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Fernando Cruz: “en función de una visión fiscalista, se incide en el Poder Judicial”. (Foto: Katya Alvarado).

País

Magistrado Fernando Cruz: Recorte al presupuesto es una señal de debilitamiento de la independencia judicial

 Por Vinicio Chacón | vinicio.chacon@ucr.ac.cr

 12 octubre, 2022

Expresidente de la Corte Suprema de Justicia criticó la imposición unilateral del recorte por más de ₡7.800 millones hecho por Hacienda al presupuesto del Poder Judicial.

Como un serio debilitamiento de la función social del Poder Judicial a partir de un compromiso fiscalista del gobierno que termina por minar su independencia, así calificó el magistrado Fernando Cruz el recorte recién dado a conocer hecho por el Ministerio de Hacienda al presupuesto de ese Poder de la República, por más de ₡7.800 millones.

El recorte fue conocido el pasado lunes en la sesión de Corte Plena, donde se criticó repetidamente que no medió consulta alguna desde Hacienda sobre los rubros recortados, al punto que Wálter Espinoza, director del OIJ, dijo que la mano de Hacienda dejaría a ese Organismo en cierre técnico el año entrante. Para Cruz, ese cierre técnico que aplica el fiscalismo del Poder Ejecutivo será una realidad para todo el Estado.

¿De todas las implicaciones del recorte, qué es lo que más le preocupa?

Hay un debilitamiento muy serio de la continuidad del servicio en temas que no tienen que ver con salarios. Por ejemplo, el tema de alimentación para las personas detenidas en celdas del OIJ, el rubro sobre viajes que son las extradiciones, no viajes de magistrados o funcionarios.

Todo eso tiene que ver con la calidad en el servicio. La administración de justicia no es solo hacer juicios, no es solo detenidos, es algo muy complejo. El recorte evidencia un desconocimiento o una visión muy reducida de lo que es el sistema judicial.

¿Qué conclusiones puede sacar de que se introduzca un recorte presupuestario que, según decía el director de OIJ, entraría en cierre técnico a partir de abril?

Hay una situación del Estado muy grave, ninguna de las medidas ha podido resolver el déficit fiscal. El programa que se tiene desde instancias políticas es reducir el Estado a su mínima expresión o dejarlo en un cierre técnico.

Esa decisión política unilateral (recorte) que no respondió a una coordinación entre poderes, como procede, lo que evidencia es la situación general del Estado de la devaluación de la función pública en los conceptos públicos y el tema fiscal, que es algo que está ahí presente constantemente.

Nosotros, por ejemplo, estamos resolviendo una gran cantidad de amparos, porque las citas para dar licencia de conducir se fijan para el año entrante. ¿Qué significa eso? Que el Estado no puede ni siquiera asegurar un servicio continuo y eficaz para autorizar que una persona sea conductora.

Creo que para este viernes de votación vienen 200 amparos de personas que no les han dado su salario en el Ministerio de Educación Pública. Son indicadores muy serios de que la crisis fiscal no se ha resuelto, no tiene solución y que pareciera que el futuro para el Estado es un cierre técnico parcial.

Es muy lamentable porque las funciones que presta el Estado son muy importantes. Los servicios públicos son para todos y especialmente para los grupos más vulnerables.

¿Hasta qué punto este recorte tan drástico e inconsulto representa una amenaza más a la independencia del Poder Judicial?

Es una señal de debilitamiento de la independencia judicial, porque se trata de un Poder de la República que requeriría por lo menos una acción de coordinación, no una acción unilateral de recorte sin la menor valoración técnica y de proporcionalidad. La unilateralidad, la falta de coordinación, que no se haya consultado de previo, evidencia el debilitamiento de un Poder al que se trata como si fuera un ministerio. Es lamentable.

El Poder Judicial tuvo conversaciones con Hacienda de varios meses, nos sometimos a todas las limitaciones conforme a la regla fiscal, así que no es que el Poder Judicial planteó un presupuesto faraónico desconociendo el ambiente fiscal del país. No bastó. Después, sin ninguna notificación previa, se hace un recorte indiscriminado de partidas que dejan al Poder Judicial, ya no solo en el mínimo posible razonable, sino en un cierre técnico parcial con desconocimiento de la función social.

Pero no me cabe la menor duda que esta acción unilateral, inconsulta, evidencia, de nuevo una debilidad seria del Poder Judicial frente al Parlamento y, en este caso, frente al Poder Ejecutivo.

¿El comportamiento del Poder Ejecutivo a través de este recorte es un gesto autoritario?

Es un estilo. En los cuatro años que estuve de presidente siempre hubo muchas estrecheces y limitaciones y la angustia que eso producía, pero nunca había vivido algo de una unilateralidad tan grande. Espero que eso se pueda corregir, pero es un signo que ni siquiera don Orlando Aguirre pudo recibir el diálogo y ser escuchado con el respeto que merece como presidente de la Corte.

Normalmente el presupuesto del Poder Judicial no llega ni al 5% del presupuesto total del Estado y en el presupuesto del Gobierno central representa el 9%. Así es que un recorte tan fuerte no va a significar una gran una gran economía, porque nuestra incidencia en el presupuesto, si bien es importante, no es determinante.

Es políticamente triste que el quehacer político del país solo es centrado en el tema fiscalista. Entonces, si usted unilateraliza, desdibuja todo el sistema de controles de poderes, porque entonces todo va en función del equilibrio fiscal, que es muy importante, pero hay otras cosas de igual importancia, como la independencia de poderes.

Entonces, en función de una visión fiscalista se incide en el Poder Judicial, en sus sus normas de Estatuto Judicial, de Ley Orgánica, de carrera judicial, etcétera. La Ley de Fortalecimiento y por otra, en la Ley de Empleo Público también en función de un control desorbitado de salarios y de empleo, se incide también en la independencia.

Yo nunca he visto una dimensión única del quehacer político: lo único que hay que hacer es reducir el Estado a su mínimo, significa casi el cierre técnico parcial y la intervención del del Poder Ejecutivo o del Parlamento sobre el Poder Judicial, que en el fondo tampoco va a resolver el problema fiscal.

¿De qué armas dispone el Poder Judicial para defenderse ante el embate fiscalista que termina siendo un ataque a la independencia judicial?

Veo difícil. La instancia constitucional debe fortalecerse para definir temas de este tipo, pero desgraciadamente la Sala (Constitucional), por ejemplo, en la primera consulta que hizo el Poder Judicial sobre el tema de la Ley de Empleo Público, dijo que no se iba a referir porque ya se había referido al mismo tema.

Ojalá que la Sala (Constitucional) pueda valorar que se pueden plantear acciones directas de inconstitucionalidad sobre actos que incidan en la independencia (judicial). Tengo la esperanza que la Sala Constitucional pueda ser un elemento importante para equilibrar los embates del Parlamento y del Poder Ejecutivo, pero por definición política el más débil de los poderes es el Poder Judicial, el hecho de que nos elijan desde el Parlamento en la forma en que se hace, nos condiciona estructuralmente.

Por un lado, el Parlamento reduce el plazo de nombramiento de magistrados que son la cúpula del Poder Judicial, y por el otro, el Poder Ejecutivo recorta indiscriminadamente el presupuesto sin siquiera tener una coordinación o conversación con el jerarca del Poder Judicial.

¿Atacar la división de poderes, atacar las autonomías institucionales no es atacar exactamente al modelo democrático que ha seguido Costa Rica?

Claro, la intención yo la comprendo: Hay una angustia tremenda sobre el equilibrio fiscal. Pero si usted eso lo lleva a una visión totalizadora, eso significa debilitar todo el modelo constitucional que no se basa solo en los tres poderes, se basa en un equilibrio de autonomías, del modelo de poder de la Constitución, que no se hizo solo en función de visiones fiscalistas de una unificación del gasto al extremo que eso desdibuja la autonomía de instituciones tan importantes como las universidades o el Poder Judicial.