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Editorial: Transparencia en la elección del fiscal
general
22 de junio 2022, 7:57 PM
La elección del nuevo fiscal general está a la vuelta de la esquina.
Podría darse el lunes, aunque la fecha no es definitiva. Los magistrados
votarán cuando estimen propicio el momento y no han mostrado sentido de
urgencia porque la plaza en propiedad está vacante desde hace un año. La ocupa
como interino el fiscal Warner Molina, uno de los aspirantes al cargo.
La elección
de Emilia Navas Aparicio, jefa del Ministerio Público hasta mediados del año pasado, no
satisfizo las expectativas, pero dejó un valioso precedente de transparencia cuya preservación
es de enorme relevancia para la Corte Suprema de Justicia y la
institucionalidad del país. La exfiscala fue elegida mediante votación pública
de los magistrados.
Carlos Chinchilla Sandí, presidente de la Corte en aquel momento, elogió
la decisión de votar públicamente para dejar constancia de un proceso donde “no
hay nada oculto”. Nada debe haber oculto en esta oportunidad y no hay mejor
razón para consolidar la práctica de elegir a tan alto funcionario de cara a la
ciudadanía.
La escogencia
del fiscal general es una decisión de gran trascendencia. Al jefe del Ministerio Público le
corresponde diseñar la política de persecución criminal y adjudicar los
recursos para desarrollarla según las circunstancias. También tiene graves
responsabilidades en el esclarecimiento de asuntos penales relacionados con la
más alta jerarquía de los poderes públicos.
Precisamente, una de las razones esgrimidas por los defensores de la
elección secreta es la posibilidad de represalias contra magistrados con causas
pendientes en la Fiscalía. En el ejercicio de sus cargos, los altos jueces
están expuestos a ser denunciados, en ocasiones sin fundamento, y varios
figuran como investigados en la actualidad.
El mismo razonamiento han hecho algunos diputados para pretender el
secreto de los nombramientos encargados al Congreso por la Constitución
Política. En ningún caso es de recibo el argumento.
Hay medios para apartar a un funcionario de un caso cuando su
objetividad esté comprometida o haya apariencia de conflicto de intereses. Por
otra parte, la potestad de nombramiento conferida a magistrados y diputados
debe ser ejercida sin consideración de los intereses propios. Existe, además,
el principio de publicidad y rendición de cuentas propio del sistema
democrático y la Corte Suprema de Justicia debe ser la primera en transparentar
sus decisiones.
La situación se había planteado cuando la Corte Plena se aprestaba para
elegir a Emilia Navas. Antes de la votación, analizaron dos recursos planteados
por sindicatos del Poder Judicial para exigir la abstención de los magistrados
titulares porque contra ellos pesaban acusaciones. Tratándose de una elección y
no de un asunto propio de la función jurisdiccional, los magistrados no
encontraron razón para abstenerse. Por el contrario, la trascendencia del
nombramiento hacía deseable la participación de los titulares, explicó
Chinchilla, quien intentó excusarse de votar pero no pudo porque sus compañeros
rechazaron la gestión.
Con esos antecedentes, es difícil imaginar un cambio de rumbo para la
próxima elección. La Corte Plena hizo lo correcto cuando eligió a Navas sin
secretismo. Hacer lo contrario en esta oportunidad no tendría explicación.
En esas circunstancias, la erosión de la confianza se magnifica. En
ningún lugar es más grave la desconfianza que en el Poder Judicial. Los
magistrados deben tenerlo presente cuando decidan el modo de selección del
próximo fiscal general, especialmente después de los traspiés sufridos por la
Corte en tiempos recientes.
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La elección de Emilia Navas Aparicio, jefa del Ministerio Público hasta
mediados del año pasado, no satisfizo las expectativas, pero dejó un valioso
precedente de transparencia. (Rafael Murillo)