Judiciales

Corte Plena rechaza reforma a sistema de elección de magistrados

Altos jueces consideran que iniciativa limita independencia que les otorga la Constitución frente a otros poderes de la República

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Por Yeryis Salas23 de enero 2023, 6:35 PM

La Corte Plena del Poder Judicial aprobó, este lunes, un informe que cuestiona una propuesta de reforma constitucional que modificaría el sistema de elección y reelección de los magistrados.

Este proyecto, tramitado en el expediente legislativo 21.612, pretende modificar el artículo 158 de la Carta Magna para que cada magistrado titular y suplente solo pueda ser reelegido por una única vez y con la aprobación de, al menos, 38 diputados.

Actualmente, los altos jueces pueden optar por la reelección indefinida. Una vez que termina cada periodo de ocho años, solo pueden ser removidos si dos terceras partes de los legisladores (38) están de acuerdo; de lo contrario, siguen automáticamente en el puesto.

La mañana de este lunes, los magistrados respaldaron el reporte de Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial, que califica al expediente 21.612 como “regresivo” en cuanto a la independencia judicial. Se inhibieron de discutir y votar los magistrados de la Sala Constitucional, pues el proyecto deberá ser eventualmente consultado ante este Tribunal.

Dicha iniciativa fue presentada a la corriente legislativa, en setiembre del 2019, por el entonces diputado independiente Erick Rodríguez, con el respaldo de otros diez legisladores de aquella época.

Los magistrados de la Corte Plena acogieron este lunes, por unanimidad, un informe en contra de un proyecto que propone modificar el sistema de elección de los altos jueces. El criterio será enviado ahora a la Asamblea Legislativa. Foto: (JOHN DURAN)

En diciembre pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de una comisión especial para analizar el expediente.

Dicho foro está conformado por los diputados Gloria Navas, del Partido Nueva República; Dinorah Barquero y Gilberth Jiménez, del Partido Liberación Nacional; Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista; Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana; Jonathan Acuña, del Frente Amplio; y Pilar Cisnero, del Partido Progreso Social Democrático.

Según el proyecto, el Poder Judicial cuenta con “magistrados que se sentaron y están más que aferrados al poder desde hace decenios y sin planes de jubilarse”. En su exposición de motivos también alega que la elección de sus cargos “se convirtió en un ‘botín politiquero’”.

Al respecto, el director jurídico Rodrigo Campos señaló que la Constitución Política de 1949 establece el sistema de elección vigente con el fin de “blindar” al Poder Judicial con respecto a los otros poderes de la República.

Campos sostuvo que el sistema actual permite a los magistrados mayor independencia en caso de que deban tomar decisiones jurisdiccionales que impacten el poder político o económico del país.

“La duda es: ¿Ese blindaje se mantendrá por la propuesta de reforma constitucional o más bien, se debilitará? Bueno, a nuestro criterio, se debilita ampliamente”, manifestó este lunes el funcionario ante la Corte Plena.

Para el jurista, en el artículo 158 “hay una visión de Estado de derecho que busca ralentizar los riesgos de injerencia de un poder sobre otro poder, no se puede llegar a un riesgo cero, pero sí busca ralentizar el riesgo en el sentido de que la reelección no esté supeditada a 38 votos”.

El informe indica, además, que el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente al redactar el artículo 158 era promover la inamovilidad del cargo.

Finalmente, el documento recomienda a los magistrados hacer de conocimiento a la Asamblea Legislativa que el proyecto sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial.

‘Se viene un discurso antisistema’

Varios magistrados añadieron este lunes sus críticas al expediente 21.612. En su mayoría coincidieron en que se trata de un riesgo para el funcionamiento democrático del país.

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema, manifestó que el plan “pretende reformar aspectos estructurales de la construcción política hecha en 1949 (...), o sea, que se afecta en términos generales el sistema democrático, por eso yo comparto plenamente el informe”.

Por su parte, la vicepresidenta Patricia Solano señaló que en los ciudadanos recae la mayor obligación de tutelar que quienes administran justicia puedan dictar sus resoluciones con total independencia.

“Con gran preocupación vemos los ataques, un día sí y otro también, a la institucionalidad. De alguna manera se viene un discurso antisistema, tratando de atacar las instituciones, y lo que se ataca no es ni más ni menos nuestra democracia”, aseveró.