Sala IV da luz verde a plan de empleo público
En voto de
mayoría, la Sala Constitucional determinó que el expediente no contiene errores
en el procedimiento, ni por el fondo
Por Aarón Sequeira8 de febrero
2022, 5:36 PM
El proyecto de Ley Marco de Empleo Público no contiene vicios de
inconstitucionalidad, ni por el trámite legislativo ni por el fondo, según
resolvieron este martes los magistrados de la Sala IV. Con esta resolución, los
diputados tienen luz verde para convertir en ley el plan que introducirá
el esquema salario global en todo el sector público, en lugar del
sistema de pluses, y que le pondrá límites a la negociación de convenciones
colectivas.
Por mayoría, los magistrados declararon “inevacuables” las consultas
planteadas por la Corte Suprema de Justicia y por un grupo de 20 congresistas. Únicamente, entraron a analizar la gestión hecha
por otro grupo de 13 legisladores que pidieron declarar inconstitucional la
votación en primer debate, 7 de diciembre, donde fue aprobada por 36 votos
contra 8.
Se trata de legisladores de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC),
Frente Amplio (FA), Integración Nacional (PIN), Restauración Nacional (PRN) y varios
independientes. No obstante, los jueces descartaron las transgresiones alegadas
por este grupo.
Los 13 congresistas esgrimieron un argumento de José María Villalta, del
FA, según el cual el
proyecto no podía aprobarse porque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se
opuso a este y, seis meses antes y cuatro después de las elecciones, el
Congreso no puede tramitar proyectos de materia electoral contra los cuales se
haya pronunciado el TSE, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución.
Al respecto, el criterio de los magistrados es que el proyecto de empleo
público no afecta, de forma sustancial, las funciones asignadas al Tribunal de
Elecciones.
“Tampoco versa manifiestamente sobre materias electorales, por lo que
son inaplicables las restricciones establecidas en el artículo 97 de la
Constitución Política”, explicó el Tribunal Constitucional.
Trámite legislativo en limpio
Los 13 diputados también alegaron que se violentó el principio de
publicidad en el trámite de mociones del proyecto, en la Comisión de Consultas
de Constitucionalidad del Congreso, cuando el texto fue adaptado a la primera resolución de la
Sala IV del
31 de julio.
“No se constató alguna lesión a los derechos de enmienda y de
participación democrática”, resolvió la Sala Constitucional sobre ese argumento
impulsado por el diputado Pedro Muñoz, del PUSC.
Es más, la magistrada Anamari Garro negó que esa comisión permanente se
haya extralimitado en el trámite de la iniciativa, desde el punto de vista
constitucional.
En tercer lugar, la Sala rechazó el argumento de los 13 diputados de que
se lesionaron los derechos de enmienda y participación democrática en el
proceso de discusión del proyecto.
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En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, esta había alegado que el
proyecto sometería a los otros poderes del Estado a la rectoría del empleo
público que se le da al Ministerio de Planificación y Política Económica
(Mideplán).
En su consulta, la Corte Plena argumentó que, si bien la nueva versión del proyecto establece que las instituciones con
independencia o autonomía definirán el salario global de sus funcionarios de
categorías exclusivas, el Poder Ejecutivo sí podría regular lo relativo a los
puestos comunes para todo el sector público, como choferes u oficinistas,
mediante la rectoría. No obstante, la gestión de la Corte Plena fue rechazada
de plano.
En cuanto al otro grupo de 20 diputados, este solicitó aclarar si la
iniciativa requiere de la aprobación de 38 legisladores en segundo debate, pero
su gestión también fue declarada inevacuable.
En esta resolución, la Sala estuvo conformada por Fernando Castillo,
como presidente; Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya, Anamari Garro,
así como los suplentes Ana María Picado y Jorge Isaac Solano.
Castillo, Rueda, Salazar, Araya y Solano coincidieron en la ausencia de
inconstitucionalidades en el proyecto, mientras que Garro y Picado sí
consideran que varios de los artículos resultan contrarios a la Constitución
Política.
Diputados celebran fallo
La presidenta del Congreso, Silvia Hernández, destacó que el
por tanto del tribunal constitucional permite determinar que el expediente
legislativo no tiene problemas ni vicios en el procedimiento, ni excesos por
parte de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.
“Todo apunta a que podemos proceder con el trámite de este expediente,
en segundo debate, una vez que la Sala envíe el fallo integral”, indicó
Hernández.
La liberacionista considera que se requiere la opinión consultiva
completa para conocer todos los detalles y aclarar si se requieren 38 votos
(mayoría calificada) para la aprobación en el segundo debate o si se puede
proceder por mayoría simple (29 votos).
Eduardo Cruickshank, jefe de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), celebró la
resolución de los magistrados y lo calificó como sumamente positivo. “Es un
proyecto que se requiere para avanzar en la agenda de ajuste fiscal y que se
puedan continuar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.
El restauracionista también destacó que esperaba el tamiz de la Sala
Constitucional, porque él integra la Comisión de Consultas de
Constitucionalidad que ajustó el texto a las observaciones que hizo con
anterioridad ese alto tribunal.
“Recibo con satisfacción que hayan avalado lo actuado por la mayoría de
los miembros de esa comisión”, indicó Cruickshank, y manifestó que espera lo
más pronto posible la resolución completa.
La jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido,
explicó que la decisión de la Sala IV permite avanzar prontamente en una
iniciativa “de altísima importancia para atender los disparadores del gasto
público, sin vulnerar ningún derecho laboral y generando garantías y
condiciones dignas para las personas trabajadoras”.
Guido cree que el proyecto también permitirá asegurar un servicio de
calidad a las personas usuarias de los servicios públicos, quienes “merecen el
mejor servicio posible”.
La oficialista apuntó que, si bien la tramitación del proyecto ha sido
muy difícil, se ha cuidado el procedimiento. “Son normas valientes, necesarias
y transformadoras que Costa Rica verá pronto convertidas en ley”, dijo.
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