En la Facultad de Derecho estudiamos el proceso penal desde varios puntos de vista, entre otros, como instrumento de sanción social para promover el respeto a las normas establecidas en la sociedad y como elemento ejemplarizante con el propósito de que disminuyan los delitos.

Pero siempre basado en principios universales: presunción de inocencia, debido proceso, inmediatez de la prueba y, el contenido en los demás, justicia pronta y cumplida.

Vale la pena comentar cómo se encuentra en la actualidad el proceso penal costarricense, casualmente, si se toman en cuenta los principios generales, máxime en un momento en que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide disminuir detenciones debido a la saturación de las cárceles.

Si se estudia desde cualquier óptica nuestro proceso penal, veremos que queda en deuda con la sociedad, las víctimas y los acusados, sean estos culpables o inocentes.

La Reforma. (Jorge Castillo)

También para los imputados, pues, si son inocentes, son sometidos a una de las peores penas, la «de banquillo», que los condena a sufrir una condición de acusado que afecta su vida y la de sus familias, para terminar, siendo declarados inocentes. Lo mismo les pasa a los culpables, porque también merecen justicia pronta, especialmente si cumplen prisión preventiva.

Por otra parte, el alargamiento de los procesos perjudica hasta al más versado de los testigos, quienes al declarar tanto tiempo después corren el riesgo de omitir detalles fundamentales para establecer la verdad real de los hechos, fundamental para la administración de justicia.

Por esa razón, es urgente una reforma procesal con vistas a superar los problemas actuales. Otros países lo han logrado y, para ello, podemos recurrir al derecho comparado, para ser congruentes con Ulpiano, «justicia es el hábito de dar a cada quien lo suyo».

nmarin@alvarezymarin.com

La autora es politóloga.