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En Corte Plena con gravedad se analizó
que el proyecto de ley pude tener graves implicaciones en cuanto a la
vulnerabilidad de personas juzgadoras o funcionarias e la policía judicial,
sobre todo ante la delincuencia organizada. (Foto: Archivo)
Corte Plena estima que proyecto sobre publicidad de declaraciones
juradas de bienes es perjudicial
Por Vinicio Chacón | vinicio.chacon@ucr.ac.cr
24 octubre, 2022
Iniciativa presentada por el Frente
Amplio pretende que todas las declaraciones de bienes ofrecidas por personas
funcionarias de alto nivel sean públicas.
Como “inadecuado y
peligroso” calificó la magistrada Jéssica Jiménez un proyecto de ley que
pretende eliminar el carácter confidencial de las declaraciones juradas de
patrimonio que prestan las personas funcionarias de alto nivel.
Se trata de un
proyecto de ley kilométricamente denominado “Ley para fortalecer el combate a
la corrupción mediante la transparencia de los patrimonios y los intereses
económicos de las personas jerarcas y funcionarias púbicas obligadas a declarar
su situación patrimonial”.
Según explicó Jiménez
-a quien correspondió elaborar el informe de análisis sobre el proyecto-, la
iniciativa además de hacer público el acceso a las declaraciones presentadas
por las personas funcionarias, busca habilitar el acceso público a la
declaración sobre accionistas o beneficiarios finales en aquellas sociedades
vinculadas a esas personas, así como a las declaraciones de la persona cónyuge,
compañera o parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad.
También busca revertir
el carácter confidencial de las declaraciones patrimoniales ya entregadas y
establece la obligación al Banco Central (BCCR) de publicar la mencionada
información sobre beneficiarios finales.
Todo ello mediante
una reforma a dos artículos y dos transitorios de la Ley contra la Corrupción y
el Enriquecimiento Ilícito en la función pública.
El criterio de
Jiménez es que la confidencialidad de esa información es lo más adecuado e
idóneo y que en caso de alguna investigación o delito se puede dar la apertura
de esa información, como sucede actualmente, pero no crear un acceso sin
restricciones, “hacerlo tan abierto se vuelve inadecuado y peligroso”, tanto
más porque la apertura de la información sería también retroactiva, es decir,
abarcaría las declaraciones presentadas desde antes que se aprobara la eventual
ley, lo cual puede tener roces de inconstitucionalidad.
La magistrada también
citó un criterio de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, la cual consideró
que las disposiciones de la propuesta “comprometería la seguridad, la vida y la
integridad de las personas juzgadoras y jerarcas del Poder Judicial”, además de
señalar con la gravedad las implicaciones que podrían tener en la tramitación
de casos contra la delincuencia organizada,
Por todo ello, la
magistrada Jiménez en su informe, acogido por unanimidad, concluyó que la
iniciativa incide en forma negativa en el funcionamiento y organización del
Poder Judicial, y además incluyó una recomendación a la Asamblea Legislativa
para que “pondere seriamente” la conveniencia de que las declaraciones
patrimoniales sigan siendo confidenciales en el caso del Poder Judicial.