Este jueves 9
de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción.
Gobierno asignó ₡2.900 millones al Poder Judicial
para combatir el crimen organizado en 2022
Por Adrián Zúñiga Rivero | adrian.zunigarivero@ucr.ac.cr
9
diciembre, 2021
Así lo
anunció el presidente de la República, Carlos Alvarado, en el acto de
presentación de varios proyectos de ley para combatir la corrupción, el crimen
organizado y la legitimación de capitales
El Poder Judicial contará, a partir del año siguiente, con ₡2.900
millones dirigidos a la lucha contra el crimen organizado, anunció esta mañana
el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en un acto organizado en
conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, donde se presentaron
varias iniciativas de ley orientadas en esta misma batalla.
“El país hizo un esfuerzo para asignar ₡2.900 millones al Poder
Judicial; para darle las herramientas oportunas y que pueda todavía hacer más
en la lucha contra el crimen organizado. Esto corresponderá a más de 400 plazas
de distintos perfiles para dar vida a esta jurisdicción especializada que lo
que esperamos es, nos ayude a golpear al crimen organizado”, dijo Alvarado.
Además, se incorporarán recursos para que el Poder Judicial pueda
adquirir un incinerador de drogas, ya que el país actualmente no cuenta con
uno: “Cada vez que tenemos grandes incautaciones que han sido récord de
manera consecutiva, necesitamos recurrir a países amigos para poder quemar las
toneladas de droga que se incautan”, dijo el mandatario.
Proyectos de ley para combatir crimen organizado
En la actividad, se realizó la presentación de seis iniciativas,
elaboradas en conjunto por los Poderes de la República, para combatir la
corrupción, la legitimación de capitales y el crimen organizado.
Al respecto, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, explicó
que, entre todos los desafíos que enfrenta el país, para nadie es ajeno el
“temor colectivo” que tiene la sociedad respecto al crimen organizado.
“Hemos encontrado la necesidad de revisar nuestros marcos legales y
tratar de buscar las mejores formas de corregir cualquier vacío que tenga
nuestra legislación para poder subsanarlo”, dijo la ministra.
Entre los proyectos, prosiguió Dinarte, se está presentando una
iniciativa para reforzar la política “Conozca a su cliente”, de modo que se
mejoren las capacidades de perfilamiento de los clientes, especialmente en la
batalla contra el lavado de capitales.
Asimismo, “se están planteando mejoras para la supervisión y la
regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales, incorporando
desde ya su obligatoriedad de registro en la Superintendencia General de
Entidades Financieras (Sugef).
La jerarca explicó que otra iniciativa es el reforzamiento de “las
diligencias que corresponden a las personas expuestas políticamente”, en aras
de conocer el origen de sus recursos y las relaciones comerciales que puedan
ser sospechosas.
Igualmente, otras reformas planteadas tienen que ver con la recuperación
de activos por la vía contenciosa administrativa, así como el fortalecimiento
de herramientas para asegurar el material probatorio de los procesos de
investigación.
“Estamos hoy presentando ante la Asamblea Legislativa seis proyectos de
ley que son vitales, que pueden ser no solo estudiados y analizados con toda
diligencia, sino que rápidamente podamos darle al Estado las capacidades para
poder actuar y dar una lucha frontal al crimen organizado”, dijo la jerarca.
En el evento también participó el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Fernando Cruz, quien aseveró que la democracia e institucionalidad
costarricense se fortalecen con buenas prácticas, tendientes a regular la
prevención, identificación y la debida gestión de cualquier acto de corrupción.
“El reto es muy grande porque el diseño de todas estas herramientas
jurídicas requiere un equilibrio entre las garantías individuales, la celeridad
y la eficacia en la persecución de la corrupción, son muchos factores”, añadió
Cruz.
En la actividad también participó la presidenta del Tribunal Supremo de
Elecciones (TSE), Eugenia Zamora; la ministra de Justicia y Paz, Fiorella
Salazar; entre otras figuras políticas de alto nivel.