El magistrado
presidente de la Corte Plena, Fernando Cruz, manifestó que aún persisten muchas
"inquietudes" sobre la constitucionalidad de la Ley de Empleo
Público. (Imagen capturada de la transmisión oficial)
Poder Judicial empieza a enfrentarse a oleada de
problemas que implica la Ley de Empleo Público
Por Vinicio
Chacón | vinicio.chacon@ucr.ac.cr
8
abril, 2022
A pesar de
que aún persisten dudas sobre la constitucionalidad de la ley y de que será el
nuevo gobierno el que emita su reglamento, ya debe iniciar el estudio detallado
de las 409 clases en que se clasifican sus 13.133 puestos de trabajo.
Asugerencia de su Departamento de Gestión Humana, la Corte Plena decidió
crear una comisión que empiece a elaborar los estudios de tipos de puestos y
defina los parámetros salariales que exige la Ley Marco de Empleo Público.
Esa denominada comisión ampliada deberá ocuparse de definir cuáles
puestos dentro de la organización del Poder Judicial se abocan a tareas
exclusivas y excluyentes según el mandato constitucional de las tareas de la
institución, así como determinar la composición del nuevo salario global.
Estará integrada por una persona magistrada de cada una de las salas de
la Corte Suprema de Justicia, por representación del denominado ámbito auxiliar
de justicia, es decir, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación
Judicial (OIJ) y la Defensa Pública, así como del ámbito administrativo.
Esa decisión fue tomada a sugerencia de Roxana Arrieta, directora de
Gestión Humana quien presentó un informe sobre aspectos de la Ley de Empleo
Público y sus implicaciones en la gestión de personal en el Poder Judicial.
Arrieta recordó a las magistradas y magistrados que con esa ley la
rectoría del sistema general de empleo público está en manos del Ministerio de
Planificación (Mideplan), pero excluye a quienes desempeñan funciones
administrativas, profesionales o técnicas que sean “exclusivas y excluyentes”
para el ejercicio de las competencias constitucionales asignadas para cada
institución.
Reiteró que la Corte Plena tiene que definir cuáles son esos puestos
exclusivos y excluyentes, para lo cual requiere un estudio detallado de 409
clases que abarcan 13.133 puestos.“Muchas condiciones no están claras, el
reglamento no está, que es una debilidad y que nos obligará en algunos aspectos
a cierre de procesos”.
Cabe recordar que cuando el presidente Carlos Alvarado firmó la ley el
pasado 6 de marzo, la ministra de Planificación Pilar Garrido informó que la
emisión de su reglamento quedó como tarea para el siguiente gobierno, es decir,
la entrante administración Chaves.
Eso implica que se debe definir en cuáles aspectos “puede ir caminando
el Poder Judicial solito” a la espera de que el Mideplan “tome las acciones y
dé la guía correspondiente para la implementación del resto de la ley”.
“El grado de urgencia que tenemos en esta primera etapa es lo que
quisiera externar con mucha insistencia, porque los tiempos son muy cortos”,
aseveró la funcionaria.
En ese sentido recordó que el primer transitorio de la Ley da seis meses
para que el Poder ejecutivo emita su reglamento a partir de que entrara en
vigencia el nuevo cuerpo normativo, en marzo del año entrante. Pero, al mismo
tiempo, también a partir de la misma vigencia de la ley concede ocho meses para
contar ya con un sistema para el pago del salario único.
La potestad del nuevo gobierno
Antes de la intervención de Arrieta, al introducir el tema el magistrado
presidente Fernando Cruz destacó la importancia estratégica del informe que
estaba a punto de presentar el Departamento de Gestión Humana, “por las
imprecisiones de la Ley de Empleo Público”.
Sobre esa Ley recordó que “todavía hay cuestiones de constitucionalidad
no definidas por que la Sala (Constitucional) lo postergó” y por ello enfatizó
la necesidad de “establecer una estrategia o plan de acción para que en el
plazo de un año podamos dar respuesta a los complejos retos que nos da esta Ley
y su aplicación con dos regímenes salariales muy diferenciados”.
Recordó que esa norma implica que la Corte debe tomar decisiones para
determinar cuáles personas trabajadoras quedan “en manos del Poder Ejecutivo y
cuáles son genuinamente judiciales”.
“Desde Corte (Plena) vamos a definir cuáles son los funcionarios que ya
no van a estar bajo el control del Poder Judicial, sino que van a estar bajo el
control de la administración, no conozco en el derecho comparado algo parecido,
pero uno no deja de aprender”, expresó.
Luego de que Arrieta abogara por la urgencia de empezar el trabajo
cuanto antes y de que propusiera la creación de la comisión ampliada, la
magistrada Roxana Chacón tomó la palabra para recordar que unos dos años antes
de la pandemia se había definido establecer en el Poder Judicial el salario
global para las personas de primer ingreso y preguntó si el Departamento de
Gestión Humana ha avanzado en esa dirección.
Arrieta recordó que en efecto un informe al respecto fue presentado ante
Corte Plena, pero “en este momento la misma Ley exige que se use la metodología
de escala salarial que implementa Mideplan, no tenemos la libertad de buscar
una diferente”.
Informó que a estas alturas “no tenemos un avance en esa materia todavía
con la planificación de actividades que viene haciendo Mideplan”.
La magistrada Julia Varela se mostró preocupada por el avance que haya
en el Mideplan respecto de la elaboración del reglamento a la Ley de
Empleo Público, “por lo que estoy viendo, este atraso que puedan tener nos va a
afectar directamente a nosotros, parece que no podemos hacer nada antes de
tener esa reglamentación”.
Entonces Arrieta informó que tras una consulta hecha a Garrido, desde
ese Ministerio me indicaron que “no iban a iniciar con el reglamento, eso iba a
ser potestad del nuevo ministro o ministra”, por lo que el tema “va a depender
mucho de la visión del nuevo Presidente, de la visión del nuevo ministro, o le
ponen el acelerador y se gestiona rápido, o no”.
Cambio radical
Posteriormente, el magistrado Cruz aseveró que lo que espera al Poder
Judicial es un “cambio radical” y criticó el hecho de que con la imposición del
salario global “el afán no es que los funcionarios ganen mejor o ganen más
justo, es que sean más baratos. Entonces se determinó que el salario global más
bien iba a salir más caro, hay un periodo del tiempo en que el salario global
tenia un componente presupuestario muy fuerte. Eso lo resolvieron de una manera
un poco autoritaria en la ley: congelando salarios”.
Criticó la “finalidad muy fiscalista” de pretender fijar ese salario global
desde “el centro de la Administración” , lo cual calificó como un control político:
“en el trasfondo de esto está que la autoridad administrativa quiere tener
definición política de cuánto ganan los funcionarios”.
Luego Arrieta tomó de nuevo la palabra para explicar que la
implementación de la nueva escala de salario global no será exclusiva para las
personas de primer ingreso luego de que ente en vigencia la Ley.
Detalló que el transitorio 11 de esa norma detalló que quienes ganen
actualmente menos de lo que se fijaría con ese futuro salario global, “tendrán
oportunidad de llegar hasta el tope que tenga esa clase de puesto en la nueva
escala y ya ahí se tiene que trasladar inmediatamente al salario global”, y “a
la inversa”, si el salario compuesto actual sobrepasa el salario global, tendrá
que esperar hasta que el salario global lo alcance e inmediatamente
trasladarse.
Es decir, para quienes ganen más de lo que se fije para su puesto con la
entrada en vigencia de la Ley, su salari ono semoverá hasta que se equipar con
la nueva disposición.
“Hay que tomar previsiones a nivel de ambiente, de motivación, de
publicidad, de comunicación, muchas estrategias de comunicación para la
población judicial, porque va a estar estancada en salarios por bastante
tiempo”, aseveró.
Cruz entonces insistió en que “nos puntualiza una noticia que yo mencioné,
el congelamiento del salario. “Entonces -continuó- para la persona funcionaria
no hay inflación, porque hay un exceso que se paga y esa persona tiene que
llegar a a igualarse con el que está más abajo, es un aporte al derecho laboral
democrático”, dijo con indignada ironía.
En ese momento la magistrada Iris Rocío Rojas con alguna incredulidad
preguntó si ese congelamiento salarial incluye aún el costo de la vida. Arrieta
replicó “efectivamente, si su salario compuesto es superior a lo que determine
el salario global, no va a recibir ningún incremento ni por costo de vida,
tanto es así que quien dicta la existencia de incremento por costo de vida para
el sector público es la regla fiscal”.
Al final de la discusión la propuesta de crear la comisión ampliada fue
acogida por unanimidad.