justicia restaurativa

De enero a diciembre de 2022, el Centro de Conciliación logró terminar 9 508 casos, mediante la utilización del modelo de conciliación en todas sus sedes.

Estos resultados se alcanzan con la aplicación de medidas alternativas, tales como la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del daño.

Este número de casos resueltos mediante medidas alternas de resolución, aunque representa solo el 5.02% de la totalidad de casos en trámite, es superior a la cifra obtenida en el año 2021 (4.88%), según la información de la página web del Observatorio Judicial.

Llamo la atención de que en la Jurisdicción de Trabajo se detectó un aumento significativo de este mecanismo alterno de conflictos en el año 2022. En materia laboral, los casos terminados por conciliación en primera instancia aumentaron en un 159%, respecto al año 2019, que es el año prepandemia.

Por otro lado, la tramitación de las causas penales bajo el modelo de justicia penal restaurativa refleja información favorable, en el tanto contabiliza un cumplimiento de 95% de los procesos judiciales, en que la víctima del delito recibe una respuesta efectiva en un mes en promedio y presenta un nivel de satisfacción del 98% de las personas usuarias.

A nivel general, se requiere propiciar un cambio cultural, para que las personas busquen resolver los conflictos a través de otros mecanismos, sin que la vía judicial sea la única opción para hacerlo.

d. Rezago judicial

El Poder Judicial con voluntad y empeño, se esfuerza por enfrentar el rezago judicial y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento de acuerdo con parámetros de calidad, eficiencia y garantía de una justicia pronta.

Desde una perspectiva estadística, la cantidad de expedientes pendientes de resolver para el año 2022 es de 745 155 lo que numéricamente refleja una reducción absoluta de 75 712 expedientes en relación con el periodo anterior, lo que representa una disminución de más del 9%.

Esta es la cifra mínima histórica desde que se llevan registros de la composición del circulante o casos en trámite desde el año 2019.

Este porcentaje refleja el esfuerzo conjunto del personal judicial por hacer justicia y mejorar los procesos de planificación de la institución. Es un resultado del cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, que están asociadas a la reducción del rezago judicial.

De la totalidad de expedientes en trámite de resolución con más de 5 años, un 6.8% tienen una antigüedad mayor o igual a 5 años. De este porcentaje, es relevante mencionar que un 81.9% corresponde a la materia civil o cobro judicial.

e. Logros en tecnología

En el año 2022, para reforzar la arquitectura digital se realizó una importante inversión tecnológica que mantuviera en funcionamiento la plataforma digital, en procura de la continuidad de los servicios tecnológicos del Poder Judicial.

Parte de esta labor tecnológica ha implicado la automatización de procesos, que hace el servicio de justicia más ágil y útil para los operadores de justicia y también para las personas usuarias del servicio.

Hemos mencionado que la inteligencia artificial que maneja el Poder Judicial sirve para desarrollar tareas sencillas, de modo que las personas funcionarias puedan dedicarse a tareas de mayor complejidad. En este ambiente, es que se crea un clasificador de los escritos para ahorrar el tiempo y dar un mejor aprovechamiento de los recursos.

Es con esperanza que me refiero al plan piloto de Implantación del Tipificador de Escritos, que inició en marzo de 2021 con el Juzgado de Cobro de Pérez Zeledón. Para el corte de prueba que terminó en noviembre de 2022, se determinó cerca de un 96% de validez o efectividad.

El resultado tan alto logrado en el 2022 motivó a que se extendiera la implantación del tipificador a los demás Juzgados de Cobro Judicial del país con un orden predefinido.

Es pronto llegar a conclusiones de eficiencia con la implantación de esta inteligencia, pero los pasos que se dan vislumbran resultados positivos para combatir el rezago en la justicia.

Con la incorporación de la inteligencia artificial, el Poder Judicial ha asimilado en el último año nuevas formas que puedan hacer más eficiente la prestación del servicio público de justicia y se hace más cercano a la persona usuaria.

Menciono el Chatbot, que se ha implementado para interactuar con la persona usuaria en lenguaje natural. Se ha mejorado y ampliado el margen y capacidad del sistema para resolver cuestionamientos con mayor simulación de inteligencia, que responde a la persona usuaria, a partir de otras bases de datos del Poder Judicial como el SIAG-PJ o el Escritorio Virtual.

Vale destacar que de la mano de políticas institucionales se han hecho ingentes esfuerzos para hacer frente a eventuales ataques cibernéticos o situaciones que representaran amenazas potenciales a las operaciones y servicios de la institución.

Con ese fin, el Consejo Superior aprobó el Sistema de Gestión de Continuidad del Servicio y se diseñó un procedimiento de ciberseguridad para garantizar la seguridad informática y de la información. Asimismo, se conformó el Comité Técnico de Continuidad del Servicio de Poder Judicial.

Hago mención de la herramienta tecnológica del Observatorio Judicial que, en el año 2022, logró dar estabilidad y afianzar la calidad de los datos estadísticos sobre las cargas de trabajo de los despachos y del Ministerio Público e información sobre el funcionamiento y servicios diversos de todos los ámbitos del Poder Judicial. Presentó avances significativos en la manera que refleja la información judicial al alcance de toda la ciudadanía, de manera directa y sencilla a través de gráficos y tablas. Ello responde a los principios de Justicia Abierta: de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

A lo interno del Poder Judicial, la herramienta digital es de gran utilidad para la toma de decisiones, en el tanto permite cuantificar la eficiencia en el procesamiento de casos y medir el rezago judicial.

f. Infraestructura

El Poder Judicial ha desarrollado importantes proyectos de infraestructura. Las reformas procesales en materias laboral y civil impusieron nuevas formas de trabajo para los despachos judiciales, como la realización de audiencias orales y públicas.

En el año 2022, se finalizó el edificio adaptado a las necesidades del Juzgado Civil, el Juzgado de Trabajo, el Juzgado de Cobro y la Defensa Pública Laboral de San Carlos.

En el Primer Circuito Judicial de San José, desde el nuevo edificio “Torre Judicial” se brinda a las personas usuarias los servicios judiciales en materia laboral, civil, concursal, defensa pública laboral y de justicia restaurativa.

La Torre Judicial es el primer edificio que se construye con el Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial- BCR 2015, mediante una modalidad de obra pública que responde a los requerimientos de espacio físico de la institución. También contribuye a mediano y largo plazo en la política nacional de contención del gasto, al impactar positivamente en la reducción de los recursos destinados al alquiler de inmuebles.

En el año 2022, se hizo la ampliación y remodelación del espacio físico de la Morgue Judicial con una inversión aproximada de 2 900 millones de colones y la cooperación de donaciones por parte del ICD y las Embajadas de los Estados Unidos y de Alemania en Costa Rica.

g. Salarios y Ley de Empleo Público

Uno de los temas críticos abordados en el último año de gestión es el desafío de atraer y retener el talento humano del Poder Judicial, en medio de un proceso de cambio para las relaciones laborales con el sector público.

Como esfuerzo ejecutado destaca el compromiso de sostener un sistema de remuneración consistente, competitivo y acorde a las responsabilidades asignadas.

La política institucional busca dar al esquema de salarios del Poder Judicial una posición razonable para una entidad pública en relación con cargos similares de otras organizaciones, esto por medio de la revisión continua de la estructura de puestos para procurar su consistencia interna y externa.

Bajo la nueva Ley de Empleo Público, hago énfasis en que el Poder Judicial ya decidió que sus personas servidoras están bajo la rectoría de la Corte Suprema de Justicia y ha defendido el valor y la competitividad del salario como eje irrenunciable para la independencia y el adecuado ejercicio de las competencias de la institución.

Nos encontramos en los momentos iniciales de la implementación de esta política pública. Ahora mismo, estamos abocados al análisis de la escala de salario global transitorio en la que buscaremos que se garantice el valor justo del salario, se establezcan condiciones que promuevan la movilidad dentro de la institución y se asegure el cumplimiento de la promesa de competitividad que impone la Ley.

Debemos hacer los esfuerzos necesarios por conservar el talento humano, propiciar su compromiso con la misión institucional y asegurar la excelencia en la prestación de los servicios judiciales.

MIDEPLAN, como autoridad rectora, enfrenta el desafío de dar pasos muy cuidadosos en la concreción de la columna de salario global y la política de remuneración salarial como elementos fundamentales de la implementación de la Ley. En esta etapa, es aconsejable evitar decisiones que puedan impactar la eficiencia que pretende esta Ley.

En esta tarea el Poder Judicial estará presente y abierta al diálogo y voluntad para negociar.

5. Obituario

Deseo mencionar en este acto solemne con profundo cariño y respeto a don Álvaro Burgos, a don Román Solís y a don Walter Espinoza y a los funcionarios y funcionarias que trabajaron arduamente para que hoy estemos aquí memorando los logros del último año y; que, al fallecer, nos dejaron un profundo vacío.

Don Álvaro Burgos Mata, magistrado de la Sala III de la Corte, será siempre recordado por ser una persona inteligente, propulsor insigne defensor de los derechos de la niñez y adolescencia desde la materia penal juvenil y convencido de un sistema penal que brinda oportunidades a los más jóvenes para enrumbar su vida.

Don Román Solís Zelaya, magistrado de la Sala I de la Corte queda en la memoria de todos y todas nosotros como esa persona sincera, cariñosa, de conversación inteligente y entregado a la academia, visionario en la administración de justicia y respetuoso confrontador de ideas.

Don Walter Espinoza Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial, lo recordaremos por su compromiso, objetividad, excelencia, efectividad, honradez y disciplina, que generó cambios muy positivos en el OIJ.

Ellos permanecerán en nuestra memoria y en el corazón del Poder Judicial como seres humanos entrañables y apasionados por los valores democráticos. Descansen en paz.

6. Premios

Como es costumbre cada año la institución reconoce el mérito de sus servidores y servidoras en distintos ámbitos del quehacer judicial. En este 2023, me complace entregar por segundo año consecutivo el premio “La justicia con rostro de mujer” a la licenciada María de la Nieves Rueda Rincón, funcionaria jubilada. Doña María de las Nieves dedicó más de 30 años a la institución, en los que luchó contra barreras de género que limitan el ejercicio de roles de jerarquía y promovió el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres.

Por otra parte, me complace entregar el premio “Fernando Coto Albán, Al buen Juez o Jueza” a la licenciada Ruth Alpízar Rodríguez, jueza en el Juzgado Agrario de Liberia, con una amplia trayectoria de 29 años en materia agraria, por enaltecer con su trabajo y dedicación la labor de las y los jueces en la sociedad costarricense.

Mis felicitaciones a la licenciada Ligia Jiménez Zamora, Defensora Pública en Alajuela, por la obra “Guía para facilitar el Acceso a la Justicia de las personas usuarias indígenas en la Defensa Pública”, merecedora del premio “Ulises Odio Santos” por su carácter novedoso, relevancia práctica y metodología didáctica.

Con agrado extiendo al servidor José Rubén Dimas Portillo, jefe del Departamento de Artes Gráficas, Ciudad Judicial, San Joaquín de Flores, el premio “Miguel Blanco Quirós, Al buen Servidor Judicial”, quien destaca por su honradez, transparencia, excelencia y dedicación en el desempeño de sus funciones.

Mi reconocimiento póstumo al exservidor judicial Carlos Alberto Romero Rivera, Contralor de Servicios de Pérez Zeledón, quien resultó merecedor del distinguido reconocimiento “Luis Paulino Mora Mora, Al Buen Profesional”. Al señor Romero se le reconoció su integridad, extraordinario espíritu de servicio, y compromiso especial en la atención de las personas usuarias.

A ellas y ellos, y por extensión a sus familias, que son el apoyo moral indispensable del funcionariado judicial, les expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento por enaltecer la carrera y ser ejemplo de mística y empeño en el desarrollo de sus labores para toda la comunidad judicial.

7. Agradecimientos

Externo mi sincero agradecimiento a los señores y señoras Magistradas que como líderes y lideresas han hecho posible los logros mencionados con probidad, excelencia, total entrega y lealtad. Es una Corte conformada por notables juristas y excelentes personas que dan su máximo esfuerzo para el Poder Judicial y para Costa Rica.

A los directores de los Órganos Auxiliares de las Administraciones de Justicia y las Direcciones Administrativas del Poder Judicial que día a día realizan esfuerzos incansables para alcanzar las metas fijadas.

Doy las gracias sinceras a las embajadas de países amigos, a las entidades internacionales y nacionales que durante el año 2022 han confiado en el Poder Judicial de Costa Rica y nos han apoyado en nuestros distintos proyectos. A través de la cooperación se ha hecho posible tomar acciones firmes y novedosas para la implementación y respuesta de las políticas y prioridades del Poder Judicial.

Dejo para este final mi más sincero agradecimiento a toda la comunidad judicial. Todo lo alcanzado fue gracias al esfuerzo y trabajo en colaboración de sus 12 604 funcionarios y funcionarias de los distintos ámbitos: jurisdiccional, auxiliar de justicia y administrativo.

A todas y todos ustedes, mi agradecimiento por su connotada labor y esfuerzo por mantener los altos niveles de probidad y excelencia en el cumplimiento de nuestras funciones constitucionales.

En ustedes, en su resiliencia y profesionalismo para enfrentar la cantidad, complejidad en un ambiente laboral que no ha sido fácil, mi reconocimiento por adaptarse y realizar su trabajo y cumplir las metas institucionales para un mejor servicio de justicia en el año 2022.

Tengo la confianza de que lograremos este 2023 enfrentar los retos que se nos presentan para una justicia eficiente, que consolide nuestra Democracia y sea ejemplo de Estado de Derecho dinamizador de nuestra sociedad.

A todos y todas, muchas gracias.