El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro,
advirtió que el proyecto de Empleo Público puede tener importantes
consecuencias para el Poder Judicial y la separación de poderes (Foto: Katya
Alvarado)
Fernando Cruz: Es peligroso que el Ejecutivo tenga incidencia en salario
de fiscales que persiguen casos de corrupción
Por Adrián Zúñiga Rivero | adrian.zunigarivero@ucr.ac.cr
9 febrero, 2022
El presidente
de la Corte Suprema de Justicia se refirió a los peligros de la aprobación del
proyecto de Ley Marco de Empleo Público en los términos actuales, debido a la
incidencia que podría tener sobre el Poder Judicial y la independencia de
poderes
De aprobarse el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) en los
términos actuales, el Poder Ejecutivo tendría una peligrosa incidencia en
funcionarios como fiscales o investigadores, que persiguen casos de corrupción,
crimen organizado, enriquecimiento ilícito y abuso de poder, explicó a
UNIVERSIDAD el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz
Castro.
Lo anterior, debido a que el Ejecutivo, a través del Ministerio de
Planificación (Mideplan), tendría incidencia sobre la fijación salarial y
evaluación del desempeño de los empleados judiciales que no sean jueces o
magistrados.
“Lo que hicieron fue atomizar el Poder Judicial, entonces decir: “Bueno,
Judicial es solo los jueces. Los fiscales; los defensores; los del Organismo de
Investigación Judicial (OIJ); no son parte del Poder Judicial”. Entonces hay
una cuestión clave o preocupante. Un ministerio de Planificación, de
nombramiento político, que depende absolutamente del presidente va a tener
dominio sobre los órganos encargados de perseguir la corrupción y el abuso de
poder, entonces el Poder Ejecutivo en un futuro va a tener la posibilidad de
incidir en los salarios fijados a fiscales. Eso tiene una incidencia peligrosa
frente al tema de la persecución de la corrupción, del abuso de poder y el
enriquecimiento ilícito. Yo creo que eso es un tema para meditar; la razón por
la que la Fiscalía fue ubicada dentro del Poder Judicial y se consideró órgano
judicial fue casualmente para separarla o dejarla fuera de la influencia del
Poder Ejecutivo”, comentó Cruz, también magistrado de la Sala Constitucional.
Para el presidente de la Corte, poniendo de pretexto motivos fiscales
“se está abriendo una puerta a un dominio del Poder Ejecutivo” sobre órganos
tan importantes como la Fiscalía y la Policía Judicial, que han sido los que
han llevado adelante la persecución, investigación y acusación en temas de corrupción,
crimen organizado, enriquecimiento ilícito y abuso de poder.
“Bajo la preocupación fiscal se incidió en la independencia judicial
determinando en materias que deben ser siempre del poder que corresponde. Si es
la evaluación de desempeño usted puede establecer reglas que deben de
cumplirse, no es que nadie quiera que no haya evaluación de desempeño. Y si
usted quiere establecer límites a salarios o determinaciones, determina
parámetros objetivos que sean conforme a la razonabilidad y proporcionalidad,
sin necesidad de convertir un órgano político como Planificación, dependiente
de la voluntad del presidente de la República, para que incida en los
funcionarios del Poder Judicial”, añadió el jerarca.
Nada tiene que ver el monto de los salarios
El magistrado aseguró que, si bien hay quienes sostienen que la
oposición del Poder Judicial al actual proyecto de Empleo Público es para
defender privilegios salariales, lo cierto es que la intención más bien es la
protección de la independencia de poderes: “El tema no es el monto de los
salarios, el tema es la incidencia política de un órgano del Poder Ejecutivo
sobre el Judicial”.
Además, comentó que “en general la doctrina y la jurisprudencia
internacional señala que al Poder Judicial le corresponde respecto a sus
funcionarios determinar el monto de sus salarios”.
Cruz aseveró que el tema de los salarios se pudo abordar de otra manera:
“Nadie está pensando que la Corte puede pagar salarios desorbitados,
tiene que ser conforme a las reglas de técnica, de razonabilidad y de
proporcionalidad. Se pudo haber establecido unas reglas abstractas sobre ese
tema, pero no darle la rectoría y el dominio a Planificación, un órgano
dependiente del presidente de la República para que incida en el interés de la
organización del Poder Judicial”.
Igualmente, en lo que respecta a la evaluación del desempeño de
funcionarios, el experto indicó, ante la pretensión de que el Ejecutivo incida
en la evaluación de fiscales, investigadores, entre otros, que; “Ahí es donde
uno se pregunta por qué razón se desconoce lo que se hizo desde tiempos de don
Daniel Oduber de sacar a la Fiscalía de la Procuraduría y el OIJ, porque se
determinó que genuinamente eran funciones judiciales, aunque no
jurisdiccionales”.
El presidente de la Corte Suprema indicó que en el Poder Judicial la
gran mayoría de los funcionarios tienen salarios razonables y justos, y explicó
que los salarios se fijan según criterios técnicos como la razonabilidad, las
reglas del mercado y la competitividad.
“No va a ser Planificación la que va a cambiar las reglas, pero si va a
tener Planificación una incidencia política que abre la puerta a una incidencia
más allá de lo que sería recomendable. Si ahora tenemos limitaciones por
presupuesto cuando tenemos que presentarlo al Parlamento y a Hacienda, pues
ahora va ser más porque vamos a tener un órgano que es un órgano político de
nombramiento del Poder Ejecutivo, dictando o incidiendo en temas que tienen que
ver con el Poder Judicial, como son empleados administrativos, fiscales,
investigadores, que no todos son investigadores rasos, sino que hay
investigadores que tienen un nivel alto y que son fundamentales en la
persecución. Esa pretensión de hacer una distinción dentro del Poder Judicial
no satisface, a mi juicio, el tema de la independencia judicial, que nadie está
defendiéndola para defender privilegios salariales; eso es una distorsión de
quienes objetan la posición del Poder Judicial”, apuntó el jurista.
Para Cruz, la posición del Poder Judicial se puede resumir en dos elementos:
El Poder Ejecutivo no puede dictar normas reglamentarias o decretos ejecutivos
que incidan en el Poder Judicial; y un órgano de nombramiento político no puede
tener incidencia en la administración interna del Poder Judicial.
Proyecto requerirá de 38 votos
A pesar de que la Sala IV indicó ante una consulta legislativa que el
proyecto no mantenía inconstitucionalidades en los puntos consultados por los
diputados, el magistrado explicó que probablemente el proyecto requerirá de 38
votos para ser aprobado, puesto que la Corte ya se pronunció sobre el mismo:
“Eso es, guardando distancias, como un tipo de veto sui géneris que
prevé la Constitución porque cuando se le consulta, el Poder Judicial da un
pronunciamiento bien fundado y señala que si incide en la organización y
funcionamiento”, dijo el jerarca.
Cruz explicó que lo anterior significa que, en aras de mantener el
equilibrio de poderes, los diputados requerirán de esos 38 votos para que el
proyecto se apruebe: “Como la Sala no dice que ese pronunciamiento de la Corte
es infundado o señala que no incide en la organización y funcionamiento, creo
que esa determinación de Corte se mantiene inalterable y que por esa razón se
va a requerir 38 votos”.
El dirigente del Poder Judicial manifestó se encuentra a la espera de
conocer el texto íntegro de la resolución de la Sala, para conocer por qué
razón se declaró inevacuable la consulta de la Corte: “Si me quedan muchas
dudas, porque el primer proyecto de empleo público, que la Sala dijo que tenía
42 inconstitucionalidades, la Asamblea lo retoma y deja muchas normas que en
esencia son las mismas que la Sala había dicho que eran contrarias a la
Constitución Política”.
Cruz añadió que, si la Sala admite “sin cortapisas” el último proyecto,
quedarían muchos problemas para el Poder Judicial, precisamente porque habría
un régimen salarial para jueces y magistrados y otro régimen en control de
Planificación, para los funcionarios restantes: “Es decir, que la esencia de lo
que se había dicho que era inconstitucional, que no podía haber un ministerio
que fuera órgano rector de la instancia judicial se mantiene incólume”.
Finalmente, el presidente de la Corte quiso destacar que en su
experiencia ha quedado sorprendido muy favorablemente por el andamiaje y
cultura de planificación que ya existe en el Poder Judicial:
“A veces las personas que creen que el Poder Judicial es solo jueces y
fiscales resolviendo. No. Hay una estructura de planificación, de gestión
humana que también determina objetivos, metas, indicadores y que establece
metodologías. Así que no es que nosotros ahora vamos a saber de planificación
con la rectoría de Planificación. No, ya la planificación la tenemos hace
tiempos”.