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Antiguas y nuevas presiones para el Poder Judicial
Por Evelyn Villarreal Fernández9 de julio
2022, 9:10 PM
El Poder Judicial costarricense da muestras de su madurez y compromiso
con la transparencia al someterse voluntariamente al escrutinio que realiza la
plataforma de estudios del Estado de la Justicia.
Este trabajo se basa en un convenio del año 2015 entre el Poder
Judicial, el Programa Estado de la Nación y el Consejo Nacional de Rectores
(Conare). Esta semana se publicó la cuarta edición con estadísticas
actualizadas del período 2019-2021.
El informe parte de la necesidad de contar con conocimiento específico y
actualizado para ayudar al Judicial a superar sus debilidades y continuar
siendo uno de los pilares de nuestra democracia.
Por eso, ninguno de los desafíos señalados puede ser utilizado como
excusa para atacar la independencia de la
institución, sino más bien como palancas para impulsar soluciones.
El Poder Judicial deberá responder ineludiblemente en los próximos años
a un escenario multirriesgos, caracterizado por una prolongada convergencia de
la crisis fiscal y los efectos de la pandemia de la covid-19, crecientes
tensiones con poderes políticos, divisiones internas que hacen inviables
cambios en la gestión y una disminución de la confianza ciudadana.
El principal efecto es una continua presión que tiende a agravar los
problemas estructurales de la gestión, como la larga duración de los procesos,
la baja productividad, el aumento de casos pendientes y los altos costos de la
justicia.
Mensajes
Los cinco capítulos del Informe estado de la justicia 2022 se
pueden sintetizar en cuatro mensajes principales. Primero, se plantea que, pese
a la disrupción que significó la pandemia en este escenario multirriesgos, el
Poder Judicial logró mantener los servicios que presta a la población sin
interrupciones.
Ello fue posible gracias a que invirtió, durante más de una década, en
herramientas digitales, pero también a costa de una mayor concentración de
poder administrativo en la Corte Plena, que tomó la mayoría de las 572
resoluciones relacionadas con la respuesta a la pandemia.
Segundo, se concluye que los muy dinámicos cambios procesales no han
logrado resolver los problemas estructurales, especialmente las altas
duraciones, debido a limitantes propias de la gestión o de recursos que no fueron
incluidos en
su diseño.
Las áreas con reformas recientes se estudiaron a partir de muestreos de
expedientes en las materias penal, laboral, contencioso-administrativa y el
proceso especial de expropiaciones.
Tercero, se establece que el desarrollo de la justicia electrónica
refuerza la necesidad de un mayor conocimiento e incorporación de la población
usuaria del Poder Judicial, de la cual actualmente se tiene poca información.
Ello permitirá tomar las medidas necesarias para que la virtualización
no excluya a nadie debido a la brecha digital. Y es una medida indispensable
para reducir la desconfianza ciudadana en la institución, que volvió a caer en
el 2021. Solo cuatro de cada diez ciudadanos confían en el Poder Judicial.
Finalmente, se utilizan herramientas de la ciencia de datos para conocer
en detalle el trabajo de la Sala Constitucional, lo cual permitió el
procesamiento de más de cuatrocientas mil sentencias.
Estas herramientas tienen un enorme potencial para la organización de la
jurisprudencia y utilidad para las personas a fin de que conozcan los
antecedentes y encuadren mejor sus casos.
Dominios
reservados
Después de sortear la compleja coyuntura de la pandemia, el Poder
Judicial no consiguió avanzar en la resolución de dos problemas estructurales
señalados en el anterior informe, publicado en el 2020, lo que evidencia
fuertes resistencias políticas al cambio (lo que en el informe se llamó
“dominios reservados”).
En primer lugar, los procesos opacos de nombramiento de magistraturas de
la Corte Suprema de Justicia no garantizan la idoneidad de las personas
seleccionadas. En segundo lugar, no se consiguió desconcentrar las funciones
administrativas de los magistrados y las magistradas.
Mapa de ruta
La edición 2022 del Informe estado de la justicia incorporó
líneas de acción que fueron construidas colectivamente por personal judicial,
litigantes, investigadores y población usuaria. Los capítulos tienen
recomendaciones específicas de acuerdo con la evidencia encontrada en cada
tema.
Las sugerencias se desarrollan alrededor de asuntos como la necesidad de
mayor capacitación continua del personal y sectores que interactúan con la
justicia, la profundización de la justicia electrónica, la mayor desagregación
y actualización de estadísticas, entre otros.
El Poder Judicial enfrenta retos que debe asumir de formas novedosas,
como la brecha digital en la ampliación de la justicia electrónica, ejercer
como contrapeso de los poderes Ejecutivo y Legislativo cuando se tramitan
iniciativas que alteran el funcionamiento general del Estado costarricense,
todo ello sin descuidar los esfuerzos para solventar desafíos estructurales
históricos, tales como la mora judicial.
El valor agregado del informe es ofrecer una carta de navegación en
tiempos convulsos y apoyo para dar seguimiento a sus recomendaciones.
evelynvillarreal@estadonacion.or.cr
La autora es coordinadora del Informe estado de la justicia.
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El Poder Judicial no consiguió avanzar en la
resolución de dos problemas estructurales señalados en el anterior informe,
publicado en el 2020. (Rafael Pacheco Granados)