Sala IV rechaza acción contra decreto que obliga a
funcionarios públicos a vacunarse contra la covid-19
Magistrados
no atendieron alegatos de abogados al determinar que medida pretende garantizar
derecho a la salud a nivel colectivo
Por Patricia Recio6 de enero
2022, 11:51 AM
La Sala Constitucional rechazó una acción de inconstitucionalidad contra
el decreto presidencial que
obliga a los funcionarios públicos a vacunarse contra la covid-19. Este es el
primer recurso de este tipo que los magistrados rechazan por el fondo, tras
concluir que la medida dispuesta por el Ejecutivo pretende garantizar el
derecho a la salud a nivel colectivo.
El accionante es un abogado de apellidos Hernández Mussio, quien
argumentó que el decreto lesiona los “principios de igualdad, autodeterminación
informativa y reserva de ley”, entre otros, así como el derecho al
consentimiento informado.
Sin embargo, todos esos alegatos no fueron atendidos por los magistrados
con base en la jurisprudencia del mismo tribunal, donde se ha determinado la
importancia de la vacunación “como parte de la asistencia sanitaria esencial
que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho
fundamental a la salud de todas las personas y, en segundo lugar, que el
resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un
fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la
obligatoriedad de las vacunas (…)”.
La Sala también recalcó que no existe una vulneración al principio de
reserva de ley, pues la obligatoriedad de aplicarse la vacuna contra la
covid-19 fue definida por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología
(CNVE), adscrita al Ministerio de Salud, de conformidad con las potestades
otorgadas por la Ley Nacional de Vacunación.
Asimismo, en relación con la autodeterminación informativa, los
magistrados destacaron que aun cuando la vacunación resulte obligatoria para
aquellos casos en que no esté médicamente contraindicada, debe brindarse la
información necesaria a la persona, a los efectos de resguardar previamente su
vida y salud.
[ Vacunación contra covid-19 será obligatoria para
empleados públicos ]
“Para ello existen otras disposiciones que complementan el decreto
impugnado en relación con el deber de brindar la información suficiente y
adecuada de previo a la vacunación; así como normativa especial que ordena el
resguardo de los datos privados de las personas, la cual debe ser garantizada
por organismos públicos o privados”, cita el documento enviado por la Sala.
Aunque esta no es la primera vez que un ciudadano acude a la Sala para
oponerse a la obligatoriedad de la vacuna, sí es la primera ocasión en que los
magistrados resuelven rechazar una acción por el fondo.
[ Sala IV confirma constitucionalidad de vacunación
obligatoria contra covid-19 ]
El decreto que estableció la obligatoriedad de la inmunización para los
servidores públicos, se publicó el 15 de octubre del año anterior. Esa
normativa indicó también que los patronos del sector privado podrían incorporar
dentro de sus disposiciones internas dicha protección como un requisito.
En ese momento, se anunció que los trabajadores que rechazaran las dosis
serían sometidos a campañas de sensibilización para que cambien de parecer,
pero de mantener la negativa, se exponen a un despido o a una multa de ¢462.000, en el sector privado, mientras que los empleados
estatales además podrían encarar una denuncia por incumplimiento de normativa y
medidas sanitarias ante el Ministerio Público.
Asimismo, los patronos deberían dar un plazo para que los empleados
completaran sus esquemas de vacunación e informar con antelación las posibles
sanciones.
La única justificación para no aplicarse la vacuna es presentar una
contraindicación médica debidamente certificada.
El decreto que obliga a los funcionarios públicos a
vacunarse rige desde octubre del año pasado.