Poder Judicial busca cómo auditar su propio Fondo de Pensiones, que ya ha colocado fondos en el exterior

 Por Vinicio Chacón | vinicio.chacon@ucr.ac.cr

 8 abril, 2022

Situación ya fue informada a la Supen, pero la Corte Plena decidió notificar también a la Contraloría. Mientras, la Sala Constitucional tiene pendiente una acción que cuestiona la existencia de la Junta Administradora de ese Fondo.

Los magistrados y magistradas de la Corte Plena tiene en sus manos la papa caliente de cómo auditar correctamente el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, pues desde finales de febrero la Dirección Jurídica de la institución les advirtió que ello no corresponde a la Auditoría Interna del Poder Judicial.

Así trascendió durante la sesión de ese cuerpo deliberativo del pasado lunes, cuando el director jurídico Rodrigo Campos presentó un informe con tres propuestas y opciones “no perfectas, no ideales” para que se pueda crear a la brevedad un órgano auditor.

Sin embargo la discusión giró repentinamente cuando la magistrada Iris Rocío Rojas planteó su preocupación ante el hecho de que la Junta Administradora de ese fondo ya ha colocado dinero en el exterior, que según recordó en medios de prensa se consignó que se trata de $22 millones.

Rojas pidió que se confirme si esa colocación de fondos ha generado resultados negativos y si la Junta Administradora está conformada por personas en condición de interinazgo.

La magistrada expresó que el tema “preocupa mucho, porque ya sabemos que una agenda del próximo gobierno es el régimen de pensiones”, por lo que “antes de tomar una decisión, deberíamos dar una alerta a la Contraloría General de la República (CGR)».

Insistió en que el Poder Judicial “tiene que hacer un traslado de riesgos a la CGR”, para que también conozca “la situación de la Junta, conformada por personal interino, ninguno titular”. Añadió que también se debería informar de la situación a la Superintendencia de Pensiones (Supen).

Informar a la CGR

Al introducir el tema en la discusión del orden de día, el magistrado presidente de la Corte Plena, Fernando Cruz, reconoció que “tiene alguna polémica sobre cuál incidencia puede tener la Corte sobre la Junta Administradora del Fondo”.

El Director Jurídico Rodrigo Campos recordó que ya la instancia que dirige así como la misma CGR han emitido criterios en el sentido de que “no resultaba procedente que la Auditoria Interna del Poder Judicial incorporara a la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones en ese universo auditable”.

Por ello la Corte Plena había solicitado a la Dirección Jurídica que valorara alternativas de solución a ese menudo problema.

Campos explicó que esas alternativas “no deben ser un mero traslado de personal” pues de acuerdo a la Ley General de Control Interno, debe constituirse un órgano especializado y particular.

Sin embargo, antes de presentar las opciones que encontró, subrayó con gravedad que “la competencia, la responsabilidad y la obligación de velar por la existencia de una auditoría en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones, es de la junta Administradora” y añadió que “no nos deja de preocupar que se esté haciendo un traslado del riesgo a esta Corte de una decisión que la Junta no ha adoptado por varios años y que de alguna forma obligue a esta Corte a adoptar medidas de solución que entendemos absolutamente necesarias pero que la Junta bien pudo haber adoptado inclusive desde 2018”.

Así, la primera de las alternativas que presentó consiste en gestionar licencias con goce de sueldo a personas trabajadoras de la administración activa o de la Auditoría, para que lleven a cabo un proyecto para implementar un sistema de control interno de la Junta y el órgano de auditoría interna de la misma.

La segunda opción es el traslado horizontal de personas trabajadoras, como un préstamo “entre comillas” de la administración activa o de la Contraloría, “para que la Junta implemente estas actividades y este proyecto”.

Finalmente, la tercera opción es que la Junta realice una modificación de presupuesto, con el fin de redireccionar recursos hacia la implementación de un órgano de control y la implementación de su sistema de control interno.

Añadió una cuarta alternativa que consiste en una “versión mixta” entre permisos con goce de salario y el movimiento presupuestario de la Junta para “hacer una contratación por servicios profesionales a un sujeto que coadyuve en la labor auditora”.

Luego de la presentación de Campos, la magistrada Rojas intervino con su mencionada preocupación, de la cual se hizo eco el magistrado Roberto Garita.

Posteriormente, la secretaria general de la Corte, Silvia Navarro recordó que desde finales de febrero la Corte Plena conoció el informe de la Dirección Jurídica en el sentido de que “el universo auditable con respecto al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial no era responsabilidad de la Auditoría del Poder Judicial”, y que ella lo hizo del conocimiento de Rocío Aguilar, Superintendente de Pensiones, mediante un oficio en marzo.

Sin embargo, la magistrada Rojas insistió en la necesidad de informar a la Contraloría, que “fue la que le impidió al Auditor del Poder Judicial continuar fiscalizando, hubo una prohibición expresa, pero esa prohibición se dio, en mi humilde opinión, puede que esté equivocada, sin conocer las circunstancias del Fondo, creo que hay que alertar a la Contraloría inclusive de la situación del Fondo: que están con suplentes, que está haciendo inversiones, que no hay fiscalización y que en razón de la orden que ella giró, tampoco la Auditoría está interviniendo”.

Entonces el magistrado Fernando Cruz informó que hace un par de semanas se dio una reunión entre la superintendente Aguilar y los miembros de la Junta.

De igual modo se procedió a votar la propuesta de la magistrada Rojas de comunicar la situación a la CGR.

Mientras se resolvían los usuales problemas técnicos o de alfabetismo digital de las personas magistradas y como si faltara más confusión en el drama, el magistrado presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, intervino e informó que ese tribunal tiene pendiente resolver acción “en que se cuestiona la existencia de la Junta de Pensiones”, por lo que en su criterio era mejor que las personas integrantes de esa Sala se abstuvieran de votar.

Al final, la Corte Plena acogió la propuesta de Rojas por 12 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones.