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El proyecto de ley
pretende ser una respuesta a la oleada de ciberataques que vivió el país este
año, pero incluye disposiciones polémicas como el aporte del 1,5% del
presupuesto de todas las instituciones públicas (Foto: Katya Alvarado).
Ley de ciberseguridad afecta presupuesto e integridad de
información del Poder Judicial
Por Vinicio Chacón | vinicio.chacon@ucr.ac.cr
11 octubre,
2022
Iniciativa obliga a
“todas las instituciones del sector público” a transferirle el 1,5% de su
presupuesto a una nueva Agencia Nacional de Seguridad.
No
sólo se determinó que afecta la organización y funcionamiento del Poder
Judicial -por lo cual su eventual aprobación requeriría de 38 votos en la
Asamblea Legislativa- sino que el rechazo en Corte Plena fue evidente al
proyecto de Ley de Ciberseguridad de Costa Rica.
Se
trata de una iniciativa presentada por cuatro integrantes de la bancada
liberacionista -incluida su jefa, Kattia Rivera- y un diputado oficialista, que
crea una Agencia Nacional de Ciberseguridad, adscrita al Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) como un centro de operaciones de
ciberseguridad, de “gestión preventiva, reactiva y proactiva de amenazas e
incidentes”.
Esa
Agencia contará con una dirección general y su consejo asesor, además de tres unidades operativas independientes entre sí: el Centro de
Intercambio y Monitoreo de Redes (CIMR-CR), el Centro de Respuesta a Incidentes
de Seguridad (CSIRT-CR) y el Centro de Inteligencia de Datos en Ciberseguridad
(CID-CR).
Muy notoria es la disposición respecto al financiamiento de
esa nueva agencia. En el articulo 5 de la propuesta se lee: “Un 1,5% del total
de recursos presupuestados por todas las instituciones del sector público, que
deberán ser transferidos a la Agencia antes del 30 de enero de cada ejercicio
presupuestario”.
El texto añade que, además de cumplir con la regla fiscal, las
instituciones que no trasladen los recursos en la cantidad y el plazo
establecido, “no podrán asignar presupuestariamente en el siguiente ejercicio
económico un monto superior al gasto ejecutado en el año precedente según la
liquidación respectiva, hasta tanto se realicen las transferencias adeudadas”.
La magistrada Damaris Vargas, quien elaboró el informe sobre
el proyecto conocido en Corte Plena el pasado lunes, dijo coincidir con un
criterio previo de la Dirección Jurídica del Poder Judicial en el sentido que
afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
Añadió que, además de transferir ese 1,5% del presupuesto a la
nueva agencia, la iniciativa ordena hacer una “reserva presupuestaria para el
manejo idóneo de la ciberseguridad en el Poder Judicial, de acuerdo con
lineamientos de esa rectoría”.
Vargas destacó también la disposición de que desde la
Dirección de la Agencia se elabora una política nacional que debe ser aprobada
por los ministerios de Seguridad, Presidencia y Micitt.
“El Poder Judicial estaría sometido a estas autoridades”, acotó
Se establecen muchas obligaciones para el superior jerárquico,
que en el caso del Poder Judicial es la Corte Plena. Deberá adoptar medidas de
seguridad de la información proporcionales al riesgo y muchas otras funciones
como evaluación del riesgo y magnitud del daño que podría resultar de
ciberataques, aplicar políticas y procedimientos para reducir riesgos de forma
rentable, o evaluar periódicamente los controles de seguridad de la
información.
Corte Plena tendría que designar un oficial de seguridad de la
información de la institución y se debe realizar evaluaciones bianuales de
planes y prácticas de seguridad de la información, que deben
ser efectuadas por “un tercero independiente”.
Vargas
explicó que ello implica medidas como la designación de funcionarios para
tareas afines, “lo que implica nuevos costos para el Poder Judicial, lo que evidentemente
afecta su organización”, pues “aunque sean personas externas, vamos a tener que
pagarlo con nuestros recursos, esta institución y el resto de las instituciones
del país”.
Al
detallar por qué el proyecto incide en organización y funcionamiento del Poder
Judicial, Vargas en primer lugar subrayó que la nueva agencia “va a ser nuestra
rectoría”, ya que el proyecto no sólo establece una serie de responsabilidades
para la institución, “para Corte Plena, para la Dirección del OIJ y para el
Consejo Superior, sino que obliga a contribuir con el costo de creación y
sostenimiento de la agencia nacional de ciberseguridad como parte del
presupuesto institucional”.
A
ello se suma que esa agencia tendría potestades de coordinación sobre la
materia para toda la administración pública, además de que se introduce nuevas
funciones a la Dirección del OIJ, como integrante del consejo asesor en
ciberseguridad, así como para Corte Plena, con lo cual el Poder Judicial podría
ser objeto de sanciones por incumplimientos.
“En
consecuencia, se estima que se está ante un claro supuesto de creación o
variación sustancial de órganos jurisdiccionales de naturaleza administrativa
adscritos al Poder Judicial, en especial la modificación de funciones
administrativas de este Poder de la República”, apuntó.
Tras
su exposición intervino la magistrada Sandra Zúñiga, quien coordinó la Comisión
de Ciberseguridad y Ciberdelincuencia del Poder Judicial y dijo que desde esa
instancia se consideró emitir un pronunciamiento para oponerse a este proyecto,
“no niego que es precisa una regulación frente a todo este frenesí de ataques
cibernéticos que se han disparado en los últimos tiempos”, ponderó, pero añadió
que en los términos en que esta redactado el proyecto “es sumamente peligroso”.
“Estaríamos
poniendo la seguridad de la información de nuestra institución en manos de
terceros y con eso yo jamás podré estar de acuerdo”, aseveró.
Dijo
que al Unidad de Seguridad de la Información “ha funcionado tan exitosamente
que nosotros a diferencia de otras agencias estatales, hemos podido mantener la
seguridad de nuestros registros”.
También
criticó que haya que transferir recursos “de nuestro presupuesto muy limitado”
a la mencionada Agencia.
“No
quisiera que en este informe exista ni el más mínimo comentario que pueda
generar la idea de que nosotros avalamos este proyecto”, sentenció.
De
seguido, el actual coordinador de esa comisión, Gerardo Rubén Alfaro, expresó
que el proyecto “sigue la línea de la promoción de legislación que pretende que
desde fuera se incida en las decisiones del Poder Judicial, que es
independiente”.
“Me
preocupa enormemente que la ley proponga al OIJ como un órgano asesor de la
organización central” expresó el magistrado, como también que “me preocupa
mucho que haya un órgano rector que va a tener incidencia en decisiones del
Poder Judicial”.