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Acusación contra el presidente llega a la Corte

Sala Tercera deberá rendir informe por caso UPAD

Una persona sentado en un escritorio

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La acusación de la Fiscalía General de la República contra el presidente Carlos Alvarado ya llegó a la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia.

La acusación de la Fiscalía General de la República contra el presidente Carlos Alvarado y el diputado Víctor Morales Mora ya llegó a la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia.
Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público ante una consulta de DIARIO EXTRA. El expediente se remitió el 23 de febrero, según manifestaron.
“Esta gestión no se había realizado antes, ya que se estaba dentro del plazo para las presentaciones de las querellas y acciones civiles resarcitorias, por lo que, una vez que se contó con estas, se procedió a dar traslado del expediente”, indica la respuesta.
Informaron que ahora le corresponde a la Sala Tercera de la Corte continuar con el trámite respectivo. Esto implica nombrar un magistrado instructor del caso.
La Sala Pena está conformada por los magistrados Jesús Ramírez Quirós, Sandra Zúñiga Morales, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Álvaro Burgos Mata.
Como magistrados suplentes figuran Rafael Segura Bonilla, Cynthia Dumani Stradtmann, Miguel E. Fernández Calvo, William Serrano Baby y Rosa María Acón Ng.
El procedimiento establecido en el Código Procesal Penal indica que la Sala Tercera designará a uno de sus miembros para conocer las solicitudes del Ministerio Público que requieran orden jurisdiccional, cuando estas no puedan esperar el levantamiento del fuero.
La Fiscalía General de la República acusa al presidente por los delitos de prevaricato, en concurso ideal con un delito de fraude de ley y subsidiariamente con un delito de abuso de autoridad.
Según el Ministerio Público, con pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos, tanto Alvarado como Morales Mora suscribieron el Decreto Ejecutivo 41996-MP-MIDEPLAN, del que nació la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El fiscal general a.i., Warner Molina, solicita que se ordene el traslado del caso a la Asamblea Legislativa para que se dicte el levantamiento de la inmunidad de los acusados, según consta en el expediente 22-00006-033-PE.

PERIODISTA: María Siu Lanzas

 

CRÉDITOS: Foto: Archivo

 

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Viernes 25 Febrero, 2022

 

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