Angie Calderón Chaves, Encargada a.i. de la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial.

El Poder Judicial obtuvo el primer lugar en el Sector Seguridad Ciudadana y el tercer lugar general en el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA) 2021, reconocimientos que destacan los esfuerzos de la institución en el respeto a los derechos y la adecuada atención de las personas de este segmento de la población.

Dichos galardones son otorgados por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y se basan en un estudio que evalúo 103 instituciones públicas, 46 municipalidades y 10 colegios profesionales, de los cuales solo cuatro instituciones y una municipalidad superaron la nota de 601 a 800 que las cataloga como excelentes, en las que destaca el Poder Judicial.

Es por esta razón, que para esta edición de la sección “La Entrevista”, conversamos con Angie Calderón Chaves, encargada a.i. de la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, quien nos habla de la importancia de estos reconocimientos y el trabajo que se hace desde este Poder de la República en la atención de este sector de la población.

¿Qué representan estos galardones otorgados por el CONAPDIS?

Este es un reconocimiento muy importante para la institución, y en consecuencia para la Unidad y la Comisión de Acceso a la Justicia, instancias que bajo el liderazgo y dirección del Magistrado Jorge Olaso Álvarez, han asumido con gran compromiso el desarrollo de muy diversas acciones en materia de política pública para garantizar a las distintas poblaciones en condición de vulnerabilidad un efectivo acceso a la justicia.

Son muchos los esfuerzos que se han venido desarrollando por años con la colaboración de muchas instancias internas, y por supuesto que, con la colaboración y acompañamiento de otras instituciones gubernamentales, no gubernamentales, y personas de la sociedad civil, quienes también hacen posible este reconocimiento, el cual no es más que, el resultado de ese compromiso articulado intra e interinstitucional, para garantizar a las personas usuarias en situación de vulnerabilidad y particularmente para las personas con discapacidad, una solución ágil y eficiente en razón de los servicios judiciales que demandan, y sobre los cuales priva el respeto de sus derechos fundamentales.

¿Cuáles son las principales fortalezas que llevan al Poder Judicial a alcanzar estos resultados?

El compromiso por parte de todos los actores internos, desde la más alta jerarquía, que tienen claro la misión y la visión institucional, y la gran responsabilidad que nos involucra, para brindar cada día el mejor servicio posible, en beneficio de quienes más lo necesitan.

En este punto tienen una labor preponderante, quienes lideran la Comisión y las diferentes Subcomisiones de Acceso a la Justicia; quienes han asumido con compromiso y han hecho propias las necesidades de todas estas poblaciones.

¿Cuáles son los esfuerzos en líneas generales que realiza la institución en materias como la accesibilidad en los espacios físicos, en los sitios web, la promoción y divulgación de derechos de las personas con discapacidad, entre otros?

En cumplimiento de la Ley 7600 y particularmente en cumplimiento del Capítulo VIII que se adicionó a esta Ley, la institución tiene retos y compromisos importantes para garantizar el derecho a la igualdad de acceso a la justicia. La institución como principal responsable en cumplimiento de este capítulo que se adicionó debe ofrecer los ajustes razonables y las adecuaciones procedimentales que faciliten la autonomía y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia para las personas con discapacidad como participantes directas e indirectas.

• En tema de infraestructura, se vela para que en todos los edificios propios o alquilados se cumpla con la accesibilidad requerida, como lo son las rampas, estacionamientos, ascensores, servicios sanitarios, rotulación, pasamanos, mobiliario, iluminación, puertas abatibles, entre muchos otros.
• Se desarrollan acciones para garantizar la accesibilidad de los sitios Web de la institución, así como de los diferentes servicios que se brindan en línea, en formas y formatos accesibles, aumentativos y alternativos que faciliten la comprensión del acto judicial.
• En capacitación se hacen esfuerzos importantes, en coordinación con la Escuela Judicial y con las diferentes Unidades de Capacitación. Existe una amplia oferta formativa sobre las diferentes poblaciones en condición de vulnerabilidad y al servicio de la población judicial, en busca de brindar una asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada.
• Las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a contar con una persona intérprete de lengua de señas (lesco); en esta línea se ha venido capacitando también por años al personal judicial.
• Se cuenta con un inventario importante de ayudas técnicas, disponibles en los diferentes circuitos judiciales (sillas de ruedas, muletas, equipo tecnológico accesible, Jaws, lupas, rotulación en braile, guías que facilitan la firma de documentos, binoculares de lectura, entre otros.).
• Finalmente, se realiza una importante labor de comunicación y divulgación sobre los derechos de las personas con discapacidad, tanto en medios internos como externos.

¿Cuál es el estado de la empleabilidad de las personas con discapacidad en el Poder Judicial?

Desde la Dirección de Gestión Humana, se han realizado esfuerzos importantes para cumplir con la legislación vigente, en busca de aplicar la reserva del 5% de las plazas para personas en situación de discapacidad, adaptando el proceso de reclutamiento y selección de personal a las necesidades particulares de esta población. Actualmente dicha Dirección se encuentra trabajando en un concurso exclusivo para Personas con Discapacidad “concurso CN-04-17”, con fundamento en la Convención de los derechos de las personas con discapacidad y de la Convención de Antigua Guatemala y de conformidad con las leyes 8862 y 7600. El período de inscripción ya finalizó, sin embargo; con motivo de la emergencia sanitaria actual se tiene pendiente finalizar la aplicación de pruebas. Asimismo, en los ámbitos Auxiliar de Justicia y Jurisdiccional, se vienen también desarrollando acciones significativas para realizar los ajustes razonables conforme lo establece la legislación, siendo que las personas con alguna situación de discapacidad encuentren procesos adaptados a sus particularidades.

No omito indicar que desde la Comisión de Acceso a la Justicia y la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad, en su orden, coordinadas por el Magistrado Jorge Olaso Álvarez y por la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, se hace una importante labor de seguimiento, además de colaborar y apoyar en lo que sea necesario; y fungir como enlace, con instituciones como el CONAPDIS ente rector en la materia, quienes nos brindan también sin lugar a duda un valioso acompañamiento.

No debe olvidarse que se cuenta con una Comisión de Empleabilidad, liderada desde la Dirección de Gestión Humana, y a su vez con una “Política de Igualdad en los servicios de Gestión Humana del Poder Judicial”, esta última recién inició un proceso de actualización, tomando como referencia el Modelo de Construcción de Políticas Institucionales y la Metodología de Administración de Proyectos.

¿Qué acciones se realizan para fomentar la no discriminación y el respeto por los derechos reales de toda la población a lo interno de la institución?

Es esencial tener siempre como referencia las Cien Reglas de Brasilia, actualizadas mediante Circular 173-2019, este es un instrumento normativo base, a partir del cual se establecieron los diferentes grupos de trabajo o Subcomisiones de Acceso a la Justicia, para el desarrollo de acciones que tutelaran los derechos de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, sin dejar de considerar por supuesto, la legislación y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, que marcan también nuestro accionar. Asimismo, se cuenta con una política institucional, que justo en este momento pasa por un proceso de actualización, “Política de Equiparación de Oportunidades y de Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad y su Plan de Acción”.

Los procesos de capacitación, sensibilización e información por ejemplo, son primordiales; en estas actividades se busca facilitar a la población judicial de las herramientas y del conocimiento necesario para que puedan brindar un servicio de calidad y sin discriminación, de manera que se vayan disminuyendo las barreras actitudinales y del entorno, que puedan evitar de una u otra manera la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad y en igualdad de condiciones que las demás. Adicionalmente, la formulación y evaluación de normas, planes, programas y proyectos a nivel institucional permiten dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad; como ejemplo, podemos mencionar el concurso de buenas de prácticas realizado el año anterior, en donde muchas oficinas judiciales se hicieron merecedoras de un reconocimiento por la implementación de buenas prácticas en favor de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Esto nos demuestra el compromiso que se tiene, y que las acciones realizadas desde la Comisión, la Subcomisión y la Unidad han surtido efectos positivos.

¿Cómo mantener estos estándares de servicio para a futuro seguir en esa línea y mejorar en la atención de este grupo de la población?

Para mantener este estándar se requiere como hasta ahora, del compromiso desde la más alta jerarquía y de toda la población judicial de los diferentes ámbitos, para seguir generando acciones afirmativas en materia de política pública que tutelen los derechos fundamentales de las personas con discapacidad; y la necesidad de mantener también la coordinación interinstitucional con instituciones como el CONAPDIS, y por supuesto que, buscar y fortalecer los canales de comunicación y coordinación con las personas de la sociedad civil, personas con discapacidad, quienes sin duda alguna enriquecen la labor que se realiza en la institución, a partir de sus valiosos aportes.